La Agencia Tributaria actúa contra los pequeños defraudadores, pero no profundiza en la investigación del fraude cometido por los poderosos. Eso es lo que se desprende de las declaraciones del responsable del Sindicato de Técnicos de Hacienda José María Mollinedo a Diagonal. ¿Han afectado los recortes a las investigaciones contra el fraude fiscal? La política […]
La Agencia Tributaria actúa contra los pequeños defraudadores, pero no profundiza en la investigación del fraude cometido por los poderosos. Eso es lo que se desprende de las declaraciones del responsable del Sindicato de Técnicos de Hacienda José María Mollinedo a Diagonal.
¿Han afectado los recortes a las investigaciones contra el fraude fiscal?
La política de austeridad también se ha aplicado a la Agencia Tributaria. Aunque, a diferencia de otros servicios, en Hacienda el recorte ha sido del 10%, se ha notado en los fondos que se destinan a la investigación de delitos fiscales. Pero no repercute tanto en presupuesto, como la política que se decide llevar a cabo. De hecho, en los últimos datos de la Agencia Tributaria se afirma que la cifra de delitos fiscales ha disminuido respecto al último ejercicio. Pero esas cifras se refieren a las actividades que se deciden investigar: se hacen actuaciones generales en vez de actuaciones en profundidad, porque es muy probable que los expedientes que sean enviados por presuntos delitos fiscales, más difíciles de investigar porque hay interés de las defensas para que esas investigaciones no prosperen. Por eso no se incentiva ese tipo de investigaciones más complejas. Se persigue las que son más fáciles, porque se hace con fines recaudatorios.
Esa política no ha variado en muchos años. Básicamente el 80% de los efectivos hacen este tipo de trabajo. Así podemos liquidar una deuda, de los dos o tres últimos años, de unos 20.000 o 30.000 euros, con lo que se hace un buen roto a un pequeño comerciante, pero eso difícilmente va a generar un expediente por delito fiscal. Dejar de ingresar cuotas de la Seguridad Social de más de 120.000 euros, eso no está al alcance de un pequeño comerciante, ni un trabajador. Corresponde a otros niveles de defraudación
¿Y las investigaciones sobre los grandes fraudes en qué quedan?
Que se descubran menos casos no quiere decir que haya menos. Conocemos menos casos porque se está poniendo el foco sobre un fraude que es muy sencillo de liquidar, sobre el fraude de pequeñas irregularidades, y así se asegura el cumplimiento de los objetivos recaudatorios de la Agencia Tributaria. El fraude más complejo es el de las grandes empresas, las grandes fortunas, el de personas que se han acogido a la amnistía fiscal. Esas personas lo han hecho porque sus prácticas no han sido detectadas antes o están ya siendo investigadas.
El perfil medio del ciudadano a quien estamos requiriendo nos muestra que lo que hacen son pequeñas trampas, irregularidades que saltan en la pantalla entre una base de datos y la información declarada. Quien deja rastro es que no está bien asesorado y, normalmente, es un pequeño contribuyente, no una multinacional o una gran fortuna. Según nuestras estimaciones, el 71% de la evasión fiscal es responsabilidad de grandes compañías. El fraude de esas grandes empresas es muy sofisticado, lo realizan las direcciones financieras o las secciones de impuestos de cada compañía, con sus asesores y la propia dirección.
¿El Gobierno tiene voluntad de localizar a los grandes defraudadores?
Hasta la fecha no. Sí hay proclamas públicas, pero lo mismo han hecho otros gobiernos. Han dicho que iban a perseguir con ahínco el fraude más complejo, el de los paraísos fiscales, pero eso no deja de ser publicidad institucional. ¿Cómo es posible que aumente la lucha contra el fraude y éste siga aumentado? Eso se explica en los datos de la Agencia Tributaria, el 81% de la evasión fiscal queda impune.
¿Qué opinión tienen sobre la amnistía fiscal aplicada por el Gobierno?
Somos muy críticos. No sabemos qué ha motivado al Gobierno a aprobar la amnistía fiscal. Tenemos ya tres precedentes de amnistías fiscales y dos amnistías laborales que nunca han cumplido las expectativas. Si miramos la serie histórica desde los ’80 (con dos amnistías, y otra en el ’77), lo que está claro es que el fraude sigue aumentando.
La experiencia nos dice que quienes se han acogido a la amnistía fiscal han sido personas que estaban siendo investigadas fiscal o administrativamente. Y antes de que fueran descubiertas se apuntan a una amnistía. En la actualidad lo estamos viendo en unos casos muy notorios, como el caso Nóos o el de Bárcenas. Pero eso no significa que esas personas vayan a variar su comportamiento. Piensan: «Antes de correr un riesgo, porque ya estoy siendo investigando, vamos a minimizarlo. Si me descubren, ya lo hemos minimizado, y si no nos descubren, ya hemos hecho la inversión».
Se han recaudado 1.200 millones de euros, la mitad de lo que el Gobierno esperaba, con la amnistía de los tres ejercicios (2008, 2009 y 2010) porque la mayoría de las declaraciones que se presentaron en el último mes de noviembre de 2012 ya habían prescrito el año 2007. De los ejercicios de esos tres años sólo afloraron 50 millones de euros. Con lo cual, si comparamos la evasión de esos tres años, en torno a 55.000 o 60.000 millones de euros por año, estaríamos hablando unos 180.000 millones de evasión tributaria frente a 1.200 millones de pago tributario. Si ponemos en relación esas cifras, parece poco, insignificante, con todo el coste político y mediático que ha supuesto la amnistía fiscal y el deterioro de la opinión ciudadana. Como secretario del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), creo que no ha merecido la pena hacer todo ese proceso tan mal organizado.
¿Cómo se informó de la amnistía a los empresarios?
El Gobierno ‘vendió’ la amnistía con dos informes de la dirección general de tributos y explicado en las principales sedes en las cámaras de comercio a través de charlas las bondades de acogerse a la amnistía fiscal.
¿Qué opina sobre la prescripción de los delitos fiscales a los cinco años?
Debería ampliarse a diez años de forma general. Desde enero entra en vigor la prescripción a los diez años para tres casos de delitos considerados agravados. Pero, si la Agencia Tributaria tiene prescripción administrativa de cuatro años desde que finaliza la declaración de los supuestos defraudadores, ¿quién va a ser el que investigue esos presuntos delitos fiscales? Además, si la persona reconoce que ha cometido el delito, a los tres meses desde que se le abre el auto de imputación, y paga, se reduce dos grados la imputación. Estamos hablando del mínimo; si el delito se castiga con menos de un año de prisión, ya no entraría en prisión.