No sé qué dirá ahora Juan Carlos Tafur que siempre reclamó mano dura en las minas y que centró su crítica al discurso de fiestas patrias en la parte en que Toledo dijo que no tenía las manos manchadas de sangre como otros gobiernos. Tampoco lo que concluirá Aldo M. de «Correo», empeñado en creer […]
No sé qué dirá ahora Juan Carlos Tafur que siempre reclamó mano dura en las minas y que centró su crítica al discurso de fiestas patrias en la parte en que Toledo dijo que no tenía las manos manchadas de sangre como otros gobiernos. Tampoco lo que concluirá Aldo M. de «Correo», empeñado en creer que las ONG, los curas y otros, mueven a los campesinos ignorantes contra las minas, con ideologías antimineras y rezos ecológicos, como si aún viviéramos en tiempos de la colonia. Tal vez sea más fácil suponer lo que vendrá en la próxima columna de Andrés Bedoya, que podrá contar unos cuantos semihumanos menos sobre la tierra.
No era verdad que Toledo no hubiese actuado con violencia contra las protestas populares; como en Arequipa 2002 que costó la vida a dos jóvenes que según Rospigliosi se autohirieron en la cabeza con las bombas lacrimógenas lanzadas al bulto por la policía; o como en Puno en el 2003, cuando los soldados de Loret de Mola le dispararon a los estudiantes y mataron uno de ellos. Pero lo que es cierto es que si algo intuyó Toledo a través de estos episodios, es que su gobierno no soportaría un enfrentamiento social sostenido, como al que lo han querido empujar persistentemente los diarios de derecha. Así retrocedió en Arequipa, en Ilave, Ayacucho, Andahuaylas, Espinar o Tambogrande. Ahí la Iglesia y las ONG, han sido claves para ayudarlo a organizar el retroceso.
Entre el gobierno pro exportador y pro minero y las comunidades afectadas por la presencia de elementos extraños sobre sus territorios, que alteran sus condiciones de producción y de vida, y que se resisten a comprometerse con el desarrollo local y regional, hay un inmenso abismo, cuya mejor imagen es el rostro desorientado del viceministro de minas y la ausencia de otros miembros del régimen en la solución de estos problemas. Si no existiera Conacami, que Aldo M., quiere clausurar (¿por qué no cerramos su periódico?), los curas que el caballero quiere devolver al púlpito, los ecologistas que deberían irse seguramente a un país desarrollado dónde se pueden dar el lujo de reclamar un ambiente limpio, no habría los campesinos pasivos y casi tontos que creen los periodistas neoliberales y los neooligárquicos (tipo Andrés Bedoya Ugarteche), sino probablemente una revuelta con menores controles. ¿O qué han aprendido de Ilave y otros casos en que las crisis locales no tuvieron amortiguadores o intermediarios?
«Pobrecitas las mineras», es la tónica básica de la prensa local, salvo muy honrosas excepciones. Y lo es después que se ha vuelto a demostrar que las muertes las ponen, como siempre, los débiles, los campesinos, presentados como turba, sin motivos para la lucha y objeto de todas las manipulaciones. La sociedad limeña parásita, heredera de virreyes y burócratas, se escandaliza desde hace más de 500 años del conflicto minas-campo, empresarios del metal y productores del agro. Y no entienden nada. Porque finalmente el Estado burocrático se paga con impuestos de los exportadores, la banca mueve su dinero y la gran prensa nacional se financia con avisos del mismo Estado y de las grandes empresas. Por eso se quejan tanto que los campesinos obstaculicen el progreso, el progreso de ellos por supuesto. Se burlan de la preocupación ambiental, que hoy puede llamarse ecológica (¿cómo van a preocuparse de ecología, si casi no saben hablar español?, se pregunta el casi peninsular Andrés Bedoya Ugarteche), pero que corresponde a una ancestral y sabia relación de la gente con la tierra, el agua y la naturaleza, que sin duda se trastornan con la entrada de los proyectos mineros.
Los muertos de Majaz, son la culminación de un proceso que atraviesa Yanacocha, Tintaya, Antamina, Barrick, Volcan, Cerro Verde, Southern, Tambogrande, etc. En vez de marchar claramente a un cambio de reglas con la gran inversión minera, que como dice Kuczynski gana mucho y comparte poco, y obligar a que los derechos del Estado y las comunidades sean integrados a un nuevo acuerdo en el que no se imponga el que tiene más dinero y poder de su lado, el gobierno ha seguido oscilando entre desplantes represivos: no permitiré, no negociaré, etc., que han producido por lo menos un muerto en los enfrentamientos de Huancabamba, y las mesas de diálogo de emergencia con ayuda de elementos intermediarios, que producen solamente soluciones de coyuntura que sólo anuncian otras tormentas en lugares diferentes.
Las informaciones actuales indican que miles de comuneros de distintas provincias de Piura y Cajamarca se estas organizando para llegar hasta las alturas donde se ubica la minera Majaz. El gobierno ensangrentado, bajo presión de los intereses económicos y la prensa venal, ha echado a rodar su propia bola de nieve. Después de burlarse de su propia oferta de diálogo, ahora la posición de la empresa y de los funcionarios del Estado es dialogar, negociar, para parar la avalancha que se les viene. Pero Majaz hay muchas. Deberían buscarse soluciones mucho más de fondo.