El profesor Martin Garbus, uno de los más prestigiosos juristas estadounidenses, integrante del equipo de defensa de los patriotas cubanos encarcelados en Estados Unidos, y sus colegas Tom Goldstein y Richard Klugh, presentaron recientemente una moción ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, a nombre de Gerardo Hernández Nordelo -uno de los Cinco- […]
El profesor Martin Garbus, uno de los más prestigiosos juristas estadounidenses, integrante del equipo de defensa de los patriotas cubanos encarcelados en Estados Unidos, y sus colegas Tom Goldstein y Richard Klugh, presentaron recientemente una moción ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, a nombre de Gerardo Hernández Nordelo -uno de los Cinco- , con el fin de obtener la orden pertinente para que el gobierno entregue documentos que obran en su poder y que se negó a divulgar durante el proceso judicial.
La moción forma parte de la apelación colateral iniciada en junio de 2010, basada en el derecho que tienen sus defendidos de conocer el alcance de la campaña de publicidad negativa contra ellos financiada por el gobierno para asegurar que fuesen declarados culpables. Involucrados en la cobertura incendiaria pagada por el gobierno antes, durante y después del juicio contra los Cinco, se encuentran 84 periodistas, locutores y comentaristas de varios órganos de la prensa escrita, siete canales de televisión y 13 estaciones de radio. (1)
En enero de 2009, el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, basándose en la Ley de Libertad de Información («Freedom of Information Act, FOIA») solicitó al Buró de Gobernadores de Transmisiones («Broadcasting Board of Governors, BBG»), agencia oficial de propaganda del gobierno, y a su Oficina de Transmisiones a Cuba («Office of Cuba Broadcasting, OCB») información sobre los pagos realizados a periodistas de Miami creadores de una atmósfera envenenada que impidió la realización de un juicio justo en esta ciudad. (2)
Varios meses más tarde, la OCB entregó muy limitada información preliminar sobre pagos realizados a algunos de estos periodistas. Desde entonces, la agencia se ha negado a liberar toda la información que posee sobre los contratos suscritos con la prensa de Miami, en particular los anteriores a 1999, de vital importancia para la defensa de Gerardo.
No obstante, el esfuerzo realizado durante varios años por el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, y la Sociedad para la Fundación de la Justicia Civil, logró poner al descubierto una cantidad impresionante de materiales probatorios de esta operación gubernamental. El periódico «Liberation» ha publicado hasta ahora más de 2,200 páginas de contratos entre periodistas de Miami y Radio-TV Martí (3). Aunque estos documentos constituyen sólo una parte minúscula de los que la OCB se niega a liberar, constituyen prueba suficiente de que el gobierno que juzgó a los Cinco pagaba al mismo tiempo a los periodistas que creaban la atmósfera que hacía inevitable la condena.
Recordemos que las leyes estadounidenses prohiben claramente la utilización de fondos federales para financiar la propaganda encubierta dentro del territorio de Estados Unidos. Los pagos secretos, realizados principalmente a través de Radio y TV Martí, a periodistas supuestamente independientes, no sólo son contrarios a la ética de los comunicadores sino que violan flagrantemente la ley y revelan que la condena a los Cinco fue determinada por razones políticas.
En el periodo que va desde el 27 de noviembre del año 2000 hasta el 8 de junio de 2001, que corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso contra los Cinco hasta que fueron considerados culpables por el jurado, el Nuevo Herald publicó 806 artículos, y «The Miami Herald» 305, que podían influir negativamente en el proceso judicial (4). Esta sobresaturación de la prensa creando un clima hostil contra los Cinco debería bastar para que el sistema judicial de Estados Unidos declarase nulo un juicio que nunca debió realizarse en Miami.
FOIA es una ley federal que permite solicitar información al gobierno acerca de sus acciones. El gobierno está obligado a entregar toda la información requerida siempre que no esté clasificada o, por ley, exenta de divulgación. Está en vigor desde 1967 pero ha sufrido modificaciones a través de los años, sobre todo a partir de 1982. Con la escalada de guerras de agresión, operaciones encubiertas, programas de entrenamiento en técnicas represivas (Escuela de las Américas), apoyo a dictadores latinoamericanos, golpes de estado, asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, prisiones clandestinas, torturas de prisioneros etc., la necesidad de sucesivas administraciones norteamericanas de mantener secretas sus acciones dieron por resultado varias enmiendas y órdenes ejecutivas que mellaron casi completamente el filo de esta ley, incluyendo la Orden Ejecutiva de 2009 del presidente Obama, aberración jurídica que permite reclasificar retroactivamente documentos que estén ya en trámite de entrega.
