En el verano de 1945, en la Conferencia de Postdam (Alemania), Winston Churchill, Harry Truman y José Stalin declararon que rechazarían la solicitud de ingreso en las Naciones Unidas del régimen franquista porque «habiendo sido fundado con el apoyo de las Potencias del Eje (Alemania e Italia), no posee en vista de sus orígenes, […]
En el verano de 1945, en la Conferencia de Postdam (Alemania), Winston Churchill, Harry Truman y José Stalin declararon que rechazarían la solicitud de ingreso en las Naciones Unidas del régimen franquista porque «habiendo sido fundado con el apoyo de las Potencias del Eje (Alemania e Italia), no posee en vista de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su íntima asociación con los Estados agresores las condiciones necesarias que justifiquen su admisión». Si la URSS fue junto con México el único país que ayudó a la República durante la guerra de 1936-1939, Londres y Washington compartían la vergüenza de la llamada política de «no intervención», de haber abandonado a un gobierno democrático frente a la sedición de los militares fascistas apoyados por Hitler y Musolini.
Influyó también en la declaración de Postdam (asumida por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946) la ejemplar contribución de miles de españoles (comunistas, anarquistas, republicanos…) a la derrota del fascismo, en las filas del Ejército Rojo, en las columnas militares de la Francia Libre que entraron en París en el verano de 1944, en el maquis… Los republicanos españoles pensaban que la liberación de Europa atravesaría los Pirineos, sin embargo, no fue así y en pocos años las potencias occidentales eligieron al régimen franquista como peón en el marco de la «guerra fría».
Algo similar ha sucedido con la conocida como ley de memoria histórica. El Gobierno socialista se comprometió hace dos años a aprobar en esta legislatura un marco legal que diera respuesta a las demandas sociales de verdad, justicia y reparación para las centenares de miles de víctimas del fascismo y sus familiares y para ello Zapatero encomendó a su vicepresidenta primera la dirección de los trabajos de la comisión interministerial que se prolongaron durante un año y medio. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de julio ha defraudado las esperanzas de verdad, justicia y memoria, ignoradas por el Estado durante 70 años, y consolida el llamado «modelo español de impunidad».
Así, la Asociación de Descendientes del Exilio Español (presidida por una ex diputada socialista) ha declarado su confianza en que los grupos parlamentarios encuentren «un amplio consenso para profundizar, mejorar y completar las numerosas carencias, indefiniciones y temas abiertos de la iniciativa». Por su parte, la sección española de Amnistía Internacional califica el contenido del proyecto de ley en estos términos: «Es decepcionante, se aleja de las normas internacionales de derechos humanos, olvida la justicia, no repara adecuadamente a las víctimas y no avanza de manera sustancial en la búsqueda de la verdad».
Además de no anular los miles de juicios irregulares que llevaron a la cárcel o al paredón a miles de republicanos, el Ejecutivo ha hecho dejación de su responsabilidad de asumir la localización y exhumación de los más de treinta mil desaparecidos – muchos de ellos socialistas- sepultados en fosas comunes, cunetas… La desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad y en consecuencia ni prescribe ni puede ser amnistiado y fue en virtud de estos presupuestos que Pinochet fue detenido en Londres en octubre de 1998 a petición de la justicia española.
Además, el Gobierno tampoco ha tenido valor para poner fin al siniestro mausoleo de Cuelgamuros, construido con el trabajo esclavo de los presos políticos; todavía hoy, los restos del dictador que durante cuatro décadas impuso uno de los regímenes más represivos de Europa y del fundador del fascismo español yacen en un lugar privilegiado, perteneciente al Patrimonio Nacional.
