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Los intereses privados que amenazan la salud pública, detrás de los ceses y dimisiones en Osakidetza

Fuentes: El Salto

La gestión política en la integración del centro privado Onkologikoa en la OSI Donostialdea, caracterizada por la externalización y las puertas giratorias, estaba generando críticas entre pacientes y trabajadores. Entre los más favorecidos por esta gobernanza, se encuentran multinacionales del sector privado, como grandes farmacéuticas.

“No se puede hablar de purgas, ni decir que es el apocalipsis”. Así se pronunciaba el PNV tras los ceses, dimisiones y plantes en la OSI Donostialdea. Durante los tres primeros días de diciembre, han sido cesadas dos directoras (directora gerente y directora médica) del organigrama de la OSI Donostialdea. Además, dos directivos (subdirectora médica y subdirector médico) han presentado su dimisión tras conocerse los ceses. El organigrama quedó casi desierto teniendo en cuenta que el 10 de noviembre ya fueron cesados dos directivos (directora de personal y director de atención) y que la plaza de dirección económico financiera estaba vacante. 

El remate fue la protesta en solidaridad con los ceses y dimisiones que encabezaron una treinta de responsables de servicios en el Hospital Donostia, exigiendo “el cese de los cargos de la dirección central de Osakidetza” [organismo de la sanidad pública vasca] y el abandono de su “política suicida”. Los desacuerdos con la Consejería de Salud del oasis vasco que provocaron los ceses, dimisiones y plantes se basan en la sobrecarga asistencial, falta de profesionales y recortes en horarios de atención, pero de fondo hay un profundo malestar con la incertidumbre sobre el futuro del centro Onkologikoa tras su integración en la OSI Donostialdea de Osakidetza. 

Derivación de pacientes al sector privado

En octubre, la Comisión de Pacientes y Usuarios de Onkologikoa y su comité de empresa se unieron para denunciar la “infrautilización” del centro desde su integración en Osakidetza y la “pérdida de su carácter monográfico y de referencia”. Por otra parte, Iñigo Jaca, exdirector del centro, propiedad de la Kutxa, consideraba que detrás de la engañosa integración se fraguaba un “desmantelamiento” para “derivar a los pacientes a un centro privado con un costo adicional”. El comité de empresa del centro denunció que “cada vez es más frecuente que pacientes oncológicos se deriven desde el Hospital Universitario de Gipuzkoa a la Policlínica Gipuzkoa”, un centro privado concertado con Osakidetza.

¿Quién esta detrás de este problema? El sector sanitario privado en Gipuzkoa está liderado por Fresenius, propietaria de la Policlínica Gipuzkoa y del Hospital Quirónsalud Donostia. La empresa Quirón Salud, una de las grandes en la privatización sanitaria, fue comprada en 2016 por el grupo alemán Fresenius, que cerró el primer trimestre de 2021 con un incremento del 13% en las ventas en el mercado español, rebasando los 900 millones de euros. Respecto a sus relaciones con el sector público, esas puertas giratorias que la sociedad identifica como la fuente de todas las disfunciones del servicio público, Fresenius ha fichado como directivo al marido de Ana Isabel Quinteiro, coordinadora de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza, Jefa del Servicio de Análisis Clínicos de la OSI Araba y miembro del Comité de Planificación y Gestión de la Medicina Personalizada de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco.

Uno de los directivos que ha dimitido en la OSI Donostialdea, Adolfo Beguiristain, enmarca los ceses en el organigrama de la organización pública en “un sistema dictatorial muy peligroso, en detrimento de la calidad asistencial”. Los jefes de servicios han afirmado que su dimisión está relacionada con dejar de “reconocer como centro de referencia en el tratamiento del cáncer peritoneal” al Hospital de Donostia. No es cuestión menor. Cabe señalar que la multinacional Fresenius, acusada de sobornar a médicos, aspira a hacerse con el contrato de los servicios de diálisis peritoneal para pacientes del Sistema Sanitario de Euskadi licitado en octubre y así ampliar el monopolio que tiene como polémica subcontrata de Osakidetza para el servicio de hemodiálisis. La externalización degrada lo público, y de esta manera debe entenderse los movimientos políticos de Osakidetza en los últimos meses.

