Pronto se cumplirán 25 años de la misteriosa e irresoluta desaparición de Santiago Corella, alias El Nani, y todavía, en sombríos calabozos de comisarías y vetustos penales españoles, se sigue practicando la tortura. Eso advierte la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) en un informe presentado en mayo pasado del que se desprende que las denuncias por maltratos policiales y abusos en prisiones se han duplicado en Alicante en cinco años, entre 2001 y 2006.
De nueve casos y catorce perjudicados se ha pasado a 17 y 32, respectivamente. De hecho, esta provincia y Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga «acaparan más del 50% de las denuncias conocidas». Los datos de Alicante a los que ha tenido acceso este diario son ciertamente alarmantes. El pasado año fue el de mayor número de víctimas (32) de la secuencia histórica elaborada por la CPT. En el 2003 y el 2004 se dieron más denuncias, 16 y 19, pero los perjudicados fueron 18 y 21 respectivamente.
La Coordinadora, que agrupa a medio centenar de asociaciones y movimientos sociales, elabora esta estadística a partir de la información recabada por abogados y medios de comunicación, fundamentalmente.
«Las denuncias son muchas más, pero sólo recogemos las que conocemos y tenemos contrastadas, aunque luego los jueces las archiven, cosa que, por desgracia, es habitual», asegura su portavoz, Jorge del Cura.
La CPT tiene documentadas 610 denuncias presentadas el pasado año en toda España por torturas y maltratos a personas privadas de libertad. En esta categoría entran los presos y los detenidos, pero también los menores o los inmigrantes recluidos en centros que se hallan bajo custodia de las autoridades.
Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han dado ya palos contundentes este año al Gobierno español por este motivo. Así, Amnistía Internacional ha criticado al Estado español por la «pervivencia de la tortura y la falta de investigación» de los casos registrados.
En junio, también el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa, fue «bastante crítico porque España sigue sin aplicar los mecanismos para prevenirla», señala del Cura.
Este organismo, que tiene pendiente una visita a Madrid para 2007, denuncia la existencia de la «prisión incomunicada» y ha detectado «errores» en la asistencia de letrados y médicos a los detenidos en esta situación, que están acusados de terrorismo.
Además, Human Rights World ha puesto el acento sobre los maltratos y la situación de abandono que sufren muchos niños y jóvenes en los centros de menores de Canarias.
Protocolo de la ONU
«En España existe la práctica de la tortura y no hay voluntad para erradicarla», sostiene el portavoz de la Coordinadora. Y lo justifica con hechos: pese a que el Gobierno ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y éste entró en vigor hace un año, aún no ha dado paso alguno para crear el comité nacional de personas independientes previsto para controlar su cumplimiento, girar visitas a los centros de detención y emitir informes sobre la situación.
«Los gobiernos son reacios a crear un comité que no controlan. Quieren organismos dóciles», lamenta Jorge del Cura. La CPT aboga por la existencia de cámaras en los centros de detención, como ocurre en algunas comisarías de los Mossos d’Esquadra donde se han revelado maltratos. Asimismo, pretenden que las imágenes de los abusos a detenidos sean públicas.
Probablemente, medidas como ésa garantizarían los derechos humanos de muchas personas y les invitaría a denunciar y a vencer el temor. «Las denuncias que recibimos suelen ser de gente de bien, por decirlo de alguna manera, porque los delincuentes o los inmigrantes no se atreven a hacerlo por miedo o desconfianza», apunta Del Cura.
Así, la mayoría de los 118 perjudicados por los ochenta casos de maltratos y torturas denunciados en Alicante entre el 2001 y el 2006 son gente que se ha visto envuelta en un incidente de tráfico y luego ha tenido problemas con la Policía, jóvenes detenidos tras verse implicados en alguna pelea o, simplemente, después de hacer botellón.
De esas 118 víctimas, 71 denunciaron a policías locales, sobre todo a la de Alicante (30), Elche (17) y Torrevieja (ocho), mientras que 19 actuaron contra el Cuerpo Nacional de Policía, otras tantas contra los funcionarios de prisiones y nueve contra la Guardia Civil, cinco de ellas también en Torrevieja.
«Zona conflictiva»
La CPT considera Alicante una «zona conflictiva» debido a la inmigración, entre otros factores. Diecinueve de los denunciantes de estos últimos seis años eran extranjeros, mientras que nueve pertenecían a movimientos sociales. Según su representante, de las provincias con tejidos asociativos más débiles «es donde más denuncias se producen».
Y en esta situación los puntos calientes se encuentran, además de en la capital alicantina, en Elche y Torrevieja, las cárceles de Fontcalent y Villena, Elda, Benidorm y Altea. La falta de voluntad política que critica la Coordinadora para la Prevención de la Tortura contrasta con el aumento de casos en 2006 y previsiblemente en 2007.
Eso, varias décadas después de los oscuros tiempos de la Transición, advierte.