Un grupo de más de más de 50 especialistas pide públicamente a todos los partidos que se pongan de acuerdo y apliquen una serie de medidas básicas que nos preparen para un nuevo escenario.
España afronta la peor crisis de su historia en materia de incendios forestales y los políticos no están escuchando a los expertos. Es la denuncia de un grupo de más de 50 especialistas en la lucha contra el fuego de nuestro país, que se han reunido en Madrid para recordar sus propuestas y denunciar la falta de compromiso de los políticos.
“Apelamos a todos los partidos representados en el Congreso de los Diputados a que asuman la gestión integral de los incendios forestales como una cuestión de Estado”, demandan. Este grupo, compuesto por investigadores, técnicos e ingenieros de las más diversas áreas, ya se reunió en 2023 bajo el auspicio de la Fundación Pau Costa y elaboraron un documento de recomendaciones —con más de 1.000 firmantes individuales— que ha sido ampliamente ignorado por las administraciones.
Ahora, tras la quema de más de 400.000 hectáreas este verano, piden que haya un punto de inflexión y se tomen las medidas estructurales necesarias. “Tenemos que hacer cambios, porque lo que viene va a ser mucho peor”, ha asegurado Joaquín Ramírez, experto en fuegos y responsable de Technosylva, empresa tecnológica que colabora en la extinción de los megaincendios en California o Canadá. “Lo que queremos evitar es que lleguemos a un año de 800.000 hectáreas quemadas: el siguiente episodio está detrás de la puerta”, ha añadido Virginia Carracedo, investigadora de la Universidad de Cantabria.
Proteger vidas, cambiar el chip
¿Qué propuestas hacen a los políticos para evitar que se repita la situación dramática el año que viene? La base de sus peticiones es la necesidad de admitir que estamos ante un nuevo escenario climático y desarrollar estrategias transversales, porque las que tenemos han sido desbordadas y los escenarios de crisis se suceden y se solapan.
Gráfico: El mapa de los grandes incendios en España este año.
El documento se centra en varios ejes de actuación, desde promover bosques más resilientes, que limiten la intensidad del fuego, a fortalecer el sector primario como garante de paisajes menos vulnerables. Una propuesta concreta era destinar 1.000 millones de euros al año para la gestión del 1% de paisaje forestal a nivel nacional, es decir, 260.000 de hectáreas anualmente (menos de lo que el fuego ha gestionado este año por su cuenta). Pero sus autores quieren priorizar sobre todo dos acciones: ofrecer seguridad a la gente que vive en los pueblos y trabajar en puntos estratégicos que les den oportunidades de extinción.
“Sabemos que si tenemos menos de diez toneladas de materia seca por hectárea, tendremos incendios que podremos apagar”, asegura el especialista en incendios Juan Caamaño. “Para eso hace falta gestionar parte del territorio para dejarlo por debajo de esos volúmenes de combustible”. “No puede haber un solo núcleo rural en España que no esté predefendido”, añade Luis Berbiela, vocal del Patronato de la Fundación Pau Costa. “No puede ser que la gente del pueblo se tenga que poner a desbrozar el entorno de sus casas porque llega el fuego”.
De la misma forma, defiende Berbiela, cada persona que compra un chalé en el campo tiene que pagar su autoprotección, porque cuando los bomberos tienen que defender esas casas, esos recursos se detraen del motor de incendio. “No hay un solo hotel que no tenga una escalera de incendios, ¿cómo es posible que no tengamos defendida cada vivienda en el interfaz urbano-forestal?”, plantea.
Falta de coordinación
Otra de las quejas de los expertos es la falta de coordinación y centralización de la lucha contra los incendios. A pesar de que España es uno de los países que más recursos de extinción tiene por superficie, no se trata de un problema de apagar fuegos, sino de evitar que se produzcan los que se convierten en incontrolables.
“Hasta ahora se ha abordado desde las comunidades autónomas, pero necesitamos una perspectiva nacional, incluso europea”, ha recalcado Caamaño, que defiende la creación de una entidad como las “inter-agencias” que existen en Canadá y EEUU, que genere marcos de trabajo comunes y estandarizados, para mejorar la coordinación de las comunidades.
Para el especialista, también haría falta invertir para conocer mejor estos nuevos fuegos de intensidad nunca vista. “Nos ha faltado la capacidad de entender cómo se han propagado estos fuegos”, admite Caamaño. “Debemos avanzar en el conocimiento de estos incendios y de los combustibles vivos, porque este año pensábamos que con el agua que había caído serían capaces de soportar las temperaturas y no ha sido así, lo que implica que necesitamos más conocimiento”.
Por otro lado, señalan los expertos, también falta una centralización de los datos. No conocemos bien la cantidad de territorio que ocupa la interfaz urbano-forestal, por ejemplo, ni hay un documento unificado de riesgo. “En España no existe un análisis nacional de riesgo de incendio forestal”, informa Ramírez. “Hay trabajos parciales por las distintas comunidades autónomas, pero nada a escala nacional que permita planificar y coordinar esfuerzos, a pesar de estar contemplado en la revisión de la Ley de Montes de 2023”.
“Quien toma las decisiones debe entender que no es un problema de bomberos, sino de medidas que hay que tomar a escalas muy grandes y transversales”, ha señalado Juan Picos, experto en fuegos de la Universidad de Vigo. “En términos sanitarios, no necesitamos tener más cirujanos, porque esta crisis no se arregla en la mesa de operaciones: necesitamos que la gente no entre muriéndose al quirófano. Una vez que se desatan estos incendios, los que están ahí no pueden hacer milagros”.
Nos quedamos sin tiempo
La reunión de estos especialistas se produce una semana después de que se hayan declarado extinguidos la mayoría de los incendios y cuando las desgracias personales y materiales empiezan a estar fuera del foco de atención colectivo. Ahora es cuando corremos el riesgo, advierten, de bajar la guardia hasta que el problema vuelva a resurgir con más virulencia.
De continuar por la senda actual, España se enfrentará a emergencias de mayor magnitud y a un coste económico y social inasumible, advierten los especialistas. Las soluciones técnicas están desde hace años encima de la mesa, pero falta lo más importante: la voluntad política de actuar.
“La comunidad de incendios forestales ha cumplido con su parte, hemos puesto nuestro conocimiento y experiencia al servicio de las administraciones”, resume Berbiela. “Queremos enviar un mensaje claro a los representantes públicos y la sociedad: no podemos permitirnos más tiempo perdido, necesitamos que estos conocimientos se conviertan ya en leyes, presupuestos y programas de acción”.
A pesar del clima de polarización política, los especialistas insisten en que este no es un reto ideológico, sino de país. Porque “al fuego le da igual a quien votes”, recalcan. Al mismo tiempo, consideran que esta materia es propicia para un consenso generalizado, porque a todo el mundo le gusta conservar los bosques y que no se queme su pueblo. “Por lo tanto, observen lo que estamos haciendo, y aprendan de nuestros fallos y nuestros aciertos”, apela Juan Picos a los políticos. “Y cuídense, porque vienen tiempos para hacer las cosas bien”.