Giratoria para disciplinar 

En estos términos se expresa el informe “Amenazas al derecho a la salud en Euskadi”, elaborado por Medicus Mundi, señalando que “en lo referente a la concertación hospitalaria, en 2013 fueron varios los centros con los que el Departamento de Salud concertó esta asistencia”. De estos centros, destacaban el Instituto Onkologikoa, con 23,1 millones, Policlínica Gipuzkoa con 10 millones de euros y la clínica Asunción de Tolosa, con 20,7 millones de euros.

Precisamente un exdirectivo de la clínica Asunción de Tolosa, Agustín Aguirre, ha sido elegido para cubrir el vacío de poder en la OSI Donostialdea y disciplinar a los amotinados. Aguirre ocupará el cargo de director gerente de la OSI. La clínica de Tolosa se menciona en la carta “a la opinión pública” remitida por la treintena de responsables de servicios y organizaciones de la OSI Donostialdea. Durante su etapa como alto cargo de la OSI Debagoiena, Aguirre fue criticado por Roberto Sánchez, anestesista que denunció las irregularidades en la OPE de Osakidetza.

En la clínica de Tolosa también ocupó responsabilidades Rafael Cerdán, exviceconsejero socialista del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Cerdán llegó a estar imputado por el “caso Margüello”, una trama de corrupción por la que terminó siendo condenado el responsable territorial en Bizkaia de Osakidetza. Además, en la junta de la clínica de Tolosa figuró Juanjo Mujika, exgerente del Hospital de Gipuzkoa, exdirector gerente de Emergencias de Osakidetza y exconsejero de Policlínica Gipuzkoa. Mujika era Diputado de Hacienda de Gipuzkoa cuando estalló la trama de fraude fiscal denominada “caso Bravo”, un asunto por el que fue condenado el exsenador Víctor Bravo.

La TIC de Onkobide financiada por Farmaindustria

El pasado 2 de diciembre, en plena crisis dentro de la OSI Donostialdea, se inició el proceso licitatorio de “los servicios de adecuación en Onkobide para la vinculación de Onkologikoa al Hospital Universitario de Donostia en Osakidetza”. El contrato, valorado en 300.000 euros y con financiación de Farmaindustria, está enmarcado en “la creación de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología en Gipuzkoa” y será adjudicado a la única licitadora, Informática Médico Farmacéutica S.L. Su producto estrella en Osakidetza es una TIC denominada Farmis Oncofarm. Osakidetza contrató en 2017 a esta empresa “un proyecto para la adquisición e implantación de una solución software que cubre el circuito completo de prescripción en el paciente oncológico” cuyo coste ascendió a 575.000 euros. Desde entonces, se le han adjudicado tres contratos para su implantación y mantenimiento por cerca de 700.000 euros. 

La Asociación por el Derecho a la Salud, Osalde, y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncian planes como el de “pago por resultados” de Onkobide, concertado con la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, Farmaindustria. El concierto con Farmaindustria permite a “la industria farmacéutica probar los fármacos” en Osakidetza, mientras el Servicio Vasco de Salud incrementa “su dependencia de las multinacionales”, generando “conflictos de intereses y corrupción”. Este acuerdo entre Osakidetza y Farmaindustria fue promovido por el entonces exconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón. En la actualidad, tras dimitir por el escándalo de las irregularidades en la OPE, Darpón y dos ex miembros de la cúpula de Osakidetza ejercen de directivos en Keralty, multinacional del sector de la salud comandada por un exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Jon Azua. Todo en orden para la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/salud/intereses-privados-salud-publica-ceses-dimisiones-osakidetza