Muchos de los problemas que afectan a la mayoría de la población nicaragüense son consecuencia directa de políticas macroeconómicas impuestas por gobiernos del Norte y aplicadas entusiastamente por una clase política doméstica con un anémico interés por reducir la pobreza y las brechas de iniquidad. Baste recordar que, de acuerdo con fuentes oficiales de información, […]
Muchos de los problemas que afectan a la mayoría de la población nicaragüense son consecuencia directa de políticas macroeconómicas impuestas por gobiernos del Norte y aplicadas entusiastamente por una clase política doméstica con un anémico interés por reducir la pobreza y las brechas de iniquidad. Baste recordar que, de acuerdo con fuentes oficiales de información, de cada diez personas, cuatro viven con menos de un dólar al día y más del 75 por ciento de la población sobrevive con menos de dos dólares al día. En consecuencia, de cada diez familias nicaragüenses, cuatro son receptoras de remesas, las cuales financian el consumo de dichas familias hasta en un 93 por ciento. En el caso nada particular de las mujeres, éstas representan la mayoría de trabajadores del sector informal (80 por ciento) en donde laboran 87 de cada cien trabajadores empleados. El cuarenta por ciento de estas mujeres son «jefas de hogar».
A la situación de pobreza antes descrita debemos sumar, o más bien multiplicar, otras dimensiones de la discriminación acumulada por las mujeres en Nicaragua. La violencia, el no reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, los evidentes retrocesos en materia de participación en instancias de toma de decisiones; son datos expresivos de la gravedad de un problema estructural que tiene su origen, evolución y actualidad, en la existencia de un orden social sexista, machista y racista.
Según datos de una reciente investigación realizada por UNICEF en Centroamérica, el 26 por ciento de las mujeres nicaragüenses ha sufrido abusos durante la niñez. Tan sólo durante el año 2007 la Policía Nacional recibió 91.500 denuncias por violencia perpetrada contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. El número de denuncias bajó drásticamente durante el 2008, en parte como consecuencia de los altos niveles de impunidad con los que el sistema judicial «revictimiza» a quienes se atreven a denunciar y estimula a los agresores.
Se plantean en este panorama algunos interrogantes que saltan a la vista de cualquier ciudadano o ciudadana medianamente consciente de lo injusto de la situación antes descrita. ¿Cómo hacen las mujeres para sobrevivir ellas y sus descendientes? ¿De dónde sacan energías para seguir viviendo esas vidas? ¿Qué tipo de estrategias desarrollan para no sucumbir? ¿A quiénes recurren? ¿Qué tipo de apoyo reciben y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los actores locales, nacionales e internacionales que muestran disposición a invertir en mujeres pobres para que salgan de la pobreza?
No hay respuestas fáciles, ni unívocas. Tampoco podemos limitar nuestro análisis al accionar público de determinados actores, aunque cada cual tiene un peso específico. La situación de discriminación que padecen la mayoría de mujeres nicaragüenses se ve constantemente agravada por la cómoda complicidad, las actitudes «tolerantes» y hasta la negación con que diversos actores abordan esta realidad tan evidente.
Desde la década revolucionaria pasando por tres períodos de gobiernos autodenominados liberales, las mujeres pobres han ensayado una multiplicidad de estrategias que en la mayoría de los casos les han asegurado la supervivencia y que, en otros, les han permitido avanzar de manera sostenida hacia la mejora de su calidad de vida.
La profundidad de los cambios en la vida de las mujeres ha dependido de diversos factores, entre los que se destacan la capacidad de resistencia de las propias mujeres y su vocación de cambio, los apoyos deliberados de las activistas feministas, y el aporte de algunas agencias de cooperación al desarrollo. Por su parte, los principales poderes del Estado en general van a la zaga de los conocimientos, críticas y demandas construidas desde las propias mujeres, desde el movimiento feminista, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros actores comprometidos con los objetivos de igualdad y desarrollo.
En el mejor de los casos, desde algunas instituciones públicas se han promovido programas focalizados dirigidos a mujeres pobres, más por cuidadoras de otros/otras, que por ser mujeres con derechos. Tal fue la esencia del programa de asistencia social desarrollado por el anterior Gobierno y los programas «Hambre cero» y «Usura cero» desarrollados por el actual Gobierno de Nicaragua.
A continuación dedicaré algunos párrafos al análisis de tres ámbitos prioritarios en la ciudadanía de las mujeres, a saber: la violencia, los derechos sexuales y reproductivos y la participación en la toma de decisiones.
Violencia y derechos sexuales y reproductivos
En el ámbito de la violencia, antes como ahora, las políticas, planes y programas para prevenir la violencia contra las mujeres han sido obra de las organizaciones de mujeres con apoyo financiero de la cooperación internacional. La tendencia de los últimos años es hacia el debilitamiento de los mecanismos institucionales creados para la prevención, la atención a las víctimas y la sanción a los agresores. Tal es el caso de las comisarías de las mujeres, actualmente desprovistas de recursos humanos, técnicos y financieros para poder ejercer su labor con eficacia. La percepción generalizada es que las mujeres están cada vez más en una situación de indefensión producto de la falta de voluntad política del poder judicial. Así lo revelan estudios recientes realizados por la Red de Mujeres Contra la Violencia y diversas organizaciones de mujeres que acompañan a las víctimas de este flagelo.
En materia de derechos sexuales y reproductivos la situación no ha sido favorable para las mujeres, dado el sesgo conservador y oportunista de la clase política y de los gobernantes. El dato más emblemático es la penalización del aborto terapéutico, que niega a las mujeres la interrupción de un embarazo por indicación médica, como única alternativa para preservar la salud y hasta la vida de las mujeres. A lo anterior debemos agregar la negativa de los gobiernos anteriores y el actual a desarrollar programas de educación sexual en los centros públicos de enseñanza, que afirmen la sexualidad y la reproducción como Derechos Humanos universales. Por el contrario, la tendencia invariable de los gobernantes ha sido la de otorgar poder de veto en este ámbito a los grupos más conservadores de la sociedad, destacándose entre estos la jerarquía de la iglesia católica.
