Un informe del Tribunal de Cuentas considera que durante los gobiernos de Jose María Aznar se vendieron en España 48 empresas públicas por debajo de su valor real, entre ellas IBERIA, Red Eléctrica de España (REE) y la siderurgia estatal ENSIDESA. Según el documento aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas para su elevación […]
Un informe del Tribunal de Cuentas considera que durante los gobiernos de Jose María Aznar se vendieron en España 48 empresas públicas por debajo de su valor real, entre ellas IBERIA, Red Eléctrica de España (REE) y la siderurgia estatal ENSIDESA. Según el documento aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas para su elevación al parlamento, el precio por el que el estado vendió parte o la totalidad de sus empresas fue «sensiblemente inferior» al establecido en las valoraciones independientes. El informe también señala que, si bien los procesos de venta contaron «al menos con una valoración externa», fue «frecuente» que el responsable de la auditoría «fuese también el asesor de la operación de privatización», circunstancia que, a juicio del Tribunal de cuentas, pudo «influir en la objetividad de la operación». Asi por ejemplo, la Oferta Pública de Venta (OPV) de ENDESA en 1997, fue coordinada, entre otros, por dos bancos de negocios con participaciones en la compañ ía eléctrica. Algo parecido sucedió con REPSOL también en 1997, pués dos de los bancos que actuaron como asesor y coordinaror global de la venta, respectivamente, eran accionistas de la petrolera.
Recordemos que durante el periodo 1996-2002 España vivió un frenesí privatizador en el que se culminó el proceso iniciado en los 80 por los gobiernos de Felipe González. Los gobiernos del PSOE no sólo fueron los pioneros en la desmantelación del sector público industrial, sino que también prepararon muchas empresas para la venta en años posteriores, asumiendo para ello grandes costes económicos y sociales. Este fue el caso de la siderurgia pública ENSIDESA. Si bien los altos hornos asturianos no se privatizaron hasta 1997, es decir, con el PP, los gobiernos de Felipe González se encargaron de hacer la venta atractiva a los inversores privados. Para ello el estado realizó fuertes inversiones tecnológicas en la renovación de las instalaciones, así como asumió los costes económicos acarreados por la reducción de la plantilla laboral en 13.000 trabajadores: indemnizaciones, subsidios de desempleo, prejubilaciones, etc… Una vez hechas estas costosas inversiones y ajuste s laborales, la empresa estuvo en condiciones de ser vendida, ahora se descubre que por debajo de su valor real.
Los gobiernos del PP completaron el proceso de desmantelación de la industria pública bajo criterios aún más ortodoxamente neoliberales. Si bien el PSOE reconocía la necesidad de que el estado conservase algunas acciones de sus antiguos negocios, el PP apostó en la mayoría de los casos por la privatización total. El responsable político de las privatizaciones durante los gobiernos del PP, que según la revisión del Tribunal de Cuentas tuvieron graves irregularidades, el entonces ministro de economía Rodrigo Rato, es en la actualidad el nuevo director del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Tribunal de Cuentas finaliza aconsejando que en el futuro los procesos similares se hagan «mediante convocatorias públicas con difusión en medios de información general para incrementar la concurrencia de ofertas y la transparencia». Sin embargo, no deberíamos preguntarnos si acaso la corrupción en los procesos privatizadores no es algo accidental sino consustancial a estas operaciones.