Al contrario de lo prometido en la campaña electoral, los socialistas se ven obligados casi a diario desde el gobierno de Portugal a explicar las «excepciones ambientales», que admiten por «interés nacional». Una política igual a la de sus antecesores conservadores, que cuestionaron desde el llano. A comienzos de 2005, cuando el Partido Socialista ganó […]
Al contrario de lo prometido en la campaña electoral, los socialistas se ven obligados casi a diario desde el gobierno de Portugal a explicar las «excepciones ambientales», que admiten por «interés nacional». Una política igual a la de sus antecesores conservadores, que cuestionaron desde el llano.
A comienzos de 2005, cuando el Partido Socialista ganó los comicios, los ecologistas de todas las tendencias políticas no escondieron su satisfacción, porque las riendas del poder estaban en manos del secretario general, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, un joven ingeniero protagonista de grandes batallas en defensa del herido ambiente lusitano.
La primera prueba de la determinación de Sócrates fue dada poco después de asumir el cargo en marzo de 2005, cuando revocó decisiones anterior gobierno (2002-2005), encabezado primero por el hoy presidente de la Comisión de la Unión Europea (UE), José Manuel Durão Barroso, y luego por Pedro Santana Lopes, autorizando deforestaciones para construir complejos turísticos.
En esa oportunidad, Sócrates anuló el permiso de talar alcornoques, el árbol del que se produce el corcho y cuyo comercio mundial es controlado en 67 por ciento por Portugal. La autorización había sido dada para construir un centro turístico en Benavente, en el norte del país.
La actitud firme de Sócrates fue entonces aplaudida unánimemente por los propios ambientalistas que hoy se rasgan las vestiduras ante la proliferación de autorizaciones del mismo gobierno para excluir buenas parcelas de la Reserva Ecológica Nacional (REN), bajo la explicación de «interés público» o «interés nacional».
Isabel de Castro, ex diputada y dirigente del Partido Ecologista Verde (PEV), dijo a IPS que es necesario «lanzar el alerta del peligro que corre nuestro valioso patrimonio natural, ambiental, paisajístico y cultural, que con la complicidad o por omisión de los sucesivos gobiernos está muriendo, siendo destruido cada día en nombre del lucro inmediato y fácil».
Esta realidad «es bien visible en la pérdida de la biodiversidad, en la fauna y la flora, en el empobrecimiento de los suelos, con más de la mitad del territorio (portugués, de 92.000 kilómetros cuadrados) amenazado de desertificación y con un tercio que sufre de erosión grave», detalló.
De Castro, que el año pasado renunció a su mandato para dedicarse de lleno al activismo ambiental, recordó a IPS que 80 por ciento del territorio portugués es forestal, «una parte significativa del cual ha sido destruida por incendios y reforestado con especies no autóctonas, de crecimiento rápido, como el eucalipto».
Los sucesivos gobiernos «han permitido serios atentados al paisaje, un desorden del territorio y el caos urbanístico», añadió la ex diputada del PEV, quien puso como ejemplo «la invasión del cemento en el litoral, en especial en la Costa Vicentina», un área protegida de la UE, ubicada en el sudoeste de Portugal.
«Bajo el pretexto de ‘interés público’, se está acelerando el proceso de erosión de nuestra costa, con construcciones indebidas, urbanizaciones en zonas de riesgo al borde de barrancos o destruyendo cordones de dunas mediante la extracción ilegal de arena», añadió.
Casi impunemente o pagando reducidas multas, las industrias «han contaminado más de la mitad de los ríos del país y ni siquiera ha escapado a esto el estuario del río Tajo, una de las 10 mayores zonas húmedas del mundo», deploró De Castro
A pesar de que la mayor parte de los numerosos ecosistemas y áreas protegidas de Portugal «están integrados en la Red Europea Natura 2000, se encuentran degradados y amenazados por la negligencia, la invasión de las construcciones y las ‘plagas’ de los clubes de yates», concluyó la activista Las declaraciones de interés público de proyectos turísticos privados para sortear obstáculos legales de orden ambiental, según Ricardo García, periodista especializado en ecología del matutino Público, de Lisboa, manchan la imagen «verde» del gobierno.
«Son varios los casos en que el gobierno actual ha recurrido a regímenes de excepción previstos en la legislación ambiental, para sancionar proyectos que considera de interés nacional, sobretodo por tratarse de millonarias inversiones que prometen miles de empleos», apuntó García en un vasto reportaje que ocupa tres páginas de la edición del lunes del matutino independiente.
Hélder Spinola, presidente de la asociación ambientalista Quercus, confiesa que «el sentimiento que tenemos es de desilusión», porque según explicó también a Público, «cuando constatamos que el gobierno actúa en bloque para viabilizar proyectos en zonas sensibles, perdemos gran parte de la esperanza depositada en estas personas».
Para permitir intervenciones en la REN, hasta fines del año pasado, el gobierno había emitido 247 resoluciones declarando el «interés público», en la mayoría de los casos referentes a obras de utilidad social, tales como redes de aguas y desagües, carreteras y ferrovías.
Sin embargo, a estas obras se suman inversiones del sector privado, fustigadas por los activistas que acusan al gobierno de ceder a las presiones de los grandes intereses económicos y autorizar proyectos considerarlos lesivos para el ambiente, ante lo cual han entablado procesos en tribunales portugueses y ante las instancias de la UE radicadas en Bruselas.
El ministro de Ambiente, Francisco Nunes Correia, contraataca: «El gobierno está siguiendo el rumbo correcto», afirmó en entrevista a Publico, en la que asegura que, por el contrario, es el ambiente el que está ejerciendo presión sobre la economía.
«Rechazo totalmente que el Ministerio de Ambiente esté siendo presionado. Yo colocaría la cuestión al contrario. Es el ministerio que está ejerciendo una gran presión sobre la economía y sobre los inversores para incluir preocupaciones ambientales en sus proyectos», enfatizó el gobernante.
Ante la polémica desatada con el amplio reportaje del principal periódico de Lisboa, el presidente de la estatal Agencia Portuguesa de Inversiones (API), Basilio Horta, subrayó que la REN «no significa que no se puede construir nada».
Nombrado en el cargo por Sócrates pese a haber sido candidato conservador a la presidencia de Portugal, derrotado por el socialista Mario Soares en 1986, el titular de esta agencia dedicada a captar inversiones foráneas asegura que «no hay desarrollo sin ambiente, pero ambiente sin desarrollo económico es desempleo»
Horta no reconoce a los ambientalistas «legitimidad para dar lecciones» y advierte que si se rechazan «inversiones importantes, con impacto tecnológico y en las exportaciones, ¿qué hacemos en el futuro? ¿Reducimos el país a termas?», preguntó.