Los Ayuntamientos españoles debemos millones de euros a los proveedores en deudas que se extienden a lo largo de los años. Esto amenaza la existencia misma de las empresas proveedoras y los puestos de trabajo que éstas crean. Nada más justo que proceder a pagar por los bienes y servicios recibidos. Por lo tanto, se […]
Los Ayuntamientos españoles debemos millones de euros a los proveedores en deudas que se extienden a lo largo de los años. Esto amenaza la existencia misma de las empresas proveedoras y los puestos de trabajo que éstas crean. Nada más justo que proceder a pagar por los bienes y servicios recibidos.
Por lo tanto, se creó un plan voluntario de financiación ICO, pero éste no dio resultado: los pequeños y medianos Ayuntamientos no nos acogimos a estos préstamos. En consecuencia, el Real Decreto de 24 de febrero nos fuerza a entrar en el pago de todos los proveedores que así lo requieran, a través de préstamo bancario a largo plazo, avalado por la participación que tenemos en los tributos del Estado (PIE). Si no pagamos, una parte de nuestros ingresos será embargada.
Todo perfecto, pero el plan no considera las razones por las que la mayoría de Alcaldes decidimos no entrar en el plan voluntario. No es porque no queramos pagar, es porque no podemos hacerlo todo a la vez. Por un parte, estamos obligados a dar una serie de servicios públicos básicos, lo que requiere además mantener una plantilla suficiente. Por la otra, carecemos cada vez más de ingresos. Nuestro puesto es la primera línea de la Administración Pública, pero las leyes las suelen escribir políticos como nosotros, pero alejados del contacto directo con los vecinos.
Es necesario decirlo: el plan genera tres riesgos graves. Primero, si se reconocen demasiadas facturas no contabilizadas, nos arriesgamos a colapsar el presupuesto de este año. Si nos quedamos sin consignación presupuestaria, no podremos funcionar. Segundo, si la amortización anual del préstamo bancario es demasiado alta, no podremos afrontar su pago. Pero, ¿bastará la PIE para cubrir ese gasto? Tercero, un Ayuntamiento que tenga deudas con proveedores, pero también con Seguridad Social, Hacienda Pública y otras Administraciones, ¿deberá ver sus ingresos embargados varias veces para que pague? El plan carece, así pues, de un enfoque global de la situación financiera de algunos municipios. Esto es un error imperdonable.
Lo que nos jugamos es la provisión de servicios que garantizan los derechos fundamentales recogidos constitucionalmente. Si no podemos pagar los arreglos en guarderías, colegios, edificios municipales: ¿debemos cerrarlos?. Si no podemos sufragar la atención a mujeres víctimas de violencia, los servicios de dependencia, la atención a mayores, ¿los clausuramos? Por supuesto que no vamos a hacerlo.
El plan quiere, así pues, cuadrar el círculo, pero por mucho que se establezca en una ley esto es imposible. Los Ayuntamientos más endeudados queremos pagar, pero también funcionar por el bien de los ciudadanos. Nos falta un programa global y realista tanto de financiación como de control de gastos. Desde el municipalismo debemos y vamos a luchar por conseguirlo.»
Ignacio Escañuela Romana, Alcalde de Carrión de los Céspedes, Sevilla.
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