La revista estadounidense The Nation, que goza de gran prestigio en el mundo intelectual de EEUU por su rigor y por su actitud crítica hacia la «sabiduría convencional del país», publicó un artículo («How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation», The Nation, 29.03.18) de un enorme interés que […]
La revista estadounidense The Nation, que goza de gran prestigio en el mundo intelectual de EEUU por su rigor y por su actitud crítica hacia la «sabiduría convencional del país», publicó un artículo («How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation», The Nation, 29.03.18) de un enorme interés que está causando un gran debate en ese y otros países, debate que lamentablemente no se ha dado en España. En este artículo sus autores, Mark Hertsgaard y Mark Dowie, detallan cómo la industria de los móviles (cell phones) ha menospreciado sistemáticamente la evidencia de que los móviles pueden producir cáncer de cerebro en quienes los utilizan. Y documentan que, debido al gran poder de esta industria y su gran influencia sobre organismos nacionales e internacionales como el gobierno de EEUU, gran número de los gobiernos de los países de la Unión Europea, la Comisión Europea e, incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), se está minimizando el riesgo que la utilización de tales móviles tiene para la salud de la población, y muy en particular para los niños, niñas y adolescentes (aconsejo la lectura del artículo, del cual extraigo la mayor parte de datos presentados en este ensayo).
La historia parece repetirse: recuerden lo que pasó con el tabaco y con las energías no renovables
Es de sobras conocido que la industria tabacalera tuvo un papel clave en negar primero y trivializar después la evidencia del impacto negativo en la salud de la gente (incluyendo la producción de cáncer de pulmón) de fumar tabaco. Tal campaña retrasó el reconocimiento de este daño durante varias décadas, aplazando con ello las medidas públicas de intervención para disminuir y eliminar el enorme perjuicio causado por el tabaco en la salud de la población. Una situación semejante ocurrió con la utilización del carbón, petróleo y gas, cuyas industrias productivas y distribuidoras negaron (y algunas continúan negando) que el empleo de tales sustancias estuviera elevando el calentamiento del planeta a niveles alarmantes. En ambos caso, sin embargo, la evidencia científica acumulada ha ido dando la razón a los que ya hace años alertaron de los perjuicios que el consumo de tales sustancias podría generar en la salud del planeta y de su población. Parece que, según apunta este artículo, algo semejante podría estar ocurriendo ahora con los teléfonos móviles. Hay evidencia de que su uso puede tener efectos nocivos, incluyendo los cánceres de cerebro en el lado donde se utiliza el móvil.
Cómo comenzó a notarse que podía haber un problema con los móviles
La historia comenzó cuando se introdujeron y se permitió su uso en el mercado estadounidense en 1983. Diez años más tarde, 1993, había seis suscripciones a móviles por cada 100 habitantes en EEUU. Era el inicio de una enorme expansión. Fue en este año, sin embargo, cuando un ciudadano David Reynard llevó a los tribunales a la NEC American Company alegando que la utilización del móvil había causado un cáncer de cerebro a su mujer. Cuando el caso apareció en los medios, incluyendo la televisión, creó una enorme alarma y el valor de tales compañías en la bolsa bajó en picado.
Fue entonces que la industria respondió y creó, dos años más tarde, el Wireless Technology Research Project (WTR), el centro de investigación más grande (financiado con 28 millones de dólares) para investigar la seguridad (safety) en la utilización de los móviles. La creación de tal agencia privada de investigación fue acogida con grandes reservas por parte de la comunidad científica, pues es de sobras sabido que cuando tales institutos de investigación están financiados por las industrias que se benefician de la venta del producto analizado tienen escasa credibilidad, ya que sus estudios casi siempre acaban avalando los puntos de vista de las empresas que los financian.