Numerosas operaciones encubiertas y los documentos relacionados con ellas permanecen total o parcialmente en secreto. Mencionaré entre las principales el derrocamiento de gobiernos electos democráticamente como los de Guatemala e Irán en la década de los 50, el financiamiento de partidos políticos pro-USA en Europa, la invasión a Cuba por Playa Girón en 1961, el golpe de estado de Augusto Pinochet en 1973, las operaciones militares secretas en Vietnam, Cambodia y Laos -financiadas con el tráfico de heroína- y la guerra sucia contra Nicaragua en los 80.
Mantener a toda costa el secreto de sus acciones tomó carácter obsesivo en las administraciones republicanas. Al término del mandato del presidente Ronald Reagan permanecían clasificados cerca de 7 millones de documentos. Pero el delirio del secretismo alcanzó su clímax con George W. Bush. Sólo en 2004, su administración clasificó 15.6 millones de documentos a un costo de 7.2 billones de dólares. Inventó, además, nuevas categorías de clasificación y mediante una orden ejecutiva selló todos los archivos presidenciales a partir de 1980. (5)
Durante la administración Bush-Cheney la tasa de clasificación de documentos aumentó en un 75 %. En 2005, por cada $1 gastado en desclasificar viejos secretos, las agencias federales gastaron $148 creando y almacenando otros nuevos (6). Por otra parte, una directiva interna del Fiscal General John Ashcroft de 12 de octubre de 2001 convirtió las solicitudes al FOIA en procesos extremadamente lentos, difíciles y costosos.
El secretismo ha servido para manipular a la opinión pública, impedir el análisis crítico tanto de la política interna como exterior del país y ocultar los errores y actos ilegales de los funcionarios del gobierno. También se ha utilizado con frecuencia contra opositores domésticos. Si mucho tienen que clasificar es porque tienen mucho que ocultar. No son extraños, por tanto, los obstáculos impuestos por la OCB a las solicitudes de información del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco.
Pero el ocultamiento de evidencias que atañen al juicio contra los cinco patriotas cubanos abarca mucho más que documentos escritos. La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) solicitó en 1996 al gobierno de Estados Unidos que mostrase las imágenes satelitales que posee y que demostrarían que las avionetas de Hermanos al Rescate violaban la soberanía de Cuba y que fueron derribadas en el espacio aéreo cubano. La solicitud fue rechazada. Tanto en el juicio como en los dieciséis años transcurridos, el gobierno de Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a mostrar las imágenes del satélite, ocultando de este modo una prueba decisiva que anularía los cargos y las sentencias impuestas a Gerardo y a sus compañeros (7).
El gobierno de Estados Unidos no permitió, además, la presentación por la defensa de los numerosos testigos y abundantes pruebas de las acciones terroristas realizadas contra Cuba. Esta información era crucial para la defensa porque evidenciaba que el objetivo de los Cinco no era otro que el de monitorear a las organizaciones mafiosas de Miami con el fin de impedir acciones hostiles contra su patria.
El secretismo culpable se completa con el muro de silencio mediático en torno a los Cinco. Durante el juicio, y en los meses anteriores y posteriores a éste, la histeria de los medios de Miami, alimentada con fondos federales, logró crear lo que en Estados Unidos llaman un «jurado de linchamiento», mientras el resto del país ignoraba completamente lo que sucedía en esta ciudad. Consumado el crimen, una férrea censura impide que el pueblo estadounidense conozca la verdad. Pero somos ya millones en el mundo los que tenemos como cuestión de honor y de principios el mantener contra la infamia una denuncia universal y permanente.
Notas
(1) Prensa Latina, 13 de junio de 2010.
(2) Gloria la Riva, National Press Club, Washington, DC., June 2, 2010.
(3) El BBG -agencia gubernamental- y su «Office of Cuba Broadcasting, OCB», operan Radio y TV Martí.
(4) Salvador Capote: «Los Cinco y la propaganda encubierta», Cubadebate, 2 de diciembre de 2009.
(5) J. R. Norton: «Saving General Washington», Penguin, N.Y., 2006, pp. 71-72.
(6) Mark Green: «Losing Our Democracy», Sourcebooks Inc., 2006, p. 265.
Fuente: http://alainet.org/active/55694