Los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, especialmente preparados para la extinción de grandes incendios, reclaman mejoras laborales y salariales.
No ha habido acuerdo. Tras una reunión mantenida ayer entre el comité de negociación de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales -que se encargan de la extinción de grandes incendios- y la empresa pública Tragsa, los trabajadores continuarán con la huelga indefinida que iniciaron hace 23 días en todo el Estado para reclamar mejoras laborales y salariales. «La estrategia que están siguiendo en Tragsa es ir prolongando la negociación en el tiempo y desgastar a la gente» para que abandone la huelga, explica a Diagonal Carlos Pascual, delegado sindical de la CGT en una BRIF y miembro de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales.
Los trabajadores de las BRIF iniciaron las movilizaciones el pasado 15 de julio, que se convirtieron en huelga indefinida el día 27, con la intención de negociar tres puntos básicos. En primer lugar, la elaboración de una segunda actividad que permita la recolocación de los brigadistas en otras funciones cuando una lesión o la edad impidan al trabajador la participación en la extinción de grandes incendios con todas las garantías, además de la aplicación de un coeficiente reductor de cara a la jubilación. En segundo lugar, el aumento de su categoría profesional para equipararse con los bomberos forestales, ya que de momento son considerados peones forestales, lo que conlleva, entre otras cosas, según explica Pascual, que «las enfermedades profesionales no se nos reconocen porque estamos como peones».
Los trabajadores también exigen una mejora de las condiciones salariales. «Ahora mismo cobramos 16.000 euros brutos anuales», explica Pascual, y los trabajadores piden una subida salarial del 30% para equipararse a las unidades helitransportadas autonómicas, cuyo salario es de 20.000 euros. «Pedimos un 30% de algo que es una miseria, pero en Tragsa dicen que un 30% es demasiado», añade. A pesar de arriesgar su vida en la extinción de incendios de alta intensidad, los brigadistas disponen de un «plus de extinción, que incluye toxicidad, penuria, peligrosidad y disponibilidad», de tan sólo tres euros diarios. Pascual también denuncia unas condiciones de seguridad lamentables: «El tema de seguridad en la extinción de incendios es el todo vale. Están enviando a gente a incendios sin formación, sin preparación física. Es un auténtico desastre», una falta de seguridad que, denuncia, ha provocado un reguero de 245 víctimas en 20 años.
Los brigadistas forestales también denuncian que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se desentiende del conflicto, a pesar de ser el responsable de este servicio, gestionado por Tragsa. «El ministerio se escuda de que somos personal de Tragsa y dice que el conflicto lo tenemos que resolver con ellos. Pero el que pone las condiciones es el ministerio, y nosotros pertenecemos a Medio Ambiente, pero lo han montado de tal manera que no tengas un enemigo claro», explica Pascual.
De momento, y ante unas negociaciones que continúan estancadas, los brigadistas continuarán con la huelga, además de realizar diversas acciones, como marchas y encierros, en las distintas comunidades autónomas en que están basados. A partir de septiembre, los trabajadores en huelga prevén «acudir nuevamente a Bruselas, reuniones con diferentes grupos para establecer otra estrategia, presionar a nivel parlamentario, además de acción social… La huelga continúa hasta que Tragsa no dé su brazo a torcer», finaliza Pascual.