Varias organizaciones sociales, entre ONGs y movimientos campesinos, desde hace tiempo vienen trabajando en la elaboración de una de ley sobre el uso de agroquímicos. El objetivo principal de la misma es proteger a las poblaciones campesinas y al ambiente de los graves daños que desde hace tiempo produce el uso indiscriminado de estas sustancias. […]
Varias organizaciones sociales, entre ONGs y movimientos campesinos, desde hace tiempo vienen trabajando en la elaboración de una de ley sobre el uso de agroquímicos. El objetivo principal de la misma es proteger a las poblaciones campesinas y al ambiente de los graves daños que desde hace tiempo produce el uso indiscriminado de estas sustancias. Esta ley será tratada hoy (jueves) por la Cámara de Diputados en medio de fuertes presiones provenientes de diversos sectores.
La mayoría de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil que trabajan con este sector ha dado su apoyo a la propuesta que, si bien no es una solución total a los conflictos que se dan hoy en el campo, es un paso necesario en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la población paraguaya, principalmente rural, aunque también urbana.
Los grandes productores, sojeros en su mayoría, sin embargo, desde sus gremios amenazan con movilizarse y paralizar el país en caso de que la ley sea aprobada. Por supuesto, la falta de argumentos coherentes que expliquen su rechazo los obliga a afirmar absurdos como que «no hace falta una ley» ya que existen regulaciones suficientes en la materia y, al mismo tiempo, otros se ofrecen a redactar una nueva ley sobre el tema. En síntesis, lo que proponen es que las cosas se mantengan como están o que haya una nueva ley redactada por los principales responsables del deterioro de las condiciones ambientales y de la expulsión de comunidades campesinas paraguayas. Los sectores del gobierno afines a los productores sojeros también exigen el rechazo de la ley. No obstante, tanto el Dr. Evelio Cardozo, director del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud Pública, como la Dra. Graciela Gamarra, titular de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles, dieron su apoyo ejemplar a la iniciativa ya que afirman es urgente regular el uso de los agroquímicos debido a los numerosos casos de intoxicaciones que se registran cada año entre pobladores campesinos.
El rol que está cumpliendo la prensa es el que cabe esperar de un oligopolio mediático. Obviamente sentó postura a favor de los grandes productores y, cuando no excluye directamente el punto de vista campesino o científico, tergiversa con alevosía el discurso para confundir o engañar.
POJOAJU, una red de organizaciones civiles, y otras organizaciones campesinas, por su parte, han convocado a la ciudadanía en general a manifestarse en respaldo a la ley presentada.
De nuevo la disputa entre los derechos básicos del pueblo y el capital se juega en las cámaras del Parlamento. La renuncia, por parte de nuestros representantes, a regular el uso de estas armas biológicas que están aniquilando nuestros derechos, nuestra salud, nuestros bienes naturales, nuestras vidas y nuestra soberanía, sería una muestra más de que la democracia no es sino una ilusión óptica que apaña lo salvaje de la economía capitalista.
Algunas imágenes elocuentes sobre agrotóxicos y salud:
http://picasaweb.google.com/diesegovia/QuiNDijoQueHaceFaltaRegularElUsoDeAgrotXicos
Diego Segovia
BASE Investigaciones Sociales