«Lo que sufrieron las abuelas en Argentina se vive hoy en España»

105 hijos recuperados, un Banco Nacional de Datos Genéticos funcionando desde hace 24 años, leyes y, sobre todo, muchos culpables del robo de bebés y otros crímenes durante la última dictadura en Argentina (1976-1983) juzgados y encarcelados, son algunos de los logros de la lucha de madres y abuelas de la Plaza de Mayo. En el Estado español una representación de las abuelas, la Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad, se ha interesado por la situación de los familiares de niños robados del Franquismo.

Martha Bello, coordinadora y fundadora de la Red por la Identidad, junto con Lila Parrondo, relata para DIAGONAL la trayectoria en la búsqueda de los niños argentinos robados. Esta asociación funciona en el Estado español porque «las abuelas saben que hay nietos fuera de Argentina. por eso nuestra misión aquí y esta red por la identidad», explica Bello.

DIAGONAL: ¿Cómo consiguieron las Abuelas de la Plaza de Mayo que el Estado investigara y juzgara el robo de bebés en Argentina?

MARTHA BELLO: Las madres y abuelas empiezan su lucha durante e inmediatamente después de la dictadura. Algunas se dejaron la vida en ello, fueron secuestradas y asesinadas. Acabada la dictadura, en diciembre de 1983, las abuelas presionaron al Estado para que se hiciera justicia. Sin embargo, en los inicios cuando ellas tuvieron la posibilidad de recuperar algunos de los niños nacidos en cautividad, necesitaban demostrar legalmente que eran sus hijos o nietos, más allá de la certeza que ellas tenían. Entonces, se comunican con un genetista exiliado en EE UU y, a través de contactos y con mucho trabajo, lograron las primeras pruebas genéticas, que no eran tan sencillas como son hoy. Pero hasta llegar ahí, a las abuelas de la Plaza de Mayo les pasó lo mismo que está ocurriendo en España con un banco privado de ADN de familiares de niños robados [en referencia a Genómica, laboratorio relacionado con el Opus]. Los implicados en los crímenes intentaron controlar la información. Lo que sufrieron las abuelas en Argentina se repite hoy en España.

D.: ¿Cuál fue la reacción de las abuelas y por qué cree que se producen hechos parecidos con respecto a los niños robados en el Estado español?

M.B.: Los médicos que fueron recomendados por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) no gustaron a las abuelas. Lo más sospechoso fue que había jueces vinculados al laboratorio de esos doctores que habían ocultado resultados positivos de un examen genético. Las abuelas ante eso dijeron: ¿Cómo vamos a dejar el banco de ADN en manos de quienes cometieron el delito? Estamos hablando de 1984.

Ahí es cuando ellas empiezan a insistir en que es el Gobierno el que tiene que garantizar la justicia: «El Estado había cometido todo el horror de la desaparición de los chicos. Lo justo era que también asumiera la responsabilidad de arbitrar todos los medios para solucionar sus secuelas. Además, nos dábamos cuenta de que realizándolas los organismos estatales se dejaba de lado toda especulación económica que siempre realizan los intereses privados», explicaron las abuelas después. Eso se puede aplicar a España y a las empresas privadas que hacen ahora las pruebas de ADN a familiares de niños robados.

A partir de 1986 se aprueban varias leyes en Argentina, tres años después del final de la dictadura. Con la Ley 23.511 se crea un banco genético público: «Para resolver todo tipo de datos que impliquen un conflicto de filiación incluidos los casos de niños desaparecidos». La jefa de inmunología del Hospital Durand (público) de Buenos Aires, Ana María Di Lonardo, fue la primera directora del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ya en 1989 las abuelas tenían la tranquilidad de que los jueces debían aceptar una ley, un banco genético serio y que los análisis eran fiables. Esa fue la base. En la actualidad, en España eso no se produce.

D.: ¿Qué opina de que tras 36 años de democracia no se haya reparado a las víctimas?

M. B.: En España existe, por un lado, el caso de los niños robados del Franquismo, por otro, el continuismo. Ese continuismo está tratando de transformar los hechos en «un caso de tráfico de niños». «No son memoria histórica», dicen. Tergiversando estos crímenes de lesa humanidad en un asunto privado y no en una obligación del Estado de restituir el daño causado por un Gobierno de facto, como fue la dictadura. En el caso de Argentina, al crearse la Conadep, en 1992, se convirtió, de alguna manera, en ley el derecho a la identidad, que es lo que importa. Tenemos derecho a saber quiénes somos, genética, biológica y psicológicamente. En el caso argentino y español estamos ante lo mismo: desaparición forzosa de personas y robo de identidad.

D.: ¿Cree que en el caso español los implicados aprovechan la inacción del Gobierno?

M.B.: En el caso de Genómica, por ejemplo, ¿cómo llega este laboratorio de ADN a controlar tanta información? ¿Por petición de los familiares o es más bien esta empresa quién se ofrece? En cualquier caso, el problema vuelve a ser que no hay un Estado con intención de reparación. En Argentina, el trabajo de las abuelas durante más de 30 años ha sido determinante, ha permitido restituir la identidad a 105 personas robadas a sus familias o niños nacidos en cautiverio. Han probado que esas madres dieron a luz encadenadas y luego fueron asesinadas. Fueron apartadas de sus hijos, también como en España, con las teorías de Vallejo Nájera, para extirpar «el gen marxista» y todas esas aberraciones.

D.: Las abuelas también crearon conciencia sobre esos crímenes.

M.B.: Por supuesto. La evolución democrática, que no fue inmediata, porque los primeros gobiernos democráticos fueron débiles, incluso aprobaron leyes como las de punto final y de obediencia debida, aunque sí se permitió crear el banco genético, permitió crear conciencia. Las abuelas se dan cuenta de que diez años después de terminada la dictadura se acaba de entender el concepto de la identidad. Además, la gente argumentaba: «Bueno, pero esos chicos estarán mejor con esas familias» o «los han criado con cariño…». Igual que se dice ahora en España. Las abuelas trabajaron mucho para difundir qué significa la identidad. De hecho tienen varias cátedras en la universidad. Saben que si la sociedad no lo entiende, no les va a apoyar. Al final estos crímenes de lesa humanidad son reducidos a una situación de un grupo de personas que por sí mismas están intentando salir adelante, un caso marginal más.

D.: ¿Argentina ha dado ejemplo en la defensa de las víctimas?

M.B.: Desde luego. Las abuelas acaban de ser galardonadas con el premio Fomento de la Paz de la Unesco. Sobre España, siempre digo que me impresiona que un pueblo que tiene a un poeta como Federico García Lorca, considerado patrimonio de la humanidad, que aún esté en una cuneta… ¿Cómo se puede permitir? Es de una esquizofrenia social y política impactante.

D.: ¿Las familias del Estado español víctimas del robo de niños tendrán que pedir justicia fuera?

M.B.: Para Argentina fue muy importante que se pudiera juzgar a Adolfo Scilingo en España. También se atrevieron a hacer lo mismo en Italia y Francia. El juicio a Pinochet permitió instaurar el concepto de Justicia Universal y resultó fundamental la apuesta por la defensa de los derechos humanos encarada por el presidente Néstor Kirschner, quien en el discurso de inauguración del espacio para la memoria en la Escuela de Mecánica de la Armada (antiguo centro de tortura) pide perdón en nombre del Estado. La diferencia, de momento, en España es que para fuera sí, para dentro no. Ahora, cuando toca mirar hacia dentro, parece que ya no gusta tanto…

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Lo-que-sufrieron-las-abuelas-en.html