Lorenzo Gabrielli, doctor en ciencias políticas, investiga las migraciones entre África y Europa en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, y en la Universidad de Burdeos (Francia). Durante la pandemia teletrabaja desde Tenerife, así que vive de cerca la actual crisis migratoria en Canarias. Pero dice que no es una crisis. «Las entradas por vías informales existen desde hace treinta años, demasiado tiempo para hablar de crisis. Toda la evidencia científica apunta a que si seguimos tratándolas como emergencia no impediremos las llegadas y además aumentaremos las muertes. Los migrantes usarán rutas más peligrosas y se expondrán a más violencia».
Gabrielli recuerda
que «Europa necesita inmigrantes, sin los que han llegado a
España en la última década hoy el país se pararía». Aboga
por «políticas que establezcan canales formales de
reclutamiento de trabajadores entre Europa y su entorno, además de
canales seguros para los refugiados».
Es uno de los
firmantes de una carta
abierta remitida este año por más de 250 investigadores en
migraciones a la Comisión Europea que se declaran «preocupados»
por unas políticas migratorias que ignoran el conocimiento experto
que las propias instituciones europeas han financiado, y piden un
«cambio radical» e inmediato.
¿Habría un ‘efecto llamada’ si se las lleva a la Península?
Lo que sabemos es que bloquear a los migrantes en ‘espacios limbos’ para evitar un supuesto efecto llamada no funciona. Se ha hecho en Ceuta y Melilla y la gente no ha dejado de venir. Y deportarlas… Deportar a 7000 personas es muy caro: la estancia previa al traslado, el viaje en sí, las fuerzas de seguridad que acompañan… Y están los costes diplomáticos. España deporta a Mauritania, por ejemplo; pero en este caso Mauritania es solo un país de paso, así que solo acepta colaborar a cambio de compensaciones directas o indirectas, con contrapartidas económicas de alguna clase. Son costes diplomáticos importantes. Es decir, más allá de la ética, las deportaciones tienen costes muy altos.
¿A qué se refiere con la ética de las deportaciones?
Al fin y al cabo el delito que han cometido estas personas es administrativo, no penal, por eso los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) supuestamente no son cárceles, sino lugares donde se puede estar como máximo 60 días, el tiempo máximo del que dispone el Estado para organizar la deportación. Y no hay que olvidar que deben poder pedir asilo, que es un derecho básico, y eso no siempre parece cumplirse.
¿Por qué ahora se ha reactivado la ruta canaria para entrar en Europa?
Una razón muy simple es que otras rutas no son practicables. Cruzar por el norte no se puede porque en marzo Marruecos cerró las fronteras por la pandemia. Y muchos de los que llegan ahora son marroquíes y argelinos, algo que no pasó en 2006 [cuando llegaron a Canarias más de 30.000 personas en cayucos]. Tiene que ver con la situación de Marruecos en el Sáhara, entre otros factores, incluida una economía afectada por la pandemia.
En las salidas por Mauritania y Senegal probablemente influye la crisis en el sector pesquero, relacionada con los acuerdos de pesca con terceros países, entre ellos Europa. Son acuerdos que parten de una mentalidad extractiva, que no tiene en cuenta la economía local o la sostenibilidad. Esto ya fue un elemento importante en 2006.
¿Por qué parece haber pillado a todo el mundo por sorpresa?
El aumento de llegadas a Canarias ya empezó el año pasado. Es un fenómeno cíclico y no debería sorprender. Es una consecuencia de la estrategia europea de externalización del control de fronteras al Norte de África, algo que no frena la migración, solo refuerza a las mafias y hace que las rutas sean más peligrosas. No es lo mismo cruzar el Estrecho que pasarse diez días en el océano en una piragua. La reactivación de la ruta canaria es un efecto de las políticas represivas con las migraciones.
Estas políticas se presentan como un esfuerzo por combatir las mafias.
Los migrantes no siempre caen en manos de grandes redes con estructura de mafia; también hay organizaciones más locales, gente que conoce el terreno o el mar, y que ayuda a cambio de una compensación económica. No todo son grandes mafias de tráfico de personas. La narrativa de los gobiernos es que protegen a los migrantes luchando contra las mafias, pero no es así. Tratan de reprimir la migración y lo que consiguen son más muertes.
¿No se frenan los flujos?
