Es necesaria una ley que impida los despidos en empresas con beneficios, y más cuando estos beneficios son astronómicos. La práctica de estos últimos años ha demostrado que el sector público crea más empleos, no deslocaliza y proporciona a la ciudadanía mejores servicios y desde una visión más social que cuando éste se privatiza como en los casos de Telefónica, Banca Argentaria, Compañías Eléctricas, etc.

Desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado hasta hoy Telefónica ha destruido 45.000 empleos estables y con condiciones laborales negociadas, sustituyéndolos por empleo precario, mileurista y sin derechos laborales y sindicales efectivos para los que exigen mejoras. La política laboral de Telefónica en estos años, coincidente con su evolución de empresa semipública a una multinacional plenamente dependiente del capital financiero transnacional, sumada a la practicada por la totalidad de multinacionales, ha sido determinante para configurar el actual mercado laboral, segmentado con predominio creciente de la precarización, y para configurar una realidad en la que los salarios representan una parte cada vez menor del PIB.

En el transcurso de este proceso, el empleo de calidad ha ido disminuyendo al mismo tiempo que se incrementaban los beneficios, hasta alcanzar el año 2010 la cifra record de 10.167 millones de euros. Rechazamos los planes de Telefónica de reducir mas de 6.000 empleos para sustituirlos por otros trabajadores en precario, ya que el sector continúa en expansión, no sólo a nivel de los beneficios empresariales, sino también de las personas empleadas en el sector. El anuncio en si ya es un escándalo, pero todavía lo es más en el contexto de crisis y de tasas record de desempleo. No es una buena señal para la economía de un país que la primera empresa en beneficios del país, también destruya empleo. Si lo hace la primera empresa en beneficios, ¿qué impide hacerlo al resto que ganan menos e incluso tiene pérdidas?

No es cierto que los costes laborales de Telefónica sean elevados, pues son 2658 M, un tercio de lo que reparten a los accionistas 7300 M de €. Tampoco es cierto que el Grupo Telefónica pierda dinero, ya que los beneficios obtenidos en el estado son de unos 4.400 millones de euros y no se podría explicar la expansión del Grupo Telefónica en otros mercados mundiales, sin la existencia y sin el trabajo, ayer y hoy, de los trabajadores de Telefónica SAU.

Son imprescindibles medidas legales que limiten los abusivos salarios de los directivos de multinacionales y bancos, que a través de varios conceptos (salario, dietas, bonus, acciones, etc.) han llegado a alcanzar la diferencia de 1 a 200 respecto a los asalariados de esa empresa que son titulados superiores. Es una vergüenza que los directivos de Telefónica se repartan 450 millones de euros, mientras que cada mes se dan miles de desahucios, hay casi 5 millones de parados, y de ellos, 1 millón sin ningún subsidio para subsistir. Mientras tanto, el Consejo de Administración se ponen salarios escandalosos, hasta mas de 10 millones de € como en el caso de Alierta, al que denunciamos porque tras comprobarse en sede judicial que eran ciertas las acusaciones del fiscal, ha logrado salvarse por prescribir el delito y ahora, encabeza el lobby patronal que plantea no subir el IPC a los trabajadores.

Igualmente se deben realizar cambios legislativos para que las indemnizaciones por despido en las empresas con beneficios deje de ser un gasto deducible del Impuesto de Sociedades, ya que de continuar la fiscalidad actual, toda la sociedad está financiando indirectamente la destrucción de empleo en Telefónica, mediante la reducción de impuestos por ERE, es una reducción de ingresos públicos que puedan revertir en servicios sociales públicos.

Es necesaria la implicación de la sociedad, desde sus gobernantes, las fuerzas políticas, los sindicatos, la ciudadanía, etc. para que los beneficios astronómicos de Telefónica repercutan en el resto de la sociedad, vía menores precios y tarifas de los servicios de Telecomunicaciones (de los más altos en Europa en relación con el poder adquisitivo), con la creación de empleo de calidad (referente para el resto de empresas) y con la inversión necesaria para el disfrute de toda la población, independientemente de su nivel de renta, de las últimas y mejores tecnologías que en cada momento se den, así comodde una calidad de excelencia en todo lo relacionado con esos servicios, desde los servicios de atención del cliente, hasta mantenimiento.

La competencia en el Sector de las Telecomunicaciones no debe darse en condiciones laborales a la baja, sino en precios y en calidad de servicios. Es imprescindible garantizar unas condiciones mínimas de partida para todo el mundo que trabaja en el sector telecomunicaciones, independientemente de la empresa en que lo haga, contrata o subcontrata, pudiendo ser mejoradas lógicamente por los Convenios de Empresa o Grupo. Se debe legislar para que dicha adscripción a dicho Convenio sea obligatoria para obtener la licencia de operador.

Se hace imprescindible abrir un proceso de serio debate y crítica sobre el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en la Unión Europea y sus consecuencias sobre: el acceso igualitario al servicio prestado y su calidad, a la cantidad y calidad del empleo generado, su contribución al desarrollo de los mercados internos y al crecimiento económico. Este debate no debe descartar que por razones dogmáticas no se consideren alternativas, como la vuelta del sector al control público. Los retrasos en la implantación de la banda ancha van a la par de ser la mas cara de Europa y esto si que tiene un gran impacto en la productividad de todo el sistema.

Ante los testimonios presentados por delegados de mas de 10 sindicatos, y ante las manifestaciones de que la economía sumergida debe aflorar (BOE de febrero y mayo), exigimos un urgente plan de Inspección contra el fraude fiscal, para que las mas de 300 contratas y 1.500 subcontratas y autónomos que trabajan ya para Telefónica desde la privatización total del año 1.996, coticen las horas extras que no cotizan a la Seguridad Social y se de a los trabajadores el día de libranza por trabajar un sábado o festivo, eliminando la represión laboral y/o sindical contra aquellos los que exigen y/o defienden cobrar como marca la ley.

La crisis no se resolverá si las empresas que más beneficios obtienen son las que destruyen empleo en vez de crearlo.

Ningún despido en Telefónica, ni por represión sindical, ni por el nuevo Artº 52.d de la reforma laboral, ni para externalizar trabajo.

Primeros firmantes: AST-CO.BAS, CIG, ESK, LAB, ELA, EC…