Mañana jueves 7 de febrero a las 19hconcentración ante la sede de la consejería de SanidadC/ Aduana, 29. SoL Porque en Madrid tenemos listas de espera de hasta diez días para una primera consulta en Atención Primaria Porque muchos profesionales sanitarios dan servicio a más de 1.500 personas. Porque, a pesar de todo ello y […]
Mañana jueves 7 de febrero a las 19h
concentración ante la sede de la consejería de Sanidad
C/ Aduana, 29.
Porque en Madrid tenemos listas de espera de hasta diez días para una primera consulta en Atención Primaria
Porque muchos profesionales sanitarios dan servicio a más de 1.500 personas.
Porque, a pesar de todo ello y del hecho de que nuestra región se sitúa a la cola de las Comunidades Autónomas en inversión en Atención Primaria (AP), el equipo de Aguirre ha invertido un 0,7% menos que el pasado año.
Porque, aunque la población madrileña ha crecido un 20% en los últimos cinco años, el Gobierno regional ha congelado la plantilla del personal sanitario. Cabe esperar, por tanto, que la atención que reciba la ciudadanía empeore (más aún) los próximos años.
Porque las precarias condiciones laborales que ofrece la consejería de Güemes (presión asistencial, jornadas interminables…)hace que muchos profesionales «huyan de la sanidad pública». Un ejémplo: las/los pediatras.
En este contexto, el equipo de Esperanza Aguirre ha invertido cantidades ingentes de dinero en publicidad para hacer que, mientras el dedo señala a la luna, el tonto mire al dedo: los nuevos hospitales. Centros «dotados de los medios diagnósticos y terapéuticos más modernos y avanzados» que forman parte «del gran proceso de modernización y ampliación de la sanidad pública emprendida por el Gobierno regional», según reza el mensaje institucional.
Más allá del brillo publicitario que emana de esta operación cosmética, la realidad se muestra obstinada: Los nuevos hospitales son de gestión privada. Tanto la propiedad de los edificios, como la gestión de los servicios no sanitarios corresponde a empresas privadas (muchas de ellas afectadas por la recesión de la construcción que buscan en la sanidad un nuevo nicho de mercado, como FCC, Acciona, Sacyr y Dragados). Toda/os y cada una/o de nosotra/os les pagaremos con nuestros impuestos un canon mensual durante 30 años prorrogables. Esta fórmula, adoptada hace diez años en Gran Bretaña, se ha mostrado no sólo ineficaz (algunos colaboradores de M. Tatcher han llegado a utilizar calificativos menos amables) en términos de calidad de la atención sanitaria, sino más cara, ya que las empresas privadas perciben beneficios de, al menos, el 15%. Los costes de los hospitales bajo esta fórmula son cuatro veces mayores que bajo un sistema sanitario 100×100 público. Y son las arcas públicas, nuestros impuestos, los que financian tanto los sobrecostes como los márgenes de beneficios de las empresas privadas. ¿Podría haber alguna conexión entre los recortes presupuestarios en la AP y el consiguiente deterioro de la atención en nuestros centros de salud y el pago de estos conceptos? No seamos mal pensada/os.
Aunque quedan por inaugurar casi todos los centros hospitalarios, ya en 2007 pagamos de nuestros bolsillos cerca de 70 millones de euros (más de 11.600.000.000 de las antiguas pesetas) por servicios no prestados.
Mientras seguimos mirando al dedo, las empresas continúan conquistando la luna: la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2008 permite que, en un futuro, este modelo de gestión se extienda al resto de hospitales públicos (el Gregorio Marañón, el Doce de Octubre, el Princesa, Las Paz, el Ramón y Cajal…), de manera que nuestra salud estará, cada vez más, en manos de empresas ajenas al sector sanitario.
La gestión privada de los «servicios no sanitarios» (la limpieza, por ejemplo) en los nuevos hospitales no es baladí: en los últimos tres años 116 personas han muerto en el hospital londinense de Saint George por bacterias que podrían -y deberían- ser combatidas con una mejor higiene hospitalaria. Está suficientemente contrastado que la política de subcontratación de servicios no sólo disminuye la calidad y aumenta los riesgos, sino que, en caso de que estos riesgos den lugar a algún «efecto colateral», como el mencionado, dificulta el control y diluye las responsabilidades jurídicas.