No. Sobre esto se ha hecho mucha investigación. La política migratoria europea genera más víctimas y refuerza las mafias. Son leyes de mercado: si la demanda [los migrantes] es estable y el producto [llegar a Europa] es más difícil de conseguir, su precio aumenta. El facilitador pide más dinero y tal vez se vuelva más violento. También aumenta la violencia de los controles en los espacios de tránsito. Tenemos evidencias que demuestran que tratar los flujos migratorios como una emergencia no lleva a nada. El riesgo para la vida de las personas no ha disminuido, sino lo contrario.
¿Cuáles son las evidencias?
Basta con evaluar los resultados de las políticas migratorias, cualitativa y cuantitativamente. Si el objetivo es frenar las llegadas informales, los datos demuestran que no se ha conseguido. Además, con la externalización del control de sus fronteras, Europa se ha puesto en una situación incómoda, en la que puede depender de la colaboración de regímenes poco o nada democráticos.
¿Por qué en su opinión no hay una “crisis migratoria”?
Me llama la atención que se siga hablando de ‘crisis’ cuando esto ocurre desde los años noventa, cuando se impone la obligación de visado para los ciudadanos de países del Norte de África y se crea el espacio Schengen. Una crisis implica ruptura del statu-quo, un evento inesperado; algo que existe durante 30 años no lo es. Estamos ante un elemento estructural del espacio euroafricano y del Mediterráneo. En tres décadas las políticas reactivas y de emergencias se han mostrado ineficaces —a la vista está— y perniciosas: más muertes, más violencia, más explotación por parte de organizaciones estructuradas, precaridad y explotación laboral, racismo, xenofobia.
¿Cuál es la estrategia adecuada, entonces?
Necesitamos canales formales para que la gente pueda venir legalmente. Se da la paradoja de que Europa necesita trabajadores. En la última década ha aumentado mucho la inmigración en España, y estas personas se han integrado bien en el tejido productivo. Entre 1985 (la primera LOEX) y 2005, hubo procesos de regulación extraordinaria cada tres o cinco años, es decir, no tenían nada de extraordinario, simplemente se necesitaban trabajadores. En el fondo, no crear canales formales viene bien, porque los costes del empleo bajan: a los trabajadores sin papeles puedes pagarles menos. Este tratamiento de ‘crisis’ permite justificar el trato que se da a los migrantes en el mercado de trabajo. Se les sitúa en posición de desprotección frente a su empleador y es peligroso para ellos denunciar la explotación porque están en situación irregular. No es como tener un contrato y cotizar a la seguridad social.
¿Por qué quienes llegan ahora a Canarias no entran como turistas?
A los europeos nos cuesta mucho entender esto. Antes que venir en patera pagando miles de euros y jugándose la vida, cualquiera prefiere comprar un billete de avión por mucho menos. Pero quienes llegan en patera no pueden porque no se les concede el visado. Si eres un empresario de un país africano no tendrás problema, pero si eres un estudiante o tienes un trabajo normal supondrán que quieres quedarte y te lo denegarán. Por eso, si se quiere luchar contra las “mafias” y reducir los riesgos relacionados con los procesos migratorios y el movimiento de refugiados, se necesita normalizar los flujos, permitir una movilidad más fluida.
¿Su postura es en general compartida por la comunidad de investigadores en migraciones?
Sí, existe un amplio consenso. Una muestra es la carta que hemos enviado a la presidencia de la Comisión Europea más de 250 investigadores en temas migratorios pidiendo una «revisión radical de las actuales políticas de movilidad y migraciones” en Europa. La mayoría investigamos en proyectos financiados por Europa, los proyectos que producen las evidencias sobre las que supuestamente se tendrían que basar las políticas.
Quiere decir que los gobernantes ignoran las evidencias que los expertos en migraciones recaban y presentan.
El cambio que pedimos en esa carta abierta no es fruto del posicionamiento ideológico de los investigadores, sino de amplias y sólidas evidencias científicas, acumuladas durante décadas. Pero cuando se llega a la toma de decisiones —tanto en el Consejo de la UE como en los países— parece que lo más importante son las agendas a corto plazo, el populismo, estrategias electoralistas o un uso instrumental del espectáculo migratorio constituido sobre las «crisis» cíclicas en las fronteras. Esto conduce a políticas que demasiado a menudo van en contra de los derechos humanos, de las convenciones internacionales y de las propias normas nacionales, configurando una suerte de estado de excepción de facto del que sufren las consecuencias las personas migrantes y refugiadas.