La pobre oferta de la «izquierda parlamentaria» la ha descalificado como tal y también a casi todas sus las candidaturas; y ha abierto una nueva etapa de incertidumbre social. Tal incertidumbre viene acompañada por el crecimiento -por el momento imparable-; del fascismo -en Europa, en el Estado Español y en el mundo. Eso ha ocurrido […]
La pobre oferta de la «izquierda parlamentaria» la ha descalificado como tal y también a casi todas sus las candidaturas; y ha abierto una nueva etapa de incertidumbre social. Tal incertidumbre viene acompañada por el crecimiento -por el momento imparable-; del fascismo -en Europa, en el Estado Español y en el mundo.
Eso ha ocurrido ya en las elecciones generales en las que, con muy raras excepciones, han predominado los partidos en los que las nociones básicas de la izquierda como: marxismo, lucha de clases, lucha por la igualdad y por la democracia participativa; lucha contra los monopolios económicos, sociales, culturales e ideológicos, ha desaparecido.
A mi juicio, y sin ánimo de ser exhaustivo ni categórico, las condiciones básicas, mínimas, que deben proclamarse con claridad para una candidatura de izquierda, son las siguientes:
-La proclamación expresa de que -ante el crecimiento evidente del fascismo-, la lucha esencial de los trabajadores y trabajadoras debe darse en la calle, es fundamental. Todos los órganos representativos deben convertirse en un escenario de la lucha de clases.
-La renuncia del marxismo como condición para la incorporación al sistema político es, también, absolutamente inaceptable. La imposición de facto de esta renuncia impone el poder económico, político e ideológico del más fuerte. No es posible una democracia real bajo el sistema capitalista.
-El capitalismo es un sistema económico, social e ideológico que conduce a la desigualdad y a la exclusión. El capitalismo es incompatible con la democracia y con la inclusión social de todos los sectores de la población, fundamentalmente los trabajadores y trabajadoras jóvenes con contratos basura o desempleados. El capitalismo genera la exclusión total de los sectores empobrecidos de la población, fundamentalmente de los niños y niñas y de los ancianos.
-Toda la lucha democrática por el socialismo requiere de una lucha antifascista en todas las instituciones del estado, fundamentalmente en las FFAA, las FSE y los funcionarios públicos en todos los niveles. El fascismo es el peor enemigo de la democracia. Permitir el paso al fascismo es empobrecer a todo el pueblo, reducir los servicios sociales y paralizar la inclusión plena de la mujer en la sociedad.
-La Iglesia ha sido históricamente en España un aliado fiel y permanente del fascismo. No se puede permitir su participación en la vida pública política, social o educativa. El culto debe tener naturaleza estrictamente privada, sin exclusiones ni privilegios. La Iglesia debe devolver los bienes robados durante el franquismo y la transición. Buena parte de ellos constituyeron una fracción importante de la acumulación capitalista originaria impuesta por la coacción y el despojo. Los viene de la Iglesia, con valor artístico, pertenecen al estado.
-En ningún estado democrático son aceptables las jurisdicciones especiales.
-Para asegurar la paz y la convivencia; y hacer posible una transición democrática, es imprescindible la liberación de todos los presos políticos y el mantenimiento en sus puestos de los diputados y diputadas electas.
-El hecho de que el Parlamento español (Congreso y Senado) es un escenario de la lucha de clases ha sido entendido perfectamente por los diputados y senadores de la derecha, la extrema derecha y el fascismo.
-La salida de la inmediata de la OTAN y el cierre también inmediato de las bases extranjeras en España, en primer lugar las de los Estados Unidos, es una medida fundamental para la existencia de soberanía plena y de independencia nacional y para evitar agresiones a otros pueblos desde territorio estatal.
Estas dos medidas constituyen la base de una política internacional de paz. Gibraltar debe volver a la soberanía española plena, las ciudades de Ceuta y Melilla y las plazas de «soberanía» española deben entregarse a Marruecos. El estado debe garantizar la indemnización justa a los funcionarios españoles que residan en esas colonias españolas, con las medidas de reinstalación en territorio nacional que sean precisas y la conservación de sus empleos. La posición colonial de todos los gobiernos de la llamada «Transición democrática» es una prueba más de su cobardía política y de su alineamiento con el Imperio de los EEUU y sus satélites.
-La solidaridad es una de las bases fundamentales de la política interior y exterior del estado.
-La República es el único sistema político de fundamento histórico, popular y democrático. Su institución es necesaria. La monarquía debe ser abolida.
-Una vez restaurada la República debe iniciarse un proceso constituyente que garantice la instauración de una democracia participativa mediante los mecanismos adecuados que garanticen la representación política de todos los sectores de la población. Un nuevo sistema electoral garantizará la representación proporcional de los ciudadanos y su representación equilibrada por sectores sociales diferenciados.
-La salida de la UE, tal como está configurada, es necesaria para el abandono de la Europa de los monopolios y las transnacionales y la creación de la Europa de los pueblos. La constitución de la UE actual supone la dominación de la política exterior por los EEUU, el FM y el FMI y el banco Central Europeo.
-Cualquier política soberana debe suponer la revisión y cancelación de la deuda ilegítima, de la «deuda odiosa» o de la «deuda impagable».
-La permanencia en la UE y de la OTAN, obligan a una injerencia inaceptable en la política exterior de España frente a terceros países. Esta política exterior nos está llevando a la guerra militar o económica, siempre genocida.
Las pruebas y las evidencias son continuas. Podemos mencionar la «posición común» contra Cuba respaldando el bloqueo y la aplicación ilegal de la Ley Helms-Burton, y la política injerencista contra Venezuela que rompe todas las normas del derecho internacional; el de la ONU, incluido el que regula la «intervención humanitaria».
-El estado español no solo ha intervenido en terribles guerras genocidas contra Yugoslavia, Irak (en dos ocasiones), el Líbano, Libia, etc., sino que está amenazando a Irán y ha declarado su bloqueo económico siguiendo las instrucciones de los EEUU. Sus intervenciones son, con frecuencia, silenciosas, tal como lo es la intervención regular en África, en el Sahel, o la negativa a apoyar el derecho de independencia del pueblo saharaui, deuda pendiente del estado español.
-Es necesario, por democrático, defender el derecho de autodeterminación de los pueblos: vasco, catalán, gallego o andaluz, para que ellos determinen libremente su independencia política total, o su integración en una República de los pueblos.
-Es fundamental una política real y concreta, verificable, de lucha contra la destrucción del planeta, contra el desastre ecológico que lo amenaza y, especialmente, contra la desaparición de la capa de ozono, el deshielo, y el ascenso del nivel del mar.
-Toda candidatura de izquierda que pretenda combatir el capitalismo debe anunciar la puesta en marcha de una Ley de Medios de Comunicación que penalice el uso del engaño, la mentira, la difusión de mentiras falsas, el uso de fake news para la creación de una «opinión pública» al servicio de los poderosos.
-El poder municipal, el autonómico, el residual que pueda tenerse en el Parlamento europeo, son parte del poder del estado. El slogan, muy utilizado, de «gobernaré según el interés de mis electores» es en la izquierda un camino abierto abierto a la despolitización y a la insolidaridad.
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