Del 13 al 18 de diciembre, tiene lugar la VI. Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong. Este evento tendrá enormes repercusiones. Después de seis años de luchas contra la OMC, importantes conflictos de intereses entre los 148 estados miembros así como varios intentos de los gobiernos y las empresas […]
Del 13 al 18 de diciembre, tiene lugar la VI. Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong. Este evento tendrá enormes repercusiones. Después de seis años de luchas contra la OMC, importantes conflictos de intereses entre los 148 estados miembros así como varios intentos de los gobiernos y las empresas multinacionales de «resucitar al herido de muerte» luego de cada cumbre fracasada, podemos decir que la OMC no tiene legitimación alguna para decidir sobre el futuro de la población mundial. Hoy las movilizaciones sociales en todo el planeta están marcadas por el rechazo total a los valores económicos globalizados y a las consecuencias derivadas de los acuerdos comerciales internacionales. Se demanda una economía al servicio de la sociedad. Las clases populares, los más golpeados por la miseria, se niegan a creer el discurso acerca de los «enormes beneficios que el libre comercio otorgará a los pobres». Las consecuencias directas de la «liberalización comercial» van desde el desplome de los precios agrarios internacionales, a la inundación de los mercados locales con productos de precios irrisorios eliminando la subsistencia de millones de personas, a la destrucción de la manufacturación artesanal y el empleo, hasta la privatización de las fuentes energéticas y los servicios públicos (salud, educación, agua potable, etc.). Las recientes Directivas Europeas, como por ejemplo la llamada «Bolkestein», avanzan en esta línea.
El derecho de los pueblos a definir su propio modelo de sociedad y a implementar aquellas políticas más acordes con su realidad y con sus objetivos de bienestar humano, se está viendo socavado por un modelo único que impulsa la privatización y mercantilización de todos los bienes y recursos. A las personas se les niega el derecho a la vida y se les desposea de sus libertades y su capacidad de decisión. Y la humanidad se enfrenta a una crisis ecológica de gran magnitud a causa de nuestro modelo de producción y consumo. Solo una minoría de los países «desarrollados», en especial los centros financieros y las grandes empresas multinacionales son los únicos beneficiados del sistema comercial que representa y profundiza la OMC.
Hacernos creer que el comercio internacional será el «motor para el desarrollo» y decir que la liberalización que se pretende será fundamental en la lucha contra la pobreza es una gran falacia. Ningún país es estable sin una política tendente a fortalecer su propia estructura económica y social interna ni olvidando los mecanismos de redistribución de la renta y de equidad. Ningún pueblo alcanza su bienestar si se los roba sus riquezas, si su economía depende del exterior o su medio ambiente se deteriora.
Las organizaciones sociales, de agricultores, consumidores, ecologistas, políticas, sindicales y ONGs para el desarrollo que firmamos este manifiesto queremos expresar de nuevo nuestro rechazo a la OMC y al proceso de fortalecimiento e imposición de sus decisiones no democráticas en el mundo. Es necesario situar a la OMC en su justo lugar, para situar también al comercio internacional en su justo lugar. La historia de la OMC nos permite decir que si sus consecuencias son desastrosas para la población mundial y el medio ambiente, no existe ningún motivo para mantener su existencia. El comercio internacional, guiado hoy por los intentos de eliminación de toda regulación y control de las reglas de intercambio, no soluciona la pobreza y la exclusión que padece el 70% de la humanidad.
Las políticas de la OMC provocan desempleo y la erosión de bienestar social. Teniendo en cuenta que las mujeres realizan más de la mitad del trabajo en el campo, la industria y los servicios, reciben sin embargo una remuneración mucha más baja que los hombres, son ellas quienes sufren en mayor proporción la degradación de las condiciones laborales, la desprotección y la precariedad.
Las organizaciones firmantes de este manifiesto, con nuestra trayectoria y compromiso de años por un medio rural vivo tanto en el Norte como en el Sur, queremos destacar de nuevo el terrible impacto que la OMC está teniendo sobre campesinas/os, ganaderas/os, pescadoras/es, indígenas, y trabajadoras/es rurales sin tierra que hoy representan el 75% de los pobres del mundo. En lugar de luchar contra la pobreza, la OMC a través de sus acuerdos multiplica el hambre, las desigualdades y la exclusión de millones de personas del acceso a bienes comunes y recursos productivos tales como la tierra, el agua, los peces, las semillas, las tecnologías y el conocimiento. Lo que impide tener una vida digna y obliga a millones de personas de emigrar del campo a la cuidad o, incluso, a países lejanos, poniendo en riesgo su propia vida, como ha quedado patente tras los asesinatos de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Los miles de personas que mueren cada año en las fronteras de la
Unión Europea (UE) son consecuencia de las políticas migratorias que violan el derecho a la libre circulación y el Convenio de Ginebra para la protección de refugiados. En el ultimo eslabón de las políticas comerciales internacionales los migrantes que consiguen «saltar la valla» se convierten luego en «esclavos» de una economía informal que les declara personas de «segunda» sin el derecho a tener derechos.
