Telefónica ha nombrado asesor a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y vicepresidente del gobierno cuando fue privatizada la compañía. Empresas privatizadas, como Telefónica, Endesa o Repsol, siguen acumulando beneficios aún con la crisis y sus directivos cobran hasta 2,7 millones al año. Esos ingresos reducirían el déficit público por debajo del 3,6 por ciento […]
Telefónica ha nombrado asesor a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y vicepresidente del gobierno cuando fue privatizada la compañía. Empresas privatizadas, como Telefónica, Endesa o Repsol, siguen acumulando beneficios aún con la crisis y sus directivos cobran hasta 2,7 millones al año. Esos ingresos reducirían el déficit público por debajo del 3,6 por ciento que exige la UE.
Las empresas privatizadas durante las últimas décadas de los sectores de la energía y las telecomunicaciones siguen acumulando beneficios a pesar de la crisis y suman hasta 12.177 millones de euros en el último ejercicio contabilizado, el de 2011. Si el Estado recuperara el control de estos sectores, ingresando ese dinero, bajaría el déficit público por debajo del 3,6 por ciento del PIB que exige la Unión Europea, con lo que se evitarían los recortes en prestaciones y servicios públicos que actualmente ahogan a la sociedad española. Sin embargo, la propia política europea ha alentado la enorme ola de privatizaciones en España y el resto de países de la Unión desde 1985 a la actualidad.
Desde la entrada de nuestro país en la entonces Comunidad Económica Europea el Estado español se ha desprendido de más de un centenar de empresas públicas, algunas deficitarias, como la textil Hytasa o algunas factorías de Astilleros, pero la gran mayoría eran rentables, con auténticas joyas de la corona como Telefónica, Endesa, Repsol, Cepsa, Gas Natural, Indra, Red Eléctrica, Retevisión, Argentaria o Seat. Junto a ello, se han liberalizado progresivamente los sectores eléctrico, de las telecomunicaciones, de hidrocarburos, del agua y de servicios postales. Y en la actualidad se están dando pasos hacia la liberalización y avance del sector privado en la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Se han seguido de esta forma los procesos puestos en marcha de forma pionera por Estados Unidos y el Reino Unido, bajo la teoría política de que el libre mercado mejora la eficiencia empresarial, estimula el ahorro y favorece el crecimiento económico y la generación de empleo. Sin embargo, este desmantelamiento del aparato productivo público ha hecho a los estados mucho más dependientes del endeudamiento a la hora de financiarse, ya que en estas décadas los impuestos han tendido a la baja. Es la gran contradicción que atenaza en estos momentos a EEUU por el denominado ‘abismo fiscal’. También en Europa, la ola de liberalización y privatizaciones ha sido promovida por directivas comunitarias.
En el caso de España, la venta masiva de empresas públicas le reportó al Estado ingresos que le permitieron reducir su déficit por debajo del 3 por ciento que exigía el Tratado de Maastricht para acceder a la Unión Económica y Monetaria, el euro. Fue pan para hoy y hambre para mañana, porque el estallido de la burbuja inmobiliaria, el rescate público a los bancos y la imposibilidad de devaluar la ya inexistente peseta ha elevado el déficit público hasta el récord del 8,9 por ciento del PIB en 2011. Dado que la propia UE exigía a España, en su estricto plan de austeridad, reducir el déficit por debajo del 3,6 por ciento en 2013, el Gobierno ha acometido durante todo el año pasado un durísimo plan de recortes de servicios y prestaciones que viene provocando protestas masivas de distintos sectores sociales, ante lo que consideran el derrumbe del Estado del bienestar.
Mientras tanto, la principal compañía privatizada, Telefónica, alcanzó en medio de la crisis, en el año 2010, el mayor beneficio obtenido nunca por una empresa española, nada menos que 10.167 millones de euros. Posteriormente la compañía ha reducido en parte sus ganancias y ha bajado la retribución a sus altos directivos. Pero, aún así, Telefónica es, según diversos estudios, la empresa que mayor desigualdad provoca entre sus empleados y sus directivos, que cobrarían 103 veces más, hasta 2,7 millones al año, frente a la media de 26.478 euros anuales de los trabajadores, como visibilizaban en lainformación.com. Ahora, la compañía ha nombrado como asesor externo a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex vicepresidente del gobierno de Aznar cuando se realizó la compañía.
En el último ejercicio contabilizado, el de 2011, las empresas privatizadas de los sectores de la energía y las telecomunicaciones sumaron un beneficio de 12.177 millones, encabezadas por Telefónica (5.403) y seguidas por Repsol (2.193), Endesa (2.191), Gas Natural Fenosa (1.325), Red Eléctrica (460) e Indra (181). La antigua Retevisión, que posteriormente se convirtió en Auna, también proporcionaba beneficios, pero actualmente se ha integrado en el grupo Orange, de France Telecom. Si estos 12.177 millones los siguiera ingresando el Estado, en lugar del sector privado, el déficit público, que en 2012 preveía el Gobierno fuera del 4,5 por ciento, bajaría al 3,3, por debajo del 3,6 del plan de austeridad europeo, evitando así los recortes sociales.
Ello permitiría, además, diversificar las fuentes de ingresos del erario público, haciéndolo menos dependiente del endeudamiento externo y de las oscilaciones de la prima de riesgo, que marcan el tipo de interés al cual se nos presta el dinero. Además, según el estudio realizado por las investigadores Laura Cabeza y Silvia Gómez, de la Universidad de Oviedo, el cambio de manos pública a privadas no ha provocado la mejora en el funcionamiento de todas estas empresas, ni en términos de ventas ni de inversión ni en empleo, entre otras variables, y solamente la desregulación estatal de sus sectores, como el caso del eléctrico, o su control por parte de multinacionales extranjeras mejora su comportamiento.