Más de 50 organizaciones reunidas en Zaragoza acuerdan unirse para acabar con la precariedad y avanzar en derechos. Los retrasos e incumplimientos de los acuerdos para equiparar sus derechos al del resto de trabajadores ha colmado el vaso.
Con 62 años, María se quedó sin trabajo. La muerte de la persona a la que había cuidado durante los últimos 12 años, la dejó en la calle en pocos días, sin derecho a cobrar subsidio de desempleo y sin indemnización. Tras negociar con sus empleadores consiguió que le pagaran 1.000 euros en concepto de finiquito. No fue un trámite judicial, que hubiera llevado tiempo y mucho esfuerzo para conseguir tal vez un puñado más de euros. A pesar de tener la nacionalidad española y trabajar durante años en nuestro país, tampoco cotizó lo suficiente como para tener una pensión de jubilación. Hace unos días volvió a su Ecuador natal con una mano delante y otra detrás. María no es su nombre real, pero su historia es muy similar a la de miles de mujeres que en nuestro país se emplean como trabajadoras del hogar.
Según los datos sobre condiciones de trabajo de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2018, en nuestro país hay 628.800 empleadores de trabajadoras del hogar, de las cuales 407.587 están afiliadas a la Seguridad Social. Si bien la diferencia en las cifras apunta a que existe un importante número de ellas que no cotizan ninguna de las horas trabajadas, esta cifra es difícil de calcular, puesto que, tal como apuntan desde el sindicato UGT, muchas están contabilizadas varias veces debido a que trabajan por horas o a tiempo parcial en más de un hogar. Organizaciones del sector denuncian que cerca de un 30% de las trabajadoras no están dada de alta en el sistema.
De lo que no cabe duda es de que se trata de uno de los sectores más precarizados y con menos derechos de todo el espectro laboral. Tal como explica Ana María Corral, responsable de inmigración del sindicato UGT, «el empleo doméstico es el sector que tiene la tasa más alta de empleo a jornada parcial de todo el mercado laboral, puesto que si la media está situada en el 14,6%, en las empleadas del hogar alcanza casi al 54%, es decir, algo más de la mitad de las personas que están ocupadas en este sector».
Sin embargo, este no es en absoluto el principal problema de estas trabajadoras. Hasta 2012 las que trabajaban menos de 18 horas semanales no podían estar afiliadas a la Seguridad Social. «No se les reconocía ni siquiera el derecho a formar parte del sistema», apunta Isabel Otxoa, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco y activista por los derechos de este colectivo la asociación ATH-ELE. «Incluso trabajando unas 20 horas o en dos casas distintas, los empleadores no tenían que darlas de alta», añade.
Esto cambió con la ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que entró en vigor en enero de 2012. En ese momento, las empleadas se integraron en el régimen general de la Seguridad Social, pero con un sistema especial. A partir de esa fecha se hace obligatorio darlas de alta, pero con un recorte de derechos y cotizaciones que las mantienen en una situación de tremenda precariedad. La cotización no se realiza por lo que efectivamente ganan, sino por tramos. A diferencia del resto de trabajadores por cuenta ajena, no tienen derecho a seguro de desempleo, ni los mismos criterios de cálculos que el resto de trabajadores para cobrar las pensiones, «que son bajísimas, cuando no inexistentes», apunta Otxoa.
La incorporación de las empleadas del hogar a este sistema especial de la Seguridad Social era una medida provisional. Los acuerdos con sindicatos y con organizaciones del sector incluían la puesta en marcha de un grupo tripartito formado por sindicatos, patronal y Gobierno que debía arrancar en febrero de 2012 y concluir el 1 de enero de 2019 con la incorporación plena de estas empleadas en el sistema general, eliminando las discriminaciones que sufre este colectivo.