En el mismo sentido, poco han hecho los gobiernos para desarrollar programas que contribuyan a prevenir embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, propagación del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Prueba de ello es que Nicaragua continúa siendo el segundo país en América Latina y el Caribe con la más alta tasa de embarazo en adolescentes (uno de cada tres nacimientos se da en adolescentes) y que el patrón de propagación del VIH está afectando de manera severa a las mujeres heterosexuales en edad reproductiva.
Participación en la toma de decisiones
En cuanto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la tendencia es más bien de claro retroceso en el actual contexto nacional. Al respecto diremos que frente a la misoginia y autoritarismo de las elites partidarias, las mujeres con aspiraciones de optar a cargos electivos se han visto en la necesidad de renunciar a la defensa de ciertos derechos, sobre todo, de aquellos que afirman la ciudadanía plena de las mujeres.
Lo anterior explica por qué las feministas no contamos con «aliadas» en los partidos ni en las instituciones públicas para promover derechos como los sexuales y reproductivos. Peor aun, la mayoría de diputadas de la Asamblea Nacional votaron a favor de la penalización del aborto terapéutico.
El actual gobierno del FSLN, a pesar de haber prometido la conformación de un gabinete paritario, de forma reiterada ha nombrado y despedido de forma arbitraria a mujeres en puestos de dirección. Son ejemplos expresivos los despidos de directoras, subdirectoras y ministras del Instituto Nicaragüense de la Mujer, el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto de Transferencia Tecnológica, el Ministerio de Salud y el de Agricultura y Ganadería.
A nivel local la tendencia predominante fue la de «seleccionar» (ya que no hubo un proceso democrático de elección a lo interno de los partidos) a hombres como candidatos a alcaldes y mujeres como vicealcaldesas o concejalas, en el mejor de los casos.
Amenazas al movimiento de mujeres
Probablemente uno de los ámbitos más problemáticos en torno a la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público, es la relación conflictiva entre el actual Gobierno y diversas organizaciones feministas con participación protagónica dentro del movimiento de mujeres. Hechos promovidos desde el partido gobernante permiten afirmar que el actual Gobierno tiene entre sus objetivos la desarticulación de un movimiento de mujeres que durante las últimas dos décadas se afirmó en su carácter autónomo.
La aceptación por parte de la Fiscalía de la República de una acusación sin fundamento legal presentada por una organización fundamentalista en contra de nueve feministas; la campaña de desprestigio en contra de destacadas activistas del movimiento feminista a través de los medios de comunicación del FSLN; el allanamiento ilegal a las oficinas de una organización de mujeres (MAM); las intervenciones selectivas en contra de algunas organizaciones de mujeres realizadas por el Ministerio de Gobernación, son parte de los hechos ocurridos durante los dos primeros años del Gobierno encabezado por Daniel Ortega.
Asimismo, el partido gobernante hace esfuerzos por despojar al movimiento feminista de las movilizaciones emblemáticas que se vienen realizando en las últimas décadas. El 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia, el diputado y coordinador del oficialista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) llamó a las mujeres simpatizantes del FSLN a marchar por la misma ruta por la que lo harían las diversas expresiones del movimiento de mujeres, por lo que la Policía Nacional presionó a las organizadoras de la marcha para modificar el rumbo originalmente acordado.
La hostilidad del Gobierno hacia el movimiento se expresa de forma contundente en el no reconocimiento de las redes y otras formas de articulación constituidas desde el movimiento de mujeres en los espacios establecidos por ley. Éste es el caso del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, el Concejo Consultivo del Instituto de la Mujer y los Comités de Desarrollo Local.
A manera de conclusión diremos que en un escenario de pobreza creciente que afecta de manera rotunda a las mujeres, y de tensión entre las organizaciones de mujeres y los poderes del Estado, de hostilidad y acoso hacia aquellas expresiones del movimiento de mujeres que reclaman ciudadanía plena para todas las mujeres, es posible prever el recrudecimiento de enfoques discursivos y políticas públicas que asumen a las mujeres únicamente en su condición de pobres necesitadas de ayuda y las despojan de su condición de ciudadanas con derechos.
Bajo esta lógica, el Gobierno y los partidos políticos seguirán disputándose a las mujeres, ya sea para ganar adeptas o para utilizarlas como punta de lanza en las contiendas patriarcales que les permitan hacer nuevos arreglos de poder, al margen de los intereses estratégicos de las mujeres.
El desafío que hemos asumido las organizaciones autónomas de mujeres es el de profundizar procesos iniciados hace más de treinta años, gracias a los cuales ha sido posible construir un entramado político y organizativo vital, desde el cual desarrollamos múltiples formas de resistencia y de cambio a favor de la igualdad. Frente a tanta adversidad contamos con un acumulado de fortalezas en miles de mujeres dispuestas a no renunciar a una Nicaragua sin discriminación ni pobreza.
Es hora de volvernos a preguntar quiénes mantendrán la disposición de acompañarnos en este particular trayecto de un camino que estuvo y está plagado de obstáculos; de conflictos entre necesidades perentorias y demandas emancipatorias; entre aspiraciones de libertad y reclamos de justicia social; entre la situación de pobres y la condición de ciudadanas.
María Teresa Blandón Gadea es activista del Movimiento Feminista de Nicaragua. Presidenta del Programa Feminista Centroamericano «La Corriente», y miembra honoraria de la Fundación Entre Mujeres (FEM).