Según explica Sanidad,se trata del desarrollo del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de agosto. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas estudian una vía para que los […]
Según explica Sanidad,se trata del desarrollo del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de agosto.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas estudian una vía para que los inmigrantes sin papeles, que desde el próximo 1 de septiembre se quedarán sin cobertura sanitaria, paguen por recibirla en la sanidad pública mediante convenios.
La cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso de los mayores de 65 años
Esta norma establece que las personas que no reúnan la condición de asegurado o beneficiario del sistema podrán formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria.
Según publica el diario ‘El País’, en virtud de estos convenios, los extranjeros sin papeles tendrían que abonar 710 euros al año para recibir asistencia en la Sanidad pública, si bien la cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso de los mayores de 65 años.
Fuentes del Ministerio de Sanidad han explicado únicamente que «la cuantía de la suscripción de los convenios se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos». El documento de trabajo ya ha sido enviado a las comunidades autónomas para que realicen las alegaciones correspondientes.
Los convenios están dirigidos a los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año, es decir, los llamados «rentistas»; a los europeos que voluntariamente quieran suscribirlos para ser atendidos por el sistema sanitario público español y a nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público. En el caso de los inmigrantes sin papeles, el Gobierno se limita a recordarles «la necesidad de que regularicen su situación».
La asistencia básica, es decir, urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, se mantiene para todos los ciudadanos, incluidos los que están en situación irregular.
La sanidad privada les saldrá más barata que la pública a los inmigrantes
El precio que prevé cobrar el Ministerio de Sanidad a los extranjeros sin papeles es hasta un 30% más caro que el importe de los seguros privados. Además, las dos opciones cuentan con la desventaja de quedar fuera del sistema público de medicinas.
La noticia estalló ayer como una bomba: Sanidad estudia cobrar a los inmigrantes sin papeles 710,40 euros al año a cambio de permitirles acceder a la cobertura médica pública. Así aparece en un borrador, al que tuvo acceso El País, en el que se detalla la posibilidad de crear una especie de convenio con este colectivo.
La polémica está servida. Pero no sólo por la decisión de empezar a cobrar a los inmigrantes en situación irregular, sino también porque las cifras barajadas por la cartera de Ana Mato son muy superiores a las que cobran los seguros privados.
Así lo ha denunciado la asociación de consumidores Facua y se puede comprobar recurriendo a las ofertas de compañías como Sanitas, Adeslas, DKV o FIATC.
Aunque es cierto que en la medicina privada las ofertas varían tanto en función del sexo -las mujeres jóvenes son penalizadas por la posibilidad de embarazo- como de la edad, es posible encontrar varias pólizas de cobertura completa, sin copago, por un importe mensual inferior a los 59,20 euros que está barajando Sanidad.
De hecho, en algunos casos, las compañías cuentan con ofertas hasta un 30% más baratas que los precios que pretenden cobrar el Estado.
Por ejemplo, una mujer de 35 años puede acogerse al Sanitas Todo Salud por 46,54 euros; mientras que un hombre de la misma edad puede contratar la misma poliza por menos de 40 euros mensuales.
De media, un reciente estudio de Consumer estima que los varones de esta edad pagan 46 euros mensuales por su seguro privado, cifra que sigue siendo muy inferior a la barajada por Sanidad.
Además, para los mayores de 65 años, edad a partir de la cual la medicina privada encarece sus precios, Ana Mato estudia exigir 155,3 euros mensuales, o lo que es lo mismo1.864,80 euros anuales.
Estas cifras también son superiores a las que ofrecen las compañías privadas, donde es posible encontrar pólizas con cobertura completa y sin copago por 101 euros mensuales (MediFIATC Progres).
Tanto la opción privada como la pública que se está estudiando para los irregular cuentan con la desventaja de quedar fuera del sistema nacional de medicinas, lo que significa que, en cualquier caso, estos inmigrantes se verán obligados a tener que pagar la totalidad de sus recetas.
El carácter de urgencia que está aplicando el Gobierno a sus políticas de ajuste conlleva que, a partir del próximo 1 de septiembre, todos los sin papeles se quedarán sin cobertura gratuita, excepto los menores de 18 años, las mujeres embarazadas, las víctimas de trata, los asilados y los casos de urgencia.
La inmediatez del cambio de normativa hace que algunas comunidades estén ya trabajando con el borrador de Sanidad, como ha reconocido, por ejemplo, la Región de Murcia.