¿Alguien se extraña aún de que ningún gobierno español haya intentado jamás convencer a los independentistas catalanes de que no se desvinculen de España con argumentos que no sean la amenaza y el miedo?
En octubre de 2020, es decir, hace 18 meses, los políticos catalanes Torrent y Maragall presentaron una querella por espionaje que entró en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, pero no ha sido hasta el lunes pasado, día 2 de mayo, e inmediatamente después de la rueda de prensa del ministro Bolaños informando que también habían sido espiados el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, cuando ese juez del 32 les ha pedido por primera vez a los querellantes sus móviles para analizar si fueron infectados con Pegasus o con algún otro software espía.
Es importante tener en cuenta que, por su parte, el fiscal le había pedido al juez que reclamara esos teléfonos el 15 de octubre de 2020, acto seguido de que los dos independentistas catalanes presentaran la querella.
De momento no consta que el juez haya sido apartado del caso por manifiesta ineptitud, aunque no debería descartarse dilación deliberada en la práctica de unas pruebas que, por su única y exclusiva culpa, podrían haber terminado siendo impracticables. Por ejemplo, en el caso de que uno o ambos teléfonos se hubieran extraviado durante los 18 meses transcurridos.
Este comportamiento por parte del juez constituye complicidad de facto con los espías delincuentes. Me ahorro lo de «presuntos» porque, una vez que Pedro Sánchez y Margarita Robles también han sido espiados, es de suponer que el resto de españoles tenemos derecho a estar tan seguros como Bolaños de que se trata de delitos.
Pero, ¿cómo se me ocurre pensar tan mal de España, un país en el que existe la separación de poderes? Tres verdades lo demuestran.
La primera, que ni a ese juez, ni a ningún otro, les hace falta recibir órdenes del gobierno para decidir su ritmo de trabajo: les basta con ver la tele.
La segunda, que una justicia con dobles varas de medir no necesita que ningún otro poder le diga cual tiene que emplear para cada sentencia.
La tercera y definitiva, qué las sedes de los tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el parlamentario, están ubicadas en edificios separados.
Para poder respirar en medio de tanta basura, siempre nos quedará la ironía pero, si queremos algo más, habrá que esperar, quizás, a la justicia europea.
¿Alguien se extraña aún de que ningún gobierno español haya intentado jamás convencer a los independentistas catalanes de que no se desvinculen de España con argumentos que no sean la amenaza y el miedo?
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