En una intervención en diciembre de 2015 ante la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas, el director de la central nuclear de Cofrentes, Tomás Lozano, aseguraba que Iberdrola, propietaria de la planta nuclear, no tenía intención de solicitar los permisos para construir un almacén que albergara los residuos de la central. Pero apenas […]
En una intervención en diciembre de 2015 ante la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas, el director de la central nuclear de Cofrentes, Tomás Lozano, aseguraba que Iberdrola, propietaria de la planta nuclear, no tenía intención de solicitar los permisos para construir un almacén que albergara los residuos de la central. Pero apenas un año después, la compañía eléctrica anunció los primeros trámites administrativos para la implantación del almacén, por las limitaciones -argumentó Iberdrola- de las piscinas donde actualmente se depositan los residuos radiactivos. La central nuclear de Cofrentes comenzó a operar en 1984, y cuenta con autorización de funcionamiento hasta 2021. Sin embargo, advierten las organizaciones ecologistas, el técnicamente llamado Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos esconde también otra pretensión: prolongar la vida de la central de Cofrentes más allá de 2024, año en que debería clausurarse por cumplir los 40 años de funcionamiento estipulados para las nucleares.
La Plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a más de una decena de organizaciones ecologistas, sindicales y movimientos sociales, ha organizado el 6 de abril un acto público en la Sociedad Coral El Micalet de Valencia sobre «la lucha por el cierre de las centrales nucleares». Ante la petición de Iberdrola al Ministerio de Industria para construir el ATI, Tanquem Cofrents ha promovido una moción contra el cementerio y por el cierre definitivo de la nuclear en 2021 (año en el que expira el actual permiso), para que sea aprobada por los municipios del País Valenciano. Según la plataforma, nueve ayuntamientos han aprobado la moción y en otros trece -entre ellos Valencia, Castellón y Alicante- se ha presentado para su discusión. Uno de los argumentos esgrimidos en el documento es que la central de Cofrentes mantiene actualmente las piscinas de residuos radiactivos «al 90%, y le queda espacio suficiente para almacenar los que producirá hasta 2021, cuando caduca el actual permiso de funcionamiento de la planta nuclear». Es más, señala la plataforma, «la central de Cofrentes debería haberse cerrado en 2011, tal como estaba previsto cuando se construyó; pero recibió un permiso ‘extra’ de otros diez años, un regalo de 10.000 millones de euros para Iberdrola».
Otro eje de las mociones es la seguridad. De hecho, la propuesta remitida a los municipios califica de «vieja» y «caduca» esta central ubicada a dos kilómetros del municipio de Cofrentes; y que, según Iberdrola, es la de mayor potencia eléctrica instalada en el parque nuclear español, con 1.092 megavatios (en 2016 produjo el 17% de la energía eléctrica de origen nuclear en España). Los grupos ecologistas señalan que esta planta nuclear diseñada a finales de los años 60, mantiene «miles de dispositivos y materiales en condiciones extremas de presión, temperatura y radiactividad». Ello aumentaría los riesgos de un «grave fallo», «que descontrole el reactor y origine otro accidente máximo que afectaría terriblemente a millones de personas». Durante los últimos años, sostiene Tanquem Cofrents, la nuclear valenciana contabiliza 25 paradas no programadas y más de un centenar de «incidentes» de seguridad, algunos con fuga de isotopos radiactivos.
Además de una decena de municipios, se ha hecho eco de estas reivindicaciones las Cortes Valencianas, que el 29 de marzo aprobaron -con el voto negativo del PP y la abstención de Ciudadanos- instar al Gobierno Central a que cierre la central nuclear de Cofrentes en 2021 y no autorice la construcción del ATI. La iniciativa fue presentada por los grupos parlamentarios del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. Mientras, se anuncian movilizaciones. En rueda de prensa convocada ayer, portavoces de la plataforma informaron de que el fin de semana del 5 al 7 de mayo tendrá lugar una Marcha a la nuclear de Cofrentes. Además, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y otras organizaciones sociales han convocado una manifestación el 10 de junio en Madrid para reivindicar el cierre de las plantas nucleares.
El acto celebrado en la Sociedad Coral El Micalet ha supuesto la presentación en Valencia del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), cuya asamblea fundacional se celebró en noviembre de 2015 en el barrio de Orcasitas (Madrid). En el primer encuentro participaron «históricos» del movimiento antinuclear, activistas que luchan hoy contra las centrales, miembros del movimiento ecologista y de las cooperativas de consumo de energía eléctrica, tanto en el estado español como en Portugal. Uno de los puntos básicos en la «agenda» fue plantear un calendario de cierre de las plantas nucleares en la Península Ibérica, a lo sumo cuando expiren los permisos de explotación que tienen concedidos, entre 2021 y 2023. El pasado cuatro de febrero centenares de activistas de España y Portugal participaron en el Primer Encuentro Antinuclear Internacional, organizado por el MIA en Lisboa. Al final de la jornada, en la que se debatió sobre el nexo entre la energía nuclear y la industria armamentística o la «nula independencia» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en comparación con el organismo homólogo en Francia, tuvo lugar una concentración frente al consulado de España en Lisboa.
