Según afirman los medios, el último gran plan del gobierno para sacarnos de la crisis es eliminar la paga extra de navidad de los empleados públicos a partir del próximo diciembre. De esta manera, dicen, el Estado logrará ahorrar algo así como 4.000 millones de euros, que tanta falta hacen para alcanzar el tan ansiado […]
Según afirman los medios, el último gran plan del gobierno para sacarnos de la crisis es eliminar la paga extra de navidad de los empleados públicos a partir del próximo diciembre. De esta manera, dicen, el Estado logrará ahorrar algo así como 4.000 millones de euros, que tanta falta hacen para alcanzar el tan ansiado y beatífico objetivo de déficit público.
No hay alternativa, dicen, porque cumplir con las exigencias del euro es el único camino. Hay que recortar, dicen, porque, dada la absoluta ineptitud para recaudar más y mejor, la posibilidad de mejorar las cuentas aumentando los ingresos no es factible, y el endeudamiento público debe ser evitado a toda costa. Y hay que bajar los salarios de los empleados públicos, dicen finalmente, porque bastante suerte tienen de no soportar la ominosa amenaza del paro sobre sus cabezas.
Estas tres afirmaciones tienen un pequeño problema: son rotundamente falsas y brutalmente perjudiciales para la clase trabajadora de nuestro país, es decir, para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero no es el objetivo de este breve texto probar las dos primeras, sino comprobar las consecuencias que tendrá la insistencia del gobierno en la tercera.
Hagamos un esfuerzo y olvidemos la profunda injusticia que supone bajar los ya maltratados salarios públicos, cuya capacidad adquisitiva ha estado en caída libre desde bastante antes de la crisis. Olvidemos, también, la ignominia que supone el hecho de que nuestra propia Constitución contemple en su articulado más reciente la preferencia absoluta que el pago de los intereses que los prestamistas (todos ellos privados) cobran al Estado español tiene sobre cualquier otro gasto público, ya sea en sueldos públicos, en servicios como sanidad o educación, o en transferencias como pensiones o paro. Olvidemos, incluso, el efecto demostración que la bajada de salarios públicos tiene sobre los sueldos del sector privado. Centrémonos únicamente en las previsibles consecuencias que esta medida tendrá sobre la economía española en general.
Vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Si damos un valor de 100 a los salarios públicos en 2009, vemos cómo esta cifra se redujo en 2010 a 95 gracias al recorte de sueldos del 5% decretado por el gobierno de Zapatero y se mantuvo en el mismo nivel debido a la congelación salarial de 2011. Si el gobierno de Rajoy elimina, como pretende, la paga extra de navidad de los empleados públicos, entonces ese índice se vería reducido en 2012 de 95 a 88, grosso modo, puesto que supondría eliminar una de las catorce pagas anuales que comprenden los emolumentos de estos trabajadores.
Por otro lado, si damos también un valor de 100 a los precios en 2009 y aplicamos la tasa de inflación anual del IPC, las cifras redondeadas serian de 103 en 2010, 105,5 en 2011 y, según las últimas cifras interanuales (mayo), 107,6 en 2012.
Esto significa que, si el gobierno del PP pone en marcha la medida anunciada, la capacidad de compra de los empleados públicos habrá pasado de 100 a 88, mientras que los precios habrán subido de 100 a 107,6, con lo que ¡su poder adquisitivo habrá caído casi un 20% en tres años! Esta cifra, a todas luces espeluznante y que rivaliza con la pérdida sufrida por quienes han quedado en paro y mantienen el cobro de sus prestaciones, no parece justificar la consideración de los trabajadores públicos como privilegiados, precisamente.
Pero no pretendemos saber cómo se las van a apañar aquellos que tuvieron la «suerte» de aprobar una oposición, sino averiguar qué ocurrirá con la economía en su conjunto. Si los trabajadores estatales, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Administraciones Públicas, suman 2,7 millones de personas y la cifra de ocupados en España, según los últimos datos de la EPA, roza los 17,5 millones, entonces los empleados públicos suponen el 15% del total de ocupados. Si estos trabajadores pierden un 20% de su capacidad de compra y suponemos que esto redunda en una caída exactamente proporcional de su consumo, entonces la reducción de la demanda del conjunto total de los consumidores (si consideramos, para simplificar, que son todos aquellos con trabajo) será del 3%. Sabiendo que el porcentaje que el consumo privado supone sobre el PIB total de España es bastante estable y se ha venido manteniendo alrededor del 58% del total en los últimos doce años, esto significa que, por sí sola, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos en 2012 respecto de 2009 será responsable de una pérdida potencial equivalente al 1,75% del PIB, es decir, de unos ¡17.500 millones de euros anuales!
Y esta cifra sólo indica el efecto directo, sin tener en cuenta las consecuencias que tendrá en años sucesivos en cuanto a cierres de empresas, aumento de despidos, menores ingresos impositivos, etc, etc.
¿De verdad es razonable provocar una caída del consumo de este calibre en una crisis tan destructiva como la que estamos sufriendo sólo para cumplir con los ignominiosos criterios de convergencia a los que nos obliga la pertenencia al euro? ¿Es así como el gobierno pretende sacarnos de la histórica depresión en la que estamos? ¿De qué han servido todas las medidas restrictivas hasta la fecha; acaso para para hacer que la prima de riesgo llegue a máximos históricos, a la salud de los prestamistas privados del Estado español?
Es triste decirlo, pero si el gobierno persiste cerrilmente en estos bárbaros recortes, la economía española acabará colapsándose definitivamente más pronto que tarde y las generaciones más jóvenes de este país se verán aún más penosamente obligadas a huir despavoridas a otras latitudes donde el sentido común no sea el menos común de los sentidos.
Mario del Rosal Crespo. Profesor de economía de bachillerato y doctorando en economía internacional por la UCM.
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