En contra de lo publicado estos días, podríamos considerar un verdadero éxito que el 13% de los extranjeros no comunitarios se hayan inscrito en el censo electoral para las elecciones del 22 de mayo. Para empezar, la proporción supera el 11% de residentes españoles en el extranjero que solicitaron el voto en las anteriores elecciones […]
En contra de lo publicado estos días, podríamos considerar un verdadero éxito que el 13% de los extranjeros no comunitarios se hayan inscrito en el censo electoral para las elecciones del 22 de mayo.
Para empezar, la proporción supera el 11% de residentes españoles en el extranjero que solicitaron el voto en las anteriores elecciones municipales. Y aun admitiendo que el porcentaje es bajo, dados los obstáculos interpuestos a la inscripción, lo realmente insidioso está siendo su interpretación.
Dejemos claro que no se puede saber cuántos quieren votar sencillamente porque a la mayoría de ellos no se les reconoce ese derecho. Los extranjeros extracomunitarios están electoralmente discriminados de modo directo e indirecto. Sólo están habilitados para hacerlo los nacionales de los diez países con acuerdos de reciprocidad a los que, además, se les exige tener cinco años de residencia legal y continuada, se les impone un plazo de inscripción de 45 días, se les obliga a pagar una tasa de siete euros y, por fin, se les reclama demostrar que cumplen todos los requisitos. Esto último es especialmente costoso para todos aquellos que no han recibido la carta del INE, están renovando su residencia o no han sido informados.
La campaña desplegada por partidos y Gobierno ha sido tardía y de baja intensidad. Un simple murmullo informativo que evidencia el miedo a la posible reacción electoral de los nativos y cierto menosprecio hacia la aportación política de los foráneos. Además, etnocéntricamente, los titulares de los periódicos celebran que la proporción de comunitarios inscritos supere la de los extracomunitarios. Pero no se aclara que los comunitarios no han de pagar tasa, ni someterse al plazo de inscripción con cuatro meses de antelación, ni necesitan acreditar su situación legal. No han de peregrinar por ayuntamientos, bancos y comisarías para certificar su voluntad de participar. Cabe añadir que más de medio millón de extracomunitarios ya se han naturalizado y, si quieren, votarán sin necesidad de inscripción. Está claro que no es lo mismo querer inscribirse que conseguirlo. Así que la baja tasa de inscripción no mide el deseo, la intención o la conducta electoral. La insuficiencia de inscritos refleja el déficit de nuestro trabajo en favor de la inclusión política de los extranjeros, pero no necesariamente su escaso interés por participar.
Fuente: http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/1178/los-extranjeros-y-el-susto-electoral/