«Esto se pone malo, aquí dice que van a quitar la libreta», comenta un hombre ya mayor acodado en el mostrador de un pequeño establecimiento comercial de la capital de Cuba. «Bueno, para lo que sirve», replica bajito una señora que hace sus compras del mes. En rigor, a ninguno le falta razón y tampoco […]
«Esto se pone malo, aquí dice que van a quitar la libreta», comenta un hombre ya mayor acodado en el mostrador de un pequeño establecimiento comercial de la capital de Cuba. «Bueno, para lo que sirve», replica bajito una señora que hace sus compras del mes.
En rigor, a ninguno le falta razón y tampoco es un rumor. La cartilla de racionamiento, que distribuye desde la década de los 60 una canasta básica de productos a precios subsidiados por el Estado a toda la población cubana de 11,2 millones, tiene sus días contados, aunque no todos llorarán su muerte por igual.
El abastecimiento normado no satisface actualmente todas las necesidades alimentarias de la familia, aunque se considera aún importante para los sectores más vulnerables de la población cubana, como jubilados sin otro ingreso que sus pensiones o mujeres jefas de hogar de escasos recursos, entre otros.
«Es cierto que resuelve poco, pero al menos da seguridad tener para el mes la cuota de arroz, azúcar, huevo, algo de aceite y proteína sobre todo para los niños. La pregunta que se hace la gente es si cuando la quiten (la libreta) habrá productos y cuanto costarán», dijo a IPS Ana, una mujer de mediana edad que prefirió no dar su apellido.
La propuesta de «eliminación ordenada» de este sistema figura entre los varios puntos de fuerte impacto social incorporados en el «Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social» con vista al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), gobernante de esta isla caribeña desde 1959.
El texto será centro de debates populares entre diciembre y febrero.
El presidente Raúl Castro adelantó, citado por la prensa oficial, que no queda más alternativa que aplicar las medidas necesarias para resolver los problemas de la economía cubana. Pero también aseguró que el documento no es definitivo y exhortó a recoger meticulosamente todas las opiniones, porque quien va a decidir es el pueblo.
El proceso de consultas no es nuevo, aunque genera encontrados puntos de vista. Para algunos sectores, el resultado de esas discusiones no será sustantivo ni cambiará el curso de decisiones ya tomadas. Según fuentes menos condescendientes el proceso no pasa de ser un intento de «aparentar» participación popular donde no la hay.
Para Castro parece ser una manera de conocer y «sistematizar» lo que piensa y espera la gente de la «actualización» del modelo económico que se quiere acuñar en el congreso comunista y también asegurar el consenso social necesario para la terapia intensiva en que está entrando la población cubana.
Sobre todo porque medidas de ajuste como la reducción de medio millón de plazas laborales, la eliminación de gratuidades y subsidios estatales, el aumento de la carga tributaria, entre otras del mismo tenor, trajeron a la familia cubana una inquietud que las explicaciones oficiales no han logrado aminorar.
Para algunos analistas, no resulta casual que desde la convocatoria a la cita del PCC, el 9 de este mes, el mandatario cubano dejara claro que el proyecto era conocido por el ex presidente Fidel Castro, líder histórico de la revolución cubana, quien debido a su quebrantada salud dejó sus cargos en febrero de 2008.
Una semana después, el propio ex gobernante se reunió con estudiantes universitarios a quienes recordó que al enfermar en julio de 2006 delegó todas sus atribuciones. «Estoy contento y creo que el país está marchando, lo que tiene son todos estos desafíos», dijo en un comentario interpretado como apoyo a la gestión de su hermano menor.
Ahora es necesario «explicarle a la gente, ayudarla a razonar» sobre asuntos económicos a veces complejos, comentó a IPS una fuente académica que pidió no ser identificada. «A la vez, lo que digan las personas en los debates puede ayudar a enriquecer el texto Creo que esa es la idea», agregó.
Esta práctica fue ya usada en 2007, cuando Raúl Castro convocó, cuando aún ejercía internamente la Presidencia, a opinar en amplitud sobre su discurso del 27 de julio de ese año, en el cual reconoció las dificultades y carencias de la vida cotidiana, descartó soluciones a corto plazo y anunció cambios «estructurales y de concepto».
Un inventario extraoficial realizado en su momento por IPS mostró que la amplia gama de temas discutidos en esos debates abarcó desde el deterioro de los servicios gratuitos de salud y educación y la carestía de los alimentos y otros productos de primera necesidad, hasta el exceso de limitaciones y prohibiciones de todo orden en la vida de las personas.
Abundaron también demandas de ampliación del trabajo por cuenta propia (independiente del Estado, el mayor y casi único empleador), en lugar de frenarlo o limitarlo, apertura de cooperativas y pequeñas empresas y el trazado de un plan concreto para eliminar la doble circulación monetaria, entre muchas otras.
Castro dijo posteriormente que esas consultas en barrios y centros laborales fueron concebidas como un ensayo, pensando en el VI Congreso del PCC, postergado desde 2002 y convocado ahora para abril de 2011. Sus datos, aseguró, resultaron «muy útiles para el trabajo posterior de la dirección del país».
Los congresos se deben realizar cada cinco años y en ellos se trazan las pautas políticas, económicas y sociales del país para el lustro siguiente. En esta ocasión se concentrará en el tema económico y dejará los demás asuntos para una Conferencia Nacional que se celebrará posteriormente