Tras más de dos años desde la aprobación del Fondo de Compensación para Víctimas del Amianto, no se ha aprobado el reglamento imprescindible para su puesta en marcha. Las víctimas del amianto siguen teniendo que pasar calvarios judiciales y administrativos para resarcirles del daño injusto que han padecido, por la inacción del Gobierno español y la falta de presión de sus socios.
ELA y BIDELAGUN Fundazioa ven con preocupación el retraso de dos años en la puesta en marcha del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto, por lo que piden a los partidos políticos vascos que exijan al Gobierno español que cumpla sus compromisos para con las víctimas de amianto y apruebe el reglamento de desarrollo del que depende la puesta en marcha de la norma.
El 19 de octubre de 2022 se publicaba en el BOE la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Veía la luz así, tras un largo periplo parlamentario desde que fuera impulsada por el Parlamento Vasco hace más de una década, una ley necesaria para reconocer, resarcir y dar justicia a las víctimas de amianto. Llegaba tarde, según ELA, pues el Estado español no contaba aún en 2022 con un fondo para víctimas de amianto que sí existía, sin embargo, en estados como Francia, Holanda o Bélgica.
“Esta Ley nos fue vendida por el gobierno, y también por los partidos vascos que sostienen al Ejecutivo español, como el acto definitivo de justicia que las personas afectadas por este agente cancerígeno estaban buscando. Desde ese momento, las víctimas serían reconocidas y los largos procesos judiciales a los que se ven sometidas las personas afectadas y sus familias serían ya historia”, critica Pello Igeregi, responsable de Salud Laboral de ELA.
ELA recuerda que los 25 millones de euros para el Fondo de compensación y el inicio de actividades del mismo dependían de la aprobación de un reglamento que debería haber sido aprobado en enero de 2023, en un plazo de tres meses. “Estamos en enero de 2025 y ni el reglamento de desarrollo está aprobado ni el dinero del fondo puede ser cobrado por las víctimas de exposición a amianto”, denuncia David Pena, responsable de la Fundación Bidelagun que asesora e impulsa la Salud Laboral de ELA.
“Son los riesgos de hacer política a golpe de titular mediático y no en sede legislativa a través del BOE”, añade Igeregi. En esos días de octubre de 2022, desde la aprobación de la norma en el Senado, se pudieron leer en la prensa y a través de las redes sociales mensajes tales como “El fondo de compensación para víctimas del amianto será una realidad desde hoy”, es una ley “histórica” y otros similares, “propaganda”, según ELA, ya que dos años después no se ha implementado. Dos años en los que las víctimas siguen sin poder acceder al Fondo de Compensación.
Además de las críticas que ELA hace sobre la Ley 21/2022 sobre el fondo -restricción del acceso a las compensaciones a determinadas patologías, el plazo de prescripción de 5 años, cuantías más reducidas de las que se obtienen a día de hoy en los Juzgados, carencia de perspectiva de género en cuanto a las patologías o la necesidad de tener un reconocimiento administrativo o judicial previo, excepto en casos de Mesotelioma o Asbestosis, para acceder al fondo- Igeregi denuncia que “hayan fallado tan estrepitosamente en las formas, que ni se hayan cumplido los plazos previstos en la propia ley para su puesta en marcha”.
“Es imperdonable que cientos y cientos de personas afectadas por el amianto en Euskal Herria tengan que continuar sufriendo auténticos calvarios administrativos y judiciales para ver reconocida su enfermedad y ser resarcidas mientras estamos a la espera de que se apruebe un reglamento de desarrollo que permita que el Fondo de Compensación inicie sus actividades”, declara David Pena.