Desde que Montesquieu elaboró su teoría sobre la división de poderes, el judicial es uno de los tres que forman el basamento de la democracia, si cabe el más poderoso porque en multitud de cuestiones tiene la última palabra. Pesos y contrapesos, poderes y contrapoderes son los instrumentos de que se sirven los regímenes parlamentarios para evitar el poder autocrático, sin embargo la utilización espuria del poder judicial puede llegar a convertirlo en un gobierno paralelo que boicotee cualquier propuesta del Ejecutivo incluso antes de conocerla. El Gobierno de los Jueces en España está secuestrado por el Partido Popular desde hace cinco años, un periodo en el que debían juzgarse cientos de casos de corrupción cometidos por miembros de ese grupo político por jueces cuyos nombramientos tienen un origen más que evidente. Sobreseimientos, aplazamientos, revisiones, prescripciones han jalonado unos procesos que han dado como resultado que la mayoría de los implicados estén a día de hoy en la calle, viviendo como si no hubiesen roto un plato en su vida. Queda claro, pues, la razón principal por la que el partido de Feijóo persiste en el bloqueo de un organismo principal para la democracia, aunque no sea el único.
Además de nombrar a los jueces y magistrados encargados de enjuiciar los casos de corrupción, el gobierno de los jueces, que debía haber dimitido al caducar su mandato sin hubiesen tenido un mínimo de dignidad, lleva años haciendo campaña por el partido de su querencia, llegando a extremos tan inusuales como denunciar la ley de amnistía que aún no conoce nadie, hacer plantes en las puertas de los tribunales o manifestarse en contra o a favor de determinados criterios legales que corresponden exclusivamente al legislador. Los jueces no hacen leyes, los jueces las interpretan y las aplican, pudiendo en determinados casos presentar recurso de inconstitucionalidad ante el órgano competente. Juzgar determinadas leyes que entran en contradicción con su ideario político cuando han callado ante otras tan contrarias a la democracia como la ley mordaza, pone de manifiesto que muchos de ellos renuncian a la independencia a que les obliga la ley, mostrando sin género de dudas que tienen ideas muy claras y que utilizan los cargos que detentan para defenderlas e imponerlas.
Al Gobierno de los jueces, según la ley que lo rige, corresponde, entre otras minucias, proponer el nombre del Presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo General del Poder Judicial; nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y a los presidentes de Tribunales y Salas; nombrar a los jueces y magistrados de toda España y proponer dos miembros para el Tribunal Constitucional, cuidar del régimen disciplinario de los miembros de la Judicatura, inspeccionar juzgados y formar a los jueces. Es decir, cinco años después de haberse cumplido su mandato, los jueces nombrados por Mariano Rajoy son los que deciden no sólo que sentencia dictar sobre los casos de corrupción que convirtieron a su partido en un gigantesco Patio de Monipodio, sino mostrar públicamente su enfado y oposición a leyes que desconocen y que para que lo sean tendrán que ser aprobadas por las Cortes Generales, capacitar a los candidatos mediante la Escuela Judicial para que puedan ejercer como jueces y magistrados y sentenciar sobre lo que es legal y lo que no es legal habiendo demostrado previamente mediante sus manifestaciones públicas un sesgo ideológico que debería incapacitarlos para el ejercicio de la justicia. Un juez, incluso un miembro del poder judicial, puede tener ideas, faltaría más, lo que no puede es juzgar con arreglo a sus ideas, sino sujetándose a la ley que no le corresponde a él elaborar porque es competencia exclusiva del Poder Legislativo, es decir de la mayoría parlamentaria, en muchos casos reforzada, que haya en cada momento, siempre, por supuesto, ateniéndose al mandato constitucional.
El Partido Popular lleva años pidiendo que sean los jueces quienes elijan al Poder Judicial, dentro de unas pautas corporativas que perfectamente podrían llevarnos a suprimir las elecciones generales y que fuesen los médicos quienes eligiesen al ministro y los consejeros de Sanidad, a los transportistas que nombrasen al de Transportes, a los ecologistas al de Medio Ambiente, y a los futbolistas al de Deportes. No insisten tanto en esa querencia los hombres y mujeres de Feijóo y Ayuso cuando están en el poder, entonces se olvidan y dejan el tiempo correr porque son ellos quienes con arreglo a las mayorías parlamentarias eligen a los vocales del Consejo. Los populares saben que una parte considerable de los jueces le son afines ideológicamente, nadie ignora la gran penetración del Opus en la judicatura ni tampoco que hay familias que vienen ocupando cargos judiciales desde el tiempo de Carlos III, tampoco que la formación de los jueces, en muchos casos, está en manos de afines.
En esa tesitura, la propuesta del Partido Popular no pretende una justicia más justa, sino perpetuar hasta el fin de los días su hegemonía absoluta en el Tercer Poder, creando de esa manera un poder paralelo con competencias inmensas al margen de la voluntad popular. Sabiendo que los jueces y magistrados tienen la última palabra en la mayoría de cuestiones que afectan a los ciudadanos, al urbanismo, a la redistribución de la riqueza, a lo que se puede enseñar o no en las escuelas, a las indemnizaciones, a los límites de los derechos a la propiedad, a la vivienda o la libre expresión del pensamiento, la elección del Poder Judicial de modo corporativo situaría a ese Poder por encima de la Constitución y por encima de la Voluntad Popular, consolidando una anomalía de tal calibre que sería imposible gobernar sin su concurso ni su complacencia. No sería ya el Consejo General del Poder Judicial, sino el Poder de los Jueces.
Son los ciudadanos quienes eligen al Poder Legislativo en las elecciones generales y en las autonómicas. Es el Legislativo quien elije al Poder Ejecutivo y quien designa a la mayoría de miembros del Poder Judicial. Si se rompe ese vínculo con la mayoría parlamentaria, sólo habría una alternativa democrática posible: Que los ciudadanos elijan a los miembros de ese poder al mismo tiempo que votan a diputados y senadores. Todo lo demás sería imponer por muchos años una justicia de clase.