La negativa del Registro Civil de Argentina a inscribir este miércoles a una pareja de lesbianas con fines de matrimonio dio pie a un recurso judicial para reclamar que los homosexuales gocen de ese mismo derecho que los heterosexuales. «Exigimos los mismos derechos que el Estado reconoce a cualquier pareja heterosexual, de lo contrario […]
La negativa del Registro Civil de Argentina a inscribir este miércoles a una pareja de lesbianas con fines de matrimonio dio pie a un recurso judicial para reclamar que los homosexuales gocen de ese mismo derecho que los heterosexuales.
«Exigimos los mismos derechos que el Estado reconoce a cualquier pareja heterosexual, de lo contrario estaremos siendo discriminadas», dijo a IPS una de las solicitantes, María Rachid, quien junto a su pareja desde hace siete años, Claudia Castro, son integrantes de la agrupación lésbica La Fulana.
Convencidas de que serían rechazadas, las dos mujeres asistieron acompañadas por la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), María José Lubertino, y con abogados que ya redactaron un recurso de amparo «por discriminación» para presentar ante la justicia civil.
«El Inadi acompaña este reclamo de equiparación de derechos de parejas del mismo sexo, por eso vamos a pedir al juez intervenir en la causa como ‘amicus curiae’ (amigo del tribunal) y en paralelo recordaremos al Congreso Nacional que es necesario sancionar leyes que igualen estos derechos», precisó Lubertino. Esta figura judicial se refiere a terceros, ajenos a un litigio, que ofrecen su opinión para colaborar en la resolución de un caso.
La ciudad de Buenos Aires fue, en 2003, pionera en América Latina de una norma que prevé la unión civil de dos personas independientemente de su preferencia sexual rige desde 2003. No obstante, esa institución legal no regula el derecho de herencia, ni la adopción o la pensión por viudez en caso de muerte de uno de los cónyuges.
Estos últimos asuntos, que exigen cambios en códigos de jurisdicción nacional, son materia de un nuevo proyecto de ley de alcance para todo el país que ya fue presentado al Congreso Nacional legislativo por miembros de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), pero que aún no recibió tratamiento.
En diálogo con IPS, César Cigliutti, de la CHA, apoyó el planteo de Rachid y Castro ante la justicia. «Nosotros queremos instalar la idea de la unión civil a nivel nacional, porque nos parece un instituto superador, más ágil y moderno que el matrimonio, pero coincidimos en que todos tenemos los mismos derechos».
Es decir, para Cigliutti, las parejas homosexuales deberían poder elegir entre unirse en matrimonio o hacerlo bajo las normas de una futura ley de unión civil nacional. Esta opción por una u otra institución hoy sólo la tienen las parejas heterosexuales, y siempre y cuando vivan en el distrito de la capital argentina.
El matrimonio en Argentina está regulado por unos 300 artículos que incluye penalidades, como la figura del adulterio para casos de infidelidad, y los derechos a la herencia forzosa o la pensión por viudez. En cambio, la unión civil tiene la mitad de regulaciones y deja más libertad de acción a las parejas.
Respecto de la adopción, no está prohibido adoptar fuera del matrimonio. De hecho hay personas solas, parejas de convivientes e incluso del mismo sexo que lograron hacerlo, pero en estos casos el menor se otorga en guarda a uno de los miembros del dúo y en caso de fallecimiento la suerte del niño es así incierta.
Aún con estas limitaciones, numerosas parejas heterosexuales optaron por la unión civil desde que existe esa norma, por considerarla más moderna, y menos restrictiva de las libertades individuales que el matrimonio.
Según datos del Registro Civil, en 2006 en Buenos Aires se registraron 344 uniones civiles, 239 de las cuales fueron de parejas heterosexuales, 65 de varones y 40 de parejas de mujeres.
«Es una figura más moderna, que se prefiere al matrimonio porque el Estado interviene menos, la fidelidad no es obligatoria y hay menos trabas para deshacer el compromiso», explicó Cigliutti.
Pero en la medida en que no regula en situaciones de adopción, fallecimiento o herencia, no garantiza todos los derechos a los contrayentes. Eso es justamente lo que argumentaron Rachid y Castro, quienes se acogieron a la unión civil en 2003, poco después de que se aprobara la norma.
«Nosotras no queremos ser ciudadanas de segunda, nos parece fantástico que haya una ley de unión civil nacional por la que se pueda optar, pero mientras tanto debemos tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, derecho a la igualdad jurídica y derecho a la familia», subrayó Rachid a IPS.
Como ejemplo de la actual desigualdad, la mujer explicó que en caso de que ella pudiera conseguir un embarazo mediante inseminación artificial para formar una familia junto a Castro, su hijo o hija sería legalmente sólo de ella. Y si ella muere, Castro debería iniciar un juicio de adopción para solicitar la tenencia.
Para ampliar sus derechos, Rachid y Castro se presentaron ante el Registro Civil y pidieron fecha de matrimonio. La jueza que las recibió, Liliana Gurevich, fue la misma que celebró su unión civil hace más de tres años, y les manifestó que, aunque le hubiese gustado otorgarles una cita para casarse, la ley se lo impedía.
«Si bien el Código Civil no especifica que en el matrimonio se unen un hombre y una mujer, la doctrina indica que sólo es posible realizar la unión entre personas del mismo sexo», interpretó la jueza.
Los abogados de la pareja declararon entonces que apelarán a la justicia civil para exigir la «inconstitucionalidad» de la negativa argumentando que sus clientas están siendo «discriminadas» al no permitírseles casarse.
Florencia Kravetz, una de las letradas que asesora a la pareja, señaló que el recurso de amparo fue elaborado luego de estudiar las leyes de matrimonio entre homosexuales que rigen con distintos matices en otros países, como España y Bélgica, por ejemplo.