Desafortunadamente, este modelo de gestión adoptado por nuestros «responsables» políticos esconde aún otras sorpresas: la natural búsqueda de beneficios económicos por parte de las empresas hace que los centros privados deriven a otros hospitales, los públicos, a los pacientes más vulnerables, aquellos que presentan patologías crónicas o complejas, ya que requieren hospitalizaciones más prolongadas y resultan, por tanto, menos rentables.
«Bueno -podemos consolarnos-, al menos ahora tendremos más camas, dejaremos de ver enfermos en los pasillos de nuestros hospitales y contaremos con más médicos y servicios más modernos». Terca realidad: el número de camas por cada 1.000 habitantes de los nuevos centros está muy lejos del 5/1.000 recomendado: Vallecas (0,76), Sur (0,83), Tajo (0,85), Henares (1,10) Sureste (0,68) y Norte (0,92).
Tampoco crearán nuevas plazas para profesionales sanitarios, sino que reasignarán los actuales efectivos. Es decir, trasladarán a los nuevos hospitales profesionales que en la actualidad trabajan en otros centros. Esta congelación en la contratación de personal nos da la pista de otro aspecto de la realidad que la consejería de Sanidad «olvida» referir: en los próximos años se prevé eliminar entre 1.600 y 2.000 camas de los hospitales públicos, una cantidad que los nuevos centros no alcanza. En otras palabras, la construcción de los nuevos hospitales no supondrá el incremento del número de camas disponibles.
El sigiloso trasvase de recursos públicos a empresas privadas acelera el paso: la consejería de Sanidad ya ha anunciado una profunda reorganización de la AP en las zonas de influencia de los nuevos hospitales siguiendo el modelo de Alzira (Valencia), por el que los centros de salud y los ambulatorios de especialidades dependerán organizativa y económicamente de los hospitales privados.
El equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre se obstina en defender la «gestión indirecta» de los servicios sanitarios ignorando que no hay experiencia alguna que avale las bondades de este modelo.
La única ventaja que la Organización Mundial de la Salud le concede es la rapidez en la construcción de los centros hospitalarios. Ni Aguirre ni Güemes pueden aferrarse a este argumento: los famosos siete hospitales nacen con un año de retraso.
No importa: si no encuentran justificaciones se construyen. Con disimulo, eso sí. ¿Cómo? Desprestigiando la sanidad pública. Tampoco en este frente han tenido demasiada suerte, a la luz del auto que exculpa definitivamente a los médicos del Severo Ochoa acusados de mala praxis.
Aunque, bien pensado, tampoco parece que necesiten justificar sus decisiones. ¿Alguien ha podido ver los estudios de planificación sanitaria que aconsejaran construir ocho nuevos hospitales en las ubicaciones elegidas? ¿Alguna de las 13.000 personas que en noviembre de 2006 presentaron, a través de la FRAVM, sus alegaciones a la propuesta de zonificación sanitaria ha obtenido respuesta? ¿Alguien ha tenido ocasión de conocer ese misterioso nuevo mapa sanitario que justifique esta fiebre constructora que actúa en detrimento de la inversión en la Atención Primaria?
Lo que si vemos, sufrimos y denunciamos quienes durante años hemos luchado por conquistar los derechos de ciudadanía y por construir redes de protección social que garanticen una atención sanitaria universal, de calidad y gratuita es el incremento de las listas de espera, la precarización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y la merma creciente de recursos en nuestros centros de salud. Y cada vez somos más. Cada vez son más las plataformas y coordinadoras ciudadanas (en Latina, San Blas, Carabanchel, Moncloa, Vallecas, Ciudad Lineal, el corredor del Henares, Aranjuez, Leganés…) y las asociaciones y sindicatos de profesionales que, privados de la posibilidad -contemplada por la ley- de participar en la gestión de los servicios sanitarios, salen a la calle para denunciar las demoledoras consecuencias del modelo sanitario impulsado -e impuesto- por el PP. Unas consecuencias que ya lamentan en países como Gran Bretaña y que apenas hemos comenzado a padecer aquí.
Ya en el año 2000 la movilización ciudadana consiguió que el Gobierno eliminara las Fundaciones Sanitarias, entidades opacas al control político y público.
Ahora, contigo, también podremos. Así que súmate a la concentración que se celebrará el próximo jueves 7 de febrero a las 19h. ante la sede de la consejería de Sanidad para exigir.
¡¡Una SANIDAD 100X100 PÚBLICA!!