La predecible respuesta de la industria del móvil
La experiencia de lo que ocurrió con el tabaco y con las «energías no renovables» enseñó a las industrias que, frente a la evidencia científica que cuestiona la salubridad de sus productos es aconsejable no negar tal evidencia pero en su lugar señalar que la evidencia no es suficientemente concluyente. Así, frente a cada estudio que presenta evidencia de que sí crean alteraciones biológicas como cánceres, la industria presenta otros tantos que no muestran tal evidencia, creando así la impresión de que no se puede llegar a una conclusión. Así, según el artículo, cuando el investigador Henry Lai analizó 326 estudios realizados entre 1990 y 2005, vio que un 56% mostraban que había un efecto biológico en el usuario como resultado de la radiación producida por el móvil, pero a la vez señalaba que un 44% concluyeron que no lo había. Pero cuando Lai recategorizó los estudios según estuvieran o no financiados por la industria, dichos porcentajes variaron: un 67% de los estudios financiados de forma independiente encontraron un efecto biológico, mientras que apenas el 28% de los estudios financiados por la industria llegaron a la misma conclusión. Tal estudio fue replicado y publicado en la revista Environmental Health Perspectives, que llegó a la conclusión de que los estudios financiados por la industria eran 2,5 veces menos favorables a la tesis de daño que los no financiados por la industria.
El objetivo de la industria era y es mostrar que la evidencia del daño que podría causarse no es definitiva
Ahora bien, lo importante para la industria es promover la opinión de que la evidencia no es concluyente. Pero en cualquier caso, cabe resaltar, como señalan los autores del artículo, que las compañías de seguros no han querido asegurar a las empresas de producción y distribución de móviles en cuanto a daños biológicos (cáncer o cambios genéticos) producidos por los móviles.
Como bien reconocen los autores del artículo citado, no hay pruebas definitivas de tal daño. En realidad, su artículo no está orientado a presentar la evidencia existente sobre tal daño, sino a cómo la industria del móvil está oponiéndose a que se informe objetivamente a la población, pues lo que es fundamental es que se sepa que hay un riesgo frente al cual la población puede protegerse. Citan así a la doctora Annie Sasco, ex directora de epidemiología para la prevención del cáncer del Instituto Nacional de Salud e Investigación Sanitaria de Francia, que ha indicado que «la ausencia de evidencias concluyentes de que una nueva tecnología pueda tener efectos nocivos no significa que haya ausencia de riesgo». De ahí que, en base a que exista tal riesgo, Francia haya tomado una serie de medidas para proteger a los grupos más vulnerables como la infancia y la adolescencia. Y medidas semejantes han sido tomadas en el Reino Unido.
En EEUU, sin embargo, la enorme influencia de un grupo industrial (que incluye nombres tan notables como Apple, AT&T, Motorola, Ericsson, Nokia, Samsung, Sony, GSMA y Deutsche Telekom) en el gobierno federal explica que su agencia reguladora, la Federal Communications Commission, no haya favorecido la adopción de medidas correctivas -como ha aconsejado la Academia Americana de Pediatría-, como la de prevenir el efecto nocivo en niños y mujeres embarazadas.
La evidencia es que el móvil puede ser un factor de riesgo para la salud y esto no se comunica
Hoy, 95 de cada 100 adultos en EEUU tienen un móvil, en una industria que solo en 2016 tuvo unas ventas de 440.000 millones de dólares en el mundo. Y los gobiernos y organismos internacionales han sido especialmente pasivos en relación con este tema. La Organización Mundial de la Salud clasificó por fin el móvil como un «posible» carcinógeno humano en 2011, aunque tal organización sabía de esta circunstancia desde mucho antes. En realidad, había estado estudiando desde 1996 los efectos nocivos de los campos electromagnéticos, habiendo establecido para ello el estudio Interphone (financiado con 24 millones de dólares, de los cuales 4,7 millones provenían de la industria de los móviles). Este estudio ya había indicado que las personas que hacían un uso muy intenso del móvil tenían un 80% más de probabilidades de contraer glioma que quienes los utilizaban con menor frecuencia.
