Se trata del Acuerdo de Escazú, que estará abierto a su firma en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 27 de septiembre y por un período de dos años.
Los habitantes de las zonas aledañas al río Ariguanabo tienen un peso fundamental en el trabajo ecológico y en impedir que la contaminación avance. De firmar el Acuerdo de Escazú, Cuba tendría que actualizar y renovar sus instrumentos jurídicos sobre ambiente, alertan los activistas. Foto: Cortesía de El Guardabosques
La Habana, 19 sep.- Con una petición a las autoridades cubanas de firmar el Acuerdo de Escazú, un instrumento regional que busca mayor acceso a la información y participación pública ambiental, el proyecto y boletín electrónico Guardabosques mandó sendas cartas a ministerios de la nación caribeña.
En las misivas fechadas el 14 de septiembre y dirigidas a los gabinetes de Relaciones Exteriores y el de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, activistas de la isla caribeña aconsejan la adopción de «una postura proactiva, a fin de lograr la firma por parte del gobierno cubano».
Los textos enviados indican que los ecosistemas, la población, las instituciones, grupos, organizaciones y activistas serán beneficiados con la integración del país en el «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe».
A su juicio, asumir este instrumento permitirá lograr una buena gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y una gestión pública inclusiva y participativa en cuestiones ambientales.
En los últimos años, varios países de la región afinan este Acuerdo, que fue firmado inicialmente en el municipio de Escazú, en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Para activistas, resultaría contraproducente que Cuba no firme cuando desempeña ahora la presidencia pro tempore de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la organización que coordina la Secretaría Técnica de todo ese proceso.
Es, según Cepal, «el primer acuerdo ambiental de la región y el único en su tipo en el mundo, ya que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales».
A propósito del tema, Guardabosque lanzó una encuesta con el objetivo de debatir sobre la información relacionada con problemas ambientales en Cuba.
Isbel Díaz, coordinador de Guardabosques, dijo a la Redacción IPS Cuba que 90 por ciento de las personas encuestadas consideran que no existe un acceso efectivo a la información veraz sobre estos temas en el país.
Para el biólogo cubano, existen tres dificultades para una comunicación ambiental efectiva, entre ellas la ausencia de suficientes investigaciones y registros públicos que describan las principales complejidades.
Criticó la carencia de un ordenamiento institucional que asuma con rigor su responsabilidad como servidores públicos, de colocar de manera activa datos relacionados a estos temas.
El ecologista también lamentó que no existe un cuerpo jurídico o referencia constitucional capaz de proteger las actividades de denuncia ambiental que se realicen en Cuba, especialmente si provienen de activistas y organizaciones autónomas.
En su opinión, la firma del Acuerdo de Escazú abonaría un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, agrupaciones y grupos que promueven la protección del medioambiente.
El 27 de septiembre, la firma del Acuerdo de Escazú se abrirá en la sede de las Naciones Unidas, por un período de dos años.
Esta herramienta internacional defiende derechos como el acceso a la información y a la justicia en los asuntos ambientales, y a la participación pública.
El instrumento reconoce el derecho a un medioambiente sano y establece una serie de obligaciones para los estados firmantes.
El Acuerdo entrará en vigor cuando sea ratificado por al menos 11 países de América Latina y el Caribe.