El 12 de noviembre, M., una joven boliviana indocumentada logró evitar su expulsión. Fue detenida en una comisaría pese a haber denunciado violencia de género. El caso de M., residente en el Estado español desde 2004 y que pide el anonimato, ilustra el doble rasero gubernamental respeto de la población inmigrante, en concreto en lo […]
El 12 de noviembre, M., una joven boliviana indocumentada logró evitar su expulsión. Fue detenida en una comisaría pese a haber denunciado violencia de género.
El caso de M., residente en el Estado español desde 2004 y que pide el anonimato, ilustra el doble rasero gubernamental respeto de la población inmigrante, en concreto en lo relativo a la violencia de género. Según Amnistía Internacional (AI), esta desigualdad afecta especialmente a las inmigrantes ‘sin papeles’ y a las que obtuvieron el permiso de residencia por reagrupación familiar con un marido que resultó ser un maltratador. El miedo a la expulsión les impide denunciar y propicia la impunidad del agresor. Según el informe Más riesgos y menos protección, que AI presentó en Madrid el 23 de noviembre, las inmigrantes tienen seis veces más riesgo que las autóctonas de ser asesinadas por sus parejas, especialmente si están indocumentadas. Una realidad alarmante si se tiene en cuenta que más del 35% de los casos de maltrato en el primer trimestre de 2007 han sido contra extranjeras. Desde 2005 AI viene denunciando la existencia de una instrucción del Ministerio de Interior para que la policía curse sanciones u órdenes de expulsión contra las ‘sin papeles’ incluso cuando van a denunciar maltrato. También critica la falta de especialización en los recursos de atención en violencia y de acceso a la autonomía económica para las inmigrantes, esencial para romper con una relación de violencia. La noche del 2 de octubre, M. fue a la comisaría de Villaverde a denunciar a su marido, F.C., del que se había separado porque la sometía a violencia física, psicológica y económica -se niega a pagar la manutención de los hijos de ambos, que viven en Bolivia-. M. presentó un parte de lesiones del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y se le asignó un abogado de oficio, C. Delgado. Al día siguiente, M. volvió a comisaría para denunciar un robo en su domicilio. La policía, al comprobar que estaba en situación irregular, la detuvo e inició un procedimiento de expulsión, pese a conocer la denuncia por malos tratos, internándola en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. M. pasó 31 días encerrada en el CIE. Finalmente, su decidida oposición a subirse al avión y el apoyo de diversas organizaciones consiguieron frenar su expulsión el 12 de noviembre.
Al quedar libre, M. se encontró de nuevo sin protección: por haber estado detenida en el CIE, no pudo asistir a las vistas orales en el juzgado de Violencia de Género número 5 de Madrid en las que su abogado había iniciado un procedimiento abreviado por violencia de género y solicitado una orden de protección -que incluye el alejamiento de la ex pareja-. En la primera vista, el 3 de octubre, tampoco pudo avisar a su abogado, que se enteró de su situación cuando la familia de M. contactó con él. En la segunda, el 29 de octubre, el abogado no solicitó la protección ante la probabilidad de que su defendida fuera expulsada. El 20 de noviembre, M. y representantes de diversas organizaciones solidarias se reunieron con Pilar Alvarado, directora del Área de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno en Madrid, que le aseguró que su orden de expulsión queda suspendida hasta que se celebre el juicio por malos tratos. Al cierre de esta edición, M. había vuelto a solicitar una orden de protección ante el mismo juzgado, ya que su ex pareja sigue acosándola.
«No vayas a denunciar»
Según María Naredo, autora del informe de AI, las inmigrantes se encuentran con falta de especialización e información en derechos en los recursos de atención en violencia de género. Tienen que presentar denuncia para acreditar la condición de víctima de violencia, lo que supone una barrera para las ‘sin papeles’ y, en caso de que denuncien y logren que se condene al agresor, sólo reciben un permiso de residencia que no las autoriza a trabajar, lo que merma sus posibilidades de autonomía económica y recuperación.
No obstante, el obstáculo más grave sigue siendo la instrucción 14/2005 sobre actuación en dependencias policiales con las extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación irregular, que Interior aprobó en julio de 2005 en el marco del desarrollo de la Ley de Violencia de Género. Ésta instrucción ordena a la policía que, tras brindar la atención relativa a la agresión, averigüen la situación administrativa de la denunciante y, en caso de que sea irregular, cursen la sanción o el expediente de expulsión según proceda. Eso sí, se las debe informar -M. afirma que en su caso no lo hicieron- de las vías para frenar la expulsión y de que pueden acogerse a una regularización por motivos extraordinarios alegando que han sufrido violencia. Según AI, las regularizaciones por este motivo son escasas, aunque sólo tienen información de algunas comunidades autónomas, ya que la Secretaría de Estado de Seguridad no les ha facilitado estos datos. En su informe Inmigrantes indocumentadas: ¿hasta cuándo sin protección frente a la violencia de género? de 2005, AI ya denunciaba que «el Estado incumple sus obligaciones y contribuye a discriminar a las [inmigrantes] que están en situación irregular». Según María Naredo, AI no tiene constancia de expulsiones derivadas de denuncias por violencia de género, por lo que «la norma no se aplica o los expedientes se dejan caducar. Pero está vigente y es un ataque al deber del Estado de proteger los derechos de todas las mujeres.
Les dice: no vayas a denunciar, te arriesgas a ser expulsada». Aunque no siempre se aplique a rajatabla, en casos como el de M. prima el cumplimiento de la 14/2005. Diego Lorente de SOS Racismo, explica que «antes había un acuerdo tácito para no detener a la mujer. Si se asesora con organizaciones feministas es difícil que la expulsen. Pero no nos vale ese acuerdo, porque la ley está ahí, lanza el mensaje a las inmigrantes de que no denuncien. Es una restricción del derecho a la tutela judicial y una limitación al acceso a recursos de ayuda contra la violencia de género».
«La Ley fracasa»
Según Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación sobre Malos Tratos a Mujeres, las inmigrantes en situación irregular viven «una doble discriminación. La violencia de género es un delito perseguible de oficio y el Estado debe dar la máxima protección frente a este tipo de delitos. Teniendo en cuenta que un porcentaje significativo de los casos de maltrato afectan a extranjeras, el Gobierno debería brindarles protección, si no la Ley está fracasando. Estamos excluyéndolas de la Ley».