Es urgente y necesario, pues, que la información que exista sea transmitida a la población y que el Estado tome las medidas necesarias para proteger la salud de las personas, pues esta es su función más importante. Ni que decir tiene que el móvil es un instrumento de gran valor y utilidad. Pero es una responsabilidad esencial que se informe a la población de los riesgos que puede conllevar su uso, y que los Estados tomen las medidas pertinentes para prevenirlos. No se trata de prohibir la utilización de tales aparatos a la mayoría de la población sino que las empresas que los fabrican informen de los riesgos a su salud que su utilización implica, y que los Estados establezcan medidas preventivas para minimizar el daño e incluso evitarlo. Y esto tampoco se está haciendo.
Pasos que se han estado tomando en España y en varios países
Una de las instituciones que ha prestado mayor atención a este tema ha sido la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En su resolución 1815 «Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y su efecto en el medioambiente» de 2011, alertó del peligro del gran incremento de los distintos grados de los campos electromagnéticos. Y ello incluía desde Internet hasta los teléfonos móviles. Según la misma resolución, se deberían averiguar ya los niveles de tolerancia del cuerpo humano en la exposición a esos campos, y también los niveles y grupos vulnerables a tal exposición, indicando entonces lo que la evidencia científica ha señalado repetidamente: los niños y niñas y adolescentes.
En España, los parlamentos vasco y navarro han pedido a sus gobiernos que apliquen tal resolución (que tiene recomendaciones concretas), petición que ha sido desoída. En 2013, el Defensor del Pueblo Vasco también pidió al Departamento de Salud que implementara medidas para reducir los niveles de emisión de radiofrecuencias en las escuelas.
El parlamento navarro también pidió en 2014 la aplicación de la resolución del Consejo de Europa, lo cual solicitó no solo al gobierno navarro, sino también al español, pidiendo que se aplicaran tales recomendaciones, hecho totalmente ignorado por el último también, mostrando su bien conocida insensibilidad hacia la defensa del usuario y del consumidor. España es de los países que ha dado menos atención a la prevención ante riesgos de la salud creados por la utilización de los móviles.
En Francia en cambio -como indiqué al principio-, el Estado tomó medidas en 2015 para prohibir la utilización de redes Wifi y teléfonos inalámbricos en los espacios utilizados para la actividad y descaso de los infantes de menos de tres años. Y en 2016 el Estado estableció los límites de exposición (según la intensidad de los campos electromagnéticos) para la salud de los trabajadores, sobre todo para las mujeres embarazadas.
En Italia, en 2017, el tribunal italiano de Ivrea reconocía una relación causal entre el uso del teléfono móvil y el tumor cerebral (el primer tribunal del mundo en reconocer este vínculo causal).
Una última observación
En medio del entusiasmo creado por la revolución digital se están olvidando los costes de la supuesta revolución, ocultando a la población los riesgos de los aparatos realizados y promovidos por tal revolución. Es sorprendente el silencio de los medios sobre el enorme riesgo que tales instrumentos aparatos, como los móviles, suponen para la población. En realidad, deberían tomarse ya medidas que podrían reducir sensiblemente tales daños. Pero el anteponer los intereses comerciales de las empresas a los derechos y necesidades humanos se está haciendo un daño enorme. La constante ocultación de información a los usuarios, en muchas ocasiones en complicidad con el poder político puesto a su servicio, es una de las causas de que puede que nos enfrentemos a una de las crisis más importantes en el tiempo que vivimos. Tendría que haber una movilización popular que forzara a los Estados a tomar medidas que podrían prevenir tal crisis. Que ello ocurra depende primordialmente de la voluntad política de los que se llaman a sí mismos «representantes de la ciudadanía». Invito a la ciudadanía a que se movilice para que sus representantes hagan algo, porque no es un tema menor. Sepa el lector que es probable que sus representantes, tanto a nivel nacional como europeo, estén ya recibiendo información para mostrar la seguridad y la falta de riesgo de lo que venden las empresas. De ahí la urgencia de que oigan también la voz de la población, que es a la que en definitiva representan.