Pero lo más decepcionante de este proyecto de ley es la ausencia de una reivindicación de la lucha y del sacrificio de varias generaciones de luchadores antifascistas. Si Italia o Francia honran permanentemente la memoria de sus partisanos o de sus maquisards, si su evocación es un conjuro frente a la sumisión de la burguesía al fascismo y la capitulación ante Hitler y el recuerdo amargo de Vichy, la democracia española tiene pendiente saldar pública y formalmente su deuda con quienes lucharon para su reinstauración: los obreros y los campesinos que se integraron en el Ejército Popular y que defendieron en el Jarama, en la Casa de Campo, en el frente de Aragón o en el Ebro la legalidad democrática; los militantes que en los oscuros años 40 de hambre y represión mantuvieron viva la llama de la esperanza al tejer las redes clandestinas partidarias; el valor de los guerrilleros antifranquistas; la lucha de los republicanos en la II Guerra Mundial; el ejemplo de los presos políticos, que mantuvieron altos sus ideales pese a cumplir penas que llegaron a superar los veinte años de presidio; los exiliados, que desde la lejanía, denunciaron el oprobio de la dictadura; las generaciones que se incorporaron a la lucha en los años 60 y 70, con un gran protagonismo de los trabajadores, que se organizaron en las Comisiones Obreras, del movimiento vecinal, de los estudiantes, de las mujeres que abrazaban la causa feminista… De esta memoria somos parte esencial los comunistas y, al contrario que el Gobierno, la reivindicamos con orgullo y como estímulo para avanzar hacia una sociedad más democrática, con mayor justicia social y, por supuesto, republicana.
En definitiva, el proyecto de ley de memoria histórica tiende a mantener el pacto de olvido de la Transición y es una claudicación evidente ante la ofensiva de una derecha social y política incapaz de romper su cordón umbilical con el franquismo.
El Partido Comunista de España, el único que tiene una secretaría federal de memoria histórica y cuyos militantes trabajan activamente en este frente de masas, principalmente en el Foro por la Memoria, considera que una verdadera ley de memoria histórica debería contener estos aspectos:
– Establecimiento de la nulidad radical de todos los procesamientos por motivos políticos desarrollados durante el franquismo. Es inaceptable que las sentencias de pseudo tribunales (nulos de pleno derecho) en el marco de procedimientos judiciales carentes de cualquier atisbo de legalidad ni de respeto a los más básicos principios de justicia y en aplicación de normas represivas de excepción sin ninguna posibilidad de defensa sigan proyectando sus efectos como cosa juzgada hasta el día de hoy.
– Intervención pública e institucional en las labores de localización, exhumación, identificación y divulgación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo. Determinación de un protocolo de actuación científica multidisciplinar que asegure la adecuada intervención en dichas exhumaciones, garantizando las identificaciones.
– Creación de un catálogo de monumentos franquistas y establecimiento de un plan para eliminarlos.
– Elaboración como directriz de obligatorio cumplimiento municipal de una relación de calles con denominaciones franquistas y su sustitución por otras democráticas.
– Impulsar institucionalmente la creación cultural que tenga como objetivo la difusión de la lucha antifranquista.
– Fomentar y dotar presupuestariamente las labores académicas y científicas destinadas a la investigación de los crímenes del franquismo, así como a la restauración y divulgación de la memoria de la lucha antifranquista.
– Análisis de los archivos policiales y/o militares respecto a la guerrilla antifranquista y reconocimiento del carácter militar de sus miembros, proporcionando los medios presupuestarios adecuados para que los supervivientes perciban las pensiones que les correspondan como tales.
– Reconocimiento y dotación de pensiones a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos durante el franquismo, tomando en consideración cada día privado de libertad a los efectos de cotización a la Seguridad Social en su escala más alta.
– Reconocimiento de los «niños de la guerra» y de sus descendientes, así como de los exiliados españoles y sus descendientes, y establecimiento por dicha ley de la nacionalidad española de origen de los mismos.
– Reconocimiento y rehabilitación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de orden público profesionales que se mantuvieron leales al Gobierno y a la República desde el 18 de julio de 1936. Esta rehabilitación debe contemplar la anotación en sus hojas de servicio de la defensa que realizaron del régimen democrático y de la Constitución de 1931.
– Creación de directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y establecimientos relacionados con la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista.
– Adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto hacia al tratamiento didáctico sobre la II República como referente de una cultura democrática. En el mismo sentido pero respecto al enfoque del alzamiento militar de 1936 y la posterior dictadura como referente de intolerancia y totalitarismo.
– Resolución definitiva de las incautaciones de bienes materiales realizadas a personas físicas y jurídicas por el régimen franquista.
Sólo así tendremos una ley de memoria histórica que permita cerrar las heridas abiertas hace ahora 70 años, cuando la agresión del fascismo nacional e internacional yuguló todo lo que significaba la II República: democracia, cultura, laicismo, progreso y justicia social.
* Francisco Frutos es el secretario general del Partido Comunista de España (PCE).