De cara a la próxima cumbre en Hong Kong la OMC dividió los países del Sur (quienes hace dos años se negaron en bloque a las imposiciones de la UE y EEUU) y acordó tres temas principales: la agricultura, los productos no agrícolas o industriales y los servicios. Aunque la agricultura sigue siendo el asunto primordial en la actual ronda de negociaciones, por lo que respecta a la UE y a EEUU el interés primordial es el de conseguir el mayor acceso al mercado de los servicios y de los productos industriales para sus respectivas multinacionales. La Comisión Europea está dispuesto a utilizar la agricultura (que representa tan sólo el 2% del PNB de la UE) como moneda de cambio, perjudicando lo poco que queda de la agricultura familiar, si como contrapartida los países empobrecidos abren sus mercados de productos industriales y de servicios a los suministradores de servicios (que producen el 71% del PNB de la UE) y fabricantes multinacionales.
Por todo lo anterior las organizaciones firmantes pedimos:
1. La paralización de las negociaciones comerciales de la OMC hasta tanto no se efectúen unas evaluaciones sociales, laborales, ambientales, económicas y de género de los acuerdos ya adoptados desde 1995.
2. Que las normas comerciales estén sujetas al respeto de los derechos fundamentales de las/os trabajadoras/es frente a gobiernos o compañías que intenten ganar una ventaja injusta en el comercio internacional con la violación de las normas fundamentales del trabajo, consagradas en los acuerdos de la OIT.
3. Que las normas comerciales estén sujetas al respeto del derecho a un medio ambiente sano y limpio. El medio ambiente, las semillas, la biodiversidad, la sabiduría de los pueblos indígenas, el agua o el aire no son una mercancía.
4. En temas agrícolas:
– Que la agricultura y la alimentación salgan definitivamente de la OMC, y que su tratamiento sea debatido en el marco de la FAO como organismo específicamente destinado a estos temas por Naciones Unidas o en un marco local donde decidan las comunidades campesinas.
– La elaboración de un Convenio Internacional por la Soberanía Alimentaría como marco político orientador en el tratamiento de la agricultura y la alimentación a nivel global.
– Que las comunidades campesinas y los gobiernos mantengan su derecho a proteger, apoyar y promover sus sistemas locales de producción agropecuaria, apoyados sobre un modelo de producción basado en la explotación familiar sostenible, diversificada, destinada a abastecer los mercados interiores (como forma de luchar contra el hambre) y solidaria con el resto de los pueblos.
– A partir de las premisas anteriores, rechazamos que el acceso a los mercados tal como se está planteando en estos momentos se convierta en el tema central del debate agrario.
– La eliminación del dumping en las exportaciones agrarias. El principio que debe regir cualquier acuerdo internacional agrícola es que ningún producto pueda ser exportado a precios por debajo de sus costes reales de producción.
– Reclamamos la necesidad de desarrollar un Plan de Rescate Internacional de los precios de los productos básicos agrarios y de las materias primas, que remuneren de manera justa el trabajo de millones de campesinos y campesinas, pastores y pescadoras del mundo.
– Reclamamos la necesidad de políticas agrarias públicas en todo el mundo que tengan entre sus prioridades la regulación del mercado y el control de la producción. Rechazamos la actual Política Agraria Común (PAC) de la UE. Abogamos por una política agraria que asegure una producción agrícola sostenible para el consumo doméstico con un mejor reparto social y económico de las ayudas destinadas a las pequeñas y medianas explotaciones sostenibles con el objetivo de mantener el mayor numero de explotaciones agrícolas en Europa y frenar el despoblamiento del campo.
5. En lo que concierne al acceso de mercado de productos no agrícolas o industriales (que abarca incluso materias primas, productos forestales y de la pesca), denominado NAMA en la jerga de la OMC, que no se negocie ninguna baja de las tarifas aduaneras, ya que UE y EEUU únicamente quieren aumentar su cuota de exportación en sectores como electrónica, material deportivo, bicicletas, productos químicos, calzado, joyas y piedras preciosas, productos farmacéuticos y equipamiento médico, materias primas y productos forestales y de la pesca. Una nueva abertura de los mercados nacionales en los países del Sur supondría la pérdida de empleos, el deterioro de las condiciones laborales y el aumento de la pobreza.
6. No a la negociación de nuevos tratados relativos a inversiones o competencia. Las inversiones privadas en cualquier país deben estar sometidas a la legislación nacional en cada país, y ésta debería impulsar en primer lugar la inversión y la industria locales, sometiendo cualquier inversión a los criterios y principios del respeto ambiental, la sostenibilidad y los derechos laborales. Un acuerdo multilateral destinado a favorecer las inversiones sin tener en cuenta lo anterior estaría aumentando la brecha entre Norte y Sur dentro de nuestro planeta.