«Nuestro sistema eléctrico hace que las centrales nucleares constituyan un negocio redondo», afirma el físico nuclear, portavoz del MIA y miembro de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. Si el coste de producción del megavatio-hora para las empresas se sitúa en torno a los 15 euros, en el mercado eléctrico se paga en promedio a unos 55. «Pagamos la electricidad nuclear cerca de cuatro veces lo que cuesta producirla, por ello las eléctricas intentan mantener abiertas las centrales durante otros 20 años», destaca el activista. A ello se agrega el notable monto en subvenciones. Si se suman los costes de transición a la competencia, el pago de la gestión de los residuos hasta 2005, del almacenamiento del uranio y por la moratoria nuclear, las subvenciones a la industria nuclear superan los 20.000 millones de euros. «Se trata de un apoyo escandaloso y sin precedentes a ninguna otra fuente de energía», apunta Francisco Castejón. El informe «El cierre de las nucleares españolas», publicado en abril de 2016 por el MIA, señala que las denominadas «subvenciones a las renovables» alcanzaron por el contrario un máximo de 10.000 millones de euros. El citado informe también revela que, tras la liberalización del sistema eléctrico en 1997, la inversión en el capítulo de seguridad dentro del parque nuclear español se redujo en un 50%.
El Movimiento Ibérico Antinuclear apuesta por un cierre «escalonado» de las centrales. ¿Es ello posible? Para obtener la respuesta, hay que comparar la potencia (eléctrica) total instalada, que asciende a cerca de 108.000 megavatios, y compararla con el punto máximo de demanda de energía eléctrica, 45.000 megavatios. El hecho de que la potencia total sea más del doble que los picos de consumo, señala que sí existe margen para el cierre. Otra de las cuestiones es por qué se plantea hoy la batalla antinuclear en una dimensión «ibérica». Castejón pone el ejemplo de las iniciativas con impacto en España y Portugal, como el proyecto de almacén de residuos radiactivos de la nuclear de Almaraz (Cáceres), central de la que son propietarios Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa. El pasado 30 de enero Ecologistas en Acción y otras organizaciones presentaron un recurso de alzada ante el Ministerio de Energía y Turismo contra la autorización del almacén y la Declaración de Impacto Ambiental positiva. El recurso obedece a que el ejecutivo español no consultó al Gobierno de Portugal sobre el proyecto de almacenamiento, pese a lo establecido en tratados internacionales y directivas europeas respecto a impactos transfronterizos.
Otro caso de afección compartida es la apertura de la mayor mina de uranio de Europa en el municipio de Retortillo (Salamanca), a cargo de la compañía minera australiana Berkeley. Entre otros impactos ambientales, destaca el que se produciría sobre el espacio integrado en la Red Natura 2000 «Ribera de los ríos Huebras, Yeltes, Uces y afluentes»; o el daño sobre montes de dehesa de elevado valor ecológico y cultural. El movimiento ecologista ha denunciado que con los movimientos de tierras se incrementarían las partículas de uranio suspendidas y la concentración de radón, un elemento químico también radiactivo. El pasado cuatro de abril la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León en Salamanca suspendió el proceso de autorización de uso excepcional en suelo rústico para este proyecto minero, informó Europa Press. Mientras, ¿cuál es el panorama general de la industria nuclear a escala global? A preguntas de los periodistas, Francisco Castejón subraya que la catástrofe de Fukushima, de la que recientemente se ha cumplido el sexto aniversario, «puede tener un impacto más negativo para la industria que el de Chernobil».
El informe «Fukushima. El accidente y sus secuelas» (Ecologistas en Acción, marzo de 2017), del que es autor Castejón, detalla que la producción nuclear mundial se redujo un 7% en 2012 respecto a 2011, el año del accidente de Fukushima, y un 10% si se compara con 2010. Ello se debió sobre todo al cierre de ocho reactores en Alemania y a la parada de todo el parque nuclear japonés. «En estos momentos la producción nuclear se encuentra en niveles de 1999», resalta el documento. Si se reduce la lente, a escala urbana, el portavoz del MIA destaca iniciativas como las del Ayuntamiento de Barcelona, que en el plenario del 31 de marzo aprobó los últimos trámites para la creación de una empresa comercializadora pública de energía eléctrica, «Barcelona Energia». A finales de 2018 la nueva compañía, que ha manifestado su compromiso contra la pobreza energética, podrá dar servicio hasta a 20.000 hogares. La energía eléctrica procederá exclusivamente de fuentes renovables. En la calle, Francisco Castejón marca el hito del 11 de junio de 2016, cuando 2.000 personas participaron en Cáceres en una manifestación contra la nuclear de Almaraz. De Portugal llegaron una docena de autobuses y cerca de 600 personas, a una jornada que organizó el MIA y apoyaron más de 40 organizaciones. A la conclusión, una gran pancarta se extendió sobre la Plaza Mayor de la capital extremeña: «Por un mundo sin nucleares».
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