Sin embargo, tal como relatan expertas y voceras de las organizaciones de empleadas del hogar, el Gobierno del Partido Popular no movió un dedo en los siguientes seis años, ni creó ningún grupo de trabajo, y en 2018 se limitó a incluir una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que retrasaba la eliminación del sistema especial al año 2024. La aprobación de la enmienda en cuestión, conocida como la 6.777, encendió la mecha.
En julio pasado un nutrido grupo de trabajadoras del hogar y las organizaciones que las representan hicieron una protesta frente al Congreso y en distintas ciudades como Bilbao, Valencia, Pamplona, Sevilla o Granada. Con el cambio de Gobierno, tras la moción de censura del PSOE, la fecha de la eliminación del sistema especial se adelantó al año 2021. «Los partidos conversaron y el actual Gobierno decidió la nueva fecha sin consultarnos ni pedir nuestra opinión», afirma Rafaela Pimentel, «portavoza» del colectivo Territorio Doméstico de empleadas del hogar.
Este pasado fin de semana, más de 50 organizaciones de empleadas del hogar de distintas localidades de nuestro país se reunieron en Zaragoza para crear la primera red nacional para reclamar sus derechos y servir de altavoz para sus reivindicaciones, que van más allá de la equiparación de derechos en la Seguridad Social, sino que incluye, entre otras cosas, la derogación de la ley de extranjería, que condena a la «exclusión y la clandestinidad a un colectivo formado en un 90% por trabajadoras migrantes», afirma Pimentel.
La red nacional de empleadas del hogar y de cuidados, es la primera que se crea a nivel nacional y será dada a conocer oficialmente en una nueva reunión en Valencia el próximo 30 de marzo, coincidiendo con el día internacional de las empleadas del hogar. Pero la organización ya ha comenzado.
Un sector ampliamente precarizado
Las repercusiones de no tener un trabajo digno y derechos no reconocidos son amplias y dramáticas. Tal como relata Pimentel, no estar de pleno derecho en el régimen general de la Seguridad Social tiene como consecuencia «que no tengamos paro, que en muchos casos no se cotice por nosotras y esta falta de cotización hace que muchas no tengamos derecho a pensiones dignas», afirma. Pero las repercusiones van más allá. «No tener contratos implica que no puedes alquilar un piso o una habitación, ni traer a la familia usando la reagrupación, ni siquiera comprar algo a plazos, porque no puedes demostrar ingresos», explica Pimentel.
También se dan situaciones límites dentro del ámbito laboral, como internas que que no tienen habitación propia para tener momentos de descanso en su tiempo libre o horarios de trabajo y tareas que se prolongan a lo largo de todo el día. En muchos casos, añade Pimentel, las trabajadoras internas trabajan durante varios años como internas para conseguir el arraigo y «terminan siendo despedidas sin haber conseguido papeles».
Hay casos en los que se dan situaciones de semiesclavitud. Muchas trabajadoras internas relatan que su horario de trabajo es de 24 horas, porque si están a cargo de personas dependientes que precisan cuidados, se espera que estén alerta a cualquier hora. «Las internas no tienen valoración económica de la pernocta y su jornada es de 24 horas», afirma Otxoa. Según los datos recogidos por la Asociación de trabajadoras de hogar Etxeko Langileen Elkartea (ATH-ELE) del País Vasco, el 73% de las internas trabaja más de las 60 horas previstas en la ley de empleo.
Esta organización, además, denuncia que más del 90% de las trabajadoras internas no llegan a percibir en metálico el salario mínimo interprofesional.
Sustitutas de las políticas públicas
Si bien la crisis económica ha tenido consecuencias tremendas en casi todos los sectores laborales, en este se ha notado más. «Estamos hablando de trabajadoras cuyos salarios están siendo pagados por familias que a su vez son asalariadas y han visto reducir su renta. Y lo que hemos detectado a lo largo de los últimos años, especialmente desde 2012, es que se ha incrementado la afiliación a la Seguridad Social, pero se han ido reduciendo los salarios. Y en la actualidad los salarios continúan a la baja, especialmente en las trabajadoras a tiempo parcial», afirma Corral de UGT, que advierte que este incremento en la filiación se debe al cambio de la ley.