7. Una moratoria sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y que se rechace el intento de la UE de acelerar la «liberalización» de un mayor número de servicios, adoptando un nuevo esquema de negociación complementario y multilateral mediante el cual los países de la OMC se verían obligados a comprometer de manera simultánea un número mínimo de sectores determinados, sobre una lista de aquellos considerados más importantes (fundamentalmente los relacionados con las infraestructuras: electricidad, agua, gas, transporte, telecomunicaciones, etc.). Que se excluya a los servicios públicos del comercio internacional, se prohíba las privatizaciones así como promover convenios entre entidades públicos para garantizar el acceso a los servicios esenciales, como la educación, la salud, la electricidad o la provisión de agua potable de todas las personas. Son las autoridades públicos quienes deben garantizar la prestación de todos los servicios públicos con calidad,
participación y cercanía a la ciudadanía.
8. Garantizar el derecho de las autoridades de proteger la salud pública y de promover el acceso a los medicamentos para todos, independientemente de la capacidad de producción local de cada país.
9. Una moratoria del Acuerdo General sobre Patentes de la OMC, que debe oponerse a todas las patentes sobre la vida, ya sean sobre genes, células o tejidos humanos, plantas, animales, microorganismos o cualquier otra forma de vida. La biodiversidad del planeta es un patrimonio de la humanidad que no puede ser utilizada para generar beneficios privados, mediante la apropiación de los conocimientos o recursos biogenéticos de las poblaciones autóctonas, mediante prácticas de biopiratería y desplazamiento.
10. La obligación de los gobiernos de proteger a los agricultores que no quieren cultivar, producir ni importar transgénicos y a los consumidores que no quieren comerlos acogiéndose al principio de precaución. Asimismo, debe ser aprobada una normativa eficaz que reconoce del derecho de las autoridades locales y regionales de declarar su zona libre de transgénicos, como estrategia de protección de su medio ambiente y paisaje, su cultura y patrimonio, sus semillas y prácticas agrícolas, su desarrollo rural sostenible y su futuro económico. Exigimos normas claras sobre la trazabilidad, el etiquetado y la publicidad de propiedades nutritivas funcionales o sanitarias de los alimentos, así como de la posible presencia de ingredientes transgénicos o derivados de ellos que asegure el derecho a la información y la elección de los consumidores y usuarios sobre lo que adquieren o toman.
11. Que los países empobrecidos no se dejen intimidar o manipular, que rechacen en bloque cualquier acuerdo en la OMC, no tienen nada que ganar, pero todo que perder. Otra cumbre fallado abre la oportunidad de reconducir la economía mundial en base de las necesidades de las sociedades.
Instamos a la ciudadanía y todas las organizaciones comprometidos con una mundo más justo a sumarnos a las movilizaciones que a nivel global tendrán lugar durante el tiempo que transcurrirá hasta la VI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Hong Kong entre los días 13 y 17 de diciembre. Nos solidarizamos con las personas y comunidades de todos los continentes que luchan contra la OMC y los acuerdos comerciales regionales, bilaterales y multilaterales.
Primeras firmas de organizaciones adherentes:
Acción Cultural Cristiana; ACSUR-Las Segovias; Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de IU; Asociación para la Recuperación de los Bosques Autóctonos-ARBA; ATTAC España; ATTAC-Madrid; Campaña ¿Quién debe a Quién?; Confederación General del Trabajo – CGT; CGT-Andalucía; Colectivo de Refugiados Colombianos en España; Confederación STES Intersindical; Cosal-Xixon; Derechos para Tod@s; Ecodesarrollo; Ecologistas en Acción; Esed; Espacio Alternativo; Espacio para Todos; Esquerra Unida del Paìs Valenciá; Esquerra Unida Mutxamel; Foro Ecológico del Perú; Foro Social de Madrid; Observatorio de la Deuda en la Globalización; Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad; Plataforma Canaria Pobreza Cero (Coordinadora de ONGDs de Canarias, Attac-Canarias, Ben Magec, MOC, Trótula Colectivo Feminista, Amnistía internacional, Canarias Alternativa, Intersindical Canaria, Asamblea ciudadana por los derechos sociales, Aula Manuel Alemán, Red EAPN); Plataforma por la
Defensa de los Servicios Públicos; Plataforma Rural (Amigos de la Tierra, Colectivos de Acción Solidarios, Caritas Española, Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganadera -COAG, Sociedad Española de Agricultura Ecológica, CERAI, CIFAES, Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios, Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural, Entrepueblos, Veterinarios Sin Fronteras, Sodepaz, Sodepau, Xarxa de Consum Solidari); Red África-Europa Fe y Justicia; Red Latina Sin Fronteras de Málaga; Sindicato Administración Pública-CGT; Sindicato Labrego Galego; Soldepaz Pachakuti; Picu Rabicu; Unión Cívica por la República (…)