En ese magma de confusión en el que nos movemos de un tiempo a esta parte, defender las cuotas está bien visto, pertenece al ámbito de lo políticamente correcto; es más, pasa por ser un signo de progresismo. Incluso se ha denominado ley de la igualdad a lo que no es más que una norma […]
En ese magma de confusión en el que nos movemos de un tiempo a esta parte, defender las cuotas está bien visto, pertenece al ámbito de lo políticamente correcto; es más, pasa por ser un signo de progresismo. Incluso se ha denominado ley de la igualdad a lo que no es más que una norma discriminatoria, porque discriminación supone obligar a que un candidato tenga que ser preferido a otro, no por su capacidad y su valía, sino por pertenecer a un género determinado.
Pero la manía de las cuotas va mucho más allá que la discriminación de género. Últimamente parece que vamos a trocear las instituciones en función de no se sabe cuántas variables. No sólo es que haya habido que rizar el rizo para lograr en el Consejo de Ministros la paridad entre hombres y mujeres, sino que, al menos en algunas carteras, el nombramiento está condicionado por la región a la que pertenece el candidato. Sin ir más lejos, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por lo visto, está reservado a los catalanes.
El asunto no es baladí porque los ministros deberían representar y servir por igual a todos los españoles y, dado el origen y el motivo del nombramiento de alguno, no resulta disparatado sospechar que su actuación va a estar sesgada a favor de su Comunidad. A lo largo de estos dos años, a Montilla, más que como un ministro de España, se le ha visto como un embajador de Cataluña en el Gobierno central. Y todo apunta a que la situación se repetirá con Clos.
Claro que peor es inventarse y crear cargos inútiles o repetidos con la sola intención de solucionar un problema partidista o de imagen. El PP lo hizo con el asunto del Prestige creando un comisario para nada. El PSOE le ha imitado a propósito de las víctimas del terrorismo. En ambos casos, el puesto resultaba innecesario y vacío de contenido, puesto que los respectivos ministerios contaban ya con estructuras apropiadas para atender el problema si se quería. El tiempo lo ha demostrado. Ahora es peor: se crea una Secretaría de Estado con el único objetivo de convertirse en el premio de consolación de una precandidata a la Comunidad de Madrid a la que no se considera apta. Por lo que parece, la Administración es el cortijo de las fuerzas políticas o el botín del ganador.
Las cuotas llegan también al presupuesto y a los dineros. El nuevo Estatuto de Cataluña establece que la inversión pública en esta Autonomía debe representar sobre el total el mismo porcentaje que su PIB representa sobre el de España. Ante este estado de cosas, resulta difícil hablar de solidaridad interterritorial e incluso de Estado.
Una gran parte del gasto público (si prescindimos de las pensiones, la mayoría) está hoy en manos de las Comunidades Autónomas, hasta el punto de que, con razón, el secretario general de CCOO ha hablado de que el Estado se queda raquítico y ha puesto para demostrarlo un ejemplo bastante ilustrativo: según el proyecto de presupuesto para el año 2007, la partida de educación aumenta el 27%, pero este incremento es tan sólo sobre los 1.800 millones que maneja el Gobierno central, cuando el gasto en toda España por este concepto se eleva a 40.000 millones. Pero, por lo visto, esto no basta y ahora se pretende que el escaso gasto público que permanece en la Administración central se asigne no en función de las necesidades sino de la región o de las Comunidades.
Como era de esperar, las otras Comunidades no han permanecido calladas. Especialmente las ricas han dicho que ellas no pueden ser menos y que quieren que se les aplique el mismo sistema que en Cataluña. Tiene gracia la contestación del vicepresidente económico: «No puede ser porque no está previsto legalmente». Pues que se prevea, gritan las Autonomías damnificadas.
Lo cierto es que el criterio del PIB sólo beneficia a las Comunidades ricas. Otras, como Andalucía y Castilla-León, se inclinan, a la hora de repartir la inversión, por los criterios de población y extensión territorial, respectivamente. Cada una escoge el criterio que más le conviene. Total, que hay que repartir cien y la suma de las cuotas va a ser ciento cincuenta. El milagro de los panes y los peces.