«Estas empleadas sirven para que las mujeres de las familias españolas puedan conciliar, lo que es aberrante»
«El Partido Popular no ha hecho absolutamente nada sobre este tema desde 2012. La única visión que tiene el PP sobre las empleadas del hogar es desde el punto de vista de las familias. Estas empleadas sirven para que las mujeres de las familias españolas puedan conciliar, lo que es aberrante», explica Corral. «Pero se trata de eso. Lo mismo ocurre con los migrantes. Son útiles porque nos sirven para algo, no se los considera que formen parte de la sociedad», añade.
Esta experta explica que nuestro país tiene prácticamente el 30% del empleo doméstico de toda la Unión Europea y sin embargo tenemos un índice de empleo mucho menor que nuestros vecinos en actividades de servicios sociales. «Esto implica que las personas que trabajan como empleadas del hogar lo que hacen en realidad es cubrir necesidades que deberían estar asumidas por el sistema público, como el de la dependencia, la atención a familias…», explica Corral.
«La falta de políticas públicas lo que ha hecho es recargar el trabajo sobre las trabajadoras del hogar. Si entramos de pleno derecho en el régimen general de la Seguridad Social, las cotizaciones serían más caras. Pero es el Estado el que tiene que cumplir su papel de hacer políticas públicas. Cuando una familia busca una residencia, puede estar años esperando. Muchos han muerto en esa espera, y ¿cuántas guarderías hay para que la gente pueda dejar a los hijos y poder ir a trabajar?» se pregunta Pimentel, empleada de hogar y activista.
Además, afirma Corral, «en esta situación laboral especial de las empleadas del hogar entra todo: las tareas domésticas, el cuidado de personas no profesionalizado… Y todo se valora de la misma forma. Para este sector el salario de referencia es el mínimo interprofesional. Pero en los convenios colectivos no se valoran igual los distintos trabajos, pero aquí entra todo en el mismo saco». De hecho en muchas ocasiones este colectivo ha denunciado que es salario mínimo muchas veces ni siquiera se llega a pagar.
España sigue sin ratificar el convenio 189 de la OIT
El convenio 189 de la Organización internacional del Trabajo, es un tratado internacional que garantiza derechos a las trabajadoras del hogar. Se trata, de una herramienta del derecho internacional, con una serie de medidas de mínimos que los Estado deben cumplir para dignificar el trabajo las empleadas del hogar. A pesar de que España firmó este convenio, nunca lo ha ratificado, paso necesario para que entre en vigor.
Esta es una de las reivindicaciones de las asociaciones de empleadas del hogar. Recientemente el Gobierno socialista manifestó su intención de ratificarlo, pero hasta el momento no ha sucedido.
Los retrasos justificados por el Partido Popular en el hecho de que un cambio de sistema encarecería de forma importante las cotizaciones a la Seguridad Social, es para las expertas una mera excusa. Por un lado porque tras la ratificación hay un plazo de un año antes de que sea efectivo y por otro porque esos derechos hay que aplicarlos independientemente de que se ratifique el texto.
Para Otxoa, el PP no ha ratificado el tratado porque no quiere dar la prestación por desempleo. Pero el contenido del 189 en realidad está casi todo incorporado en la legislación española. Solo falta la equiparación con los salarios reales en la Seguridad Social, y no los tramos actuales y la cobertura de vacíos que influyen en las pensiones. Por eso esta experta prefiere centrarse en reivindicar derechos, más que en la ratificación.
«Es hora de dignificar el trabajo doméstico y sus condiciones, así como su valoración social», afirma Corral. «Porque aún no está reconocido y queda mucho por avanzar», concluye.
Las empleadas de hogar entregan 100.000 firmas para reivindicar sus derechos