Una escaladora de Greenpeace despliega una pancarta en una torre de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, el 15 de febrero.Greenpeace Los propietarios de las centrales atómicas y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quieren que sus vigilantes de seguridad privada porten armamento de guerra, como ya ocurre en los atuneros españoles que faenan […]
Una escaladora de Greenpeace despliega una pancarta en una torre de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, el 15 de febrero.Greenpeace Los propietarios de las centrales atómicas y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quieren que sus vigilantes de seguridad privada porten armamento de guerra, como ya ocurre en los atuneros españoles que faenan en aguas tomadas por piratas somalíes. Según ha podido saber Público, los responsables de los ocho reactores atómicos se reunieron el jueves en el Ministerio del Interior con representantes del CSN, jefes de la Guardia Civil de las provincias con centrales, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y abogados del Estado para dar forma a la propuesta, que ya estudia la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Antonio Camacho, número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba.
La propuesta de suministrar armamento militar a los vigilantes, que ahora sólo llevan pistolas, flota en el sector nuclear desde el 15 de febrero, cuando una veintena de activistas de Greenpeace se coló antes del amanecer en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y la planta se convirtió en la casa de tócame Roque.
Los atuneros en el Índico portan ametralladoras enviadas por Defensa
Vigilantes con autoridad En apenas dos horas, y sin oposición de los agentes de seguridad, los ecologistas cortaron la valla, treparon a la torre de refrigeración y escribieron despacio y con letras gigantes «Peligro Nuclear». Según explican varias fuentes presentes en la reunión del jueves, la intención es que este fallo garrafal en la seguridad no se repita jamás. «Eran activistas de Greenpeace, pero podrían haber sido terroristas de ETA o de Al Qaeda disfrazados con monos naranjas», advierten.
Cofrentes defendió entonces su respuesta «proporcionada», ya que la ONG avisó a la central de que eran sus activistas los que iban colarse de manera «pacífica». Sin embargo, en privado la planta atómica admite que el fallo fue inadmisible y que sus vigilantes de seguridad no se emplearon a fondo para repeler a los activistas por miedo a acabar ellos mismos en prisión.
El sector y el CSN quieren agentes de la Guardia Civil en los reactores
Las compañías eléctricas, con el apoyo del CSN, quieren ahora reforzar la seguridad física de las centrales armando a sus vigilantes privados y también dándoles «autoridad», en línea con la normativa de EEUU. Los abogados de Interior, según las fuentes consultadas, estudian ahora posibles cambios en la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, entre otras, para introducir la excepción nuclear. En el caso de los atuneros, el Consejo de Ministros aprobó el 23 de octubre de 2009 el uso de armamento militar. Los vigilantes de seguridad privada a bordo de los barcos comenzaron a manejar entonces ametralladoras de 7,62 milímetros enviadas por el Ministerio de Defensa.
María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, que representa al sector atómico en España, aplaude el posible endurecimiento de las medidas de seguridad física en las centrales. «La necesidad de reforzar la seguridad para evitar intrusos es una de las lecciones aprendidas del asalto de Cofrentes», opina.
En aquella ocasión, según fuentes del sector, la primera dotación de la Guardia Civil tardó 15 minutos en llegar a Cofrentes. El segundo equipo, con los activistas de Greenpeace campando a sus anchas por las instalaciones atómicas, llegó 55 minutos después del asalto. El sector nuclear y el propio CSN plantean también acercar agentes del Instituto Armado a los reactores, una medida polémica, ya que implicaría destinar dinero público para vigilar intereses económicos privados. Los reactores españoles son propiedad de Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa y HC Energía. Sin embargo, las fuentes consultadas argumentan que poner a la Guardia Civil en la puerta de una central atómica es una medida similar a lo que ya se hace en los aeropuertos, donde los agentes acompañan a los vigilantes de seguridad privada, o en los grandes acontecimientos deportivos, en los que la Policía Nacional custodia los estadios.
Los resultados de las pruebas frente a ataques terroristas serán confidenciales
Al margen de la reunión del jueves, el CSN presentó ayer la segunda batería de pruebas que tendrán que superar los reactores españoles para seguir funcionando. Según la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, que compareció ayer ante la prensa por primera vez desde el accidente de Fukushima del 11 de marzo, las medidas van «más allá» de lo exigido por la asociación europea de organismos reguladores del sector atómico, la WENRA. Las nucleares tendrán que tener todo listo antes del 31 de diciembre de 2012 para «mitigar las consecuencias derivadas de un ataque externo de cualquier índole», incluido el impacto de un avión comercial en el edificio de contención, la estructura de hormigón que envuelve a los reactores. Al tratarse de un examen que dejará al descubierto los puntos flacos frente al terrorismo, sus resultados serán «confidenciales».
Choques «improbables» La directora técnica de Seguridad Nuclear del CSN, Isabel Mellado, explicó claramente en qué consistirán las pruebas: «Más que estudiar el impacto de un avión, hablamos de mitigar sus consecuencias». Las centrales atómicas españolas no tendrán que soportar el choque de, por ejemplo, un Boeing 747. Tendrán que ser capaces de controlar el desastre que se desencadenaría, sea por accidente o por ataque terrorista.
Las compañías eléctricas propietarias de los reactores tendrán que ser capaces de «minimizar las previsibles consecuencias de fuegos y explosiones de gran tamaño» que podrían sobrepasar las 48 horas de duración. Además, las centrales deberán poder «minimizar la emisión de material radiactivo al exterior» en caso de impacto de una aeronave, teniendo en cuenta que, como en Fukushima, la nube radiactiva podría convertir los reactores en inaccesibles.
El diputado socialista Hugo Morán lamenta que el CSN haya «interpretado» una decisión de Parlamento. En abril, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de Ley del PSOE en la que instaba al Gobierno a verificar la «resistencia de los sistemas de contención ante impacto de aeronaves (por accidente o ataque terrorista)». El CSN, un organismo independiente que no depende del Gobierno sino del Congreso, no ha incluido esta prueba, sólo la mitigación de los efectos de un choque «improbable».
Para Hugo Morán, el CSN «debe adoptar el acuerdo del Parlamento en todos sus términos». Alemania sometió a estos exámenes a sus 17 reactores y llegó a la conclusión de que no resistirían el impacto de un avión. El propio sector nuclear europeo, agrupado en Foratom, ha admitido que blindar las plantas atómica es imposible. «Si quieren que nuestras centrales sean capaces de aguantar el impacto de un avión Boeing 747, pues tendremos que cerrarlas todas», aseguró su director general, Santiago San Antonio.
Martínez Ten admitió ayer que el CSN no examinará frente a ataques terroristas a la central de José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), clausurada en 2006. Aunque actualmente está en proceso de desmantelamiento, al lado del reactor hay un almacén temporal con los residuos nucleares generados por la central desde que se conectó a la red eléctrica, en 1969. Martínez Ten aseguró ayer que «a lo mejor» debaten su inclusión en en el examen.
http://www.publico.es/ciencias/384958/las-nucleares-piden-armas-de-guerra-para-sus-vigilantes