Francisco Báez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inició en los años 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado más de 40 años a la investigación sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseñado […]
Francisco Báez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inició en los años 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado más de 40 años a la investigación sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseñado y destacado su obra
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De nuevo le robo tiempo y me baso en sus informaciones. Me ha llegado esta información: «La biotecnológica Aromics acelera pruebas fármaco contra cáncer por amianto». Es una empresa catalana si no estoy errado. ¿Qué sabe del tema? ¿UN fármaco contra el amianto?
Un fármaco contra la patología maligna más netamente relacionada con la exposición al amianto, esto es, contra el mesotelioma, cáncer incurable hasta el presente. Facilito seguidamente el link de acceso a la web de la compañía, en la que se explica la campaña y sus obligados antecedentes de contextualización, a través de un video-reportaje y de texto de acompañamiento: http://capitalcell.net/investment/aromics23/
CCOO está organizando por su parte unas jornadas sobre enfermedades relacionadas con el amianto. ¿Va a participar usted? ¿Qué sabe de este encuentro?
Mis contactos e historia común, con las actuales CC.OO., a diferencia de lo sucedido en el pasado, y salvo excepciones, tienen ya un carácter residual, y es lógico, al menos hasta cierto punto, que así sea, en función de las circunstancias sobrevenidas en ese pasado. Nadie tiene que rasgarse las vestiduras por ello. Eso es así, y no hay que darle más vueltas al asunto. En reiteradas ocasiones, y de forma verbal y personal, y ante diversas instancias y personas del sindicato, mi predisposición a la colaboración, en la medida de mis mermadas capacidades actuales, está ya reiteradamente expresada. Conforme con ese espíritu de sobreentendido o expreso ofrecimiento de colaboración, tendríamos, por ejemplo, a lo expresado en el capítulo de agradecimientos, en mi libro: «Amianto: un genocidio impune».
De los actuales aconteceres, que motivan, en concreto, esta interpelación suya, no tengo más información que la que me ha llegado a través de lo publicado en Internet.
La Vanguardia ha publicado este artículo: http://www.lavanguardia.com/vida/20161216/412668621183/la-HYPERLINK «http://www.lavanguardia.com/vida/20161216/412668621183/la-confederacion-hidrografica-del-tajo-ha-retirado-once-toneladas-de-amianto-del-cauce-del-arroyo-ramabujas-en-toledo.html»confederacion-hidrografica-del-tajo-ha-retirado-once-toneladas-de-amianto-del-cauce-del-arroyo-ramabujas-en-toledo.html ¿Once toneladas de amianto, 11 mil kilogramos?
Eso dicen. Será verdad. Posiblemente, y al igual que también ha sucedido con anteriores informaciones, se tratará de esa cifra, pero de residuos de amianto-cemento, de los cuales sólo un porcentaje minoritario está constituido por amianto en sentido estricto, y lo cual, no obstante, sigue siendo mucho, y muy peligroso.
Por cierto, La Vanguardia, como usted sabe, es un diario fuertemente conservador. Sin embargo, va publicando puntualmente informaciones sobre nuestro tema, cosa que no ocurre en otros medios que tienen fama de ser más progres y más objetivos. ¿No le parece?
El tema del amianto, por lo que tarda en dar la cara en sus efectos, no compagina bien con la pugnaz vehemencia con la que el periodismo cotidiano aborda todo aquello que cree identificar como con una actualidad de suficiente «garra» periodística. Bienvenidas sean las excepciones a esa regla de ostracismo informativo.
Canadá ha anunciado recientemente que prohibirá la producción y uso del amianto, incluido el crisolito, en 2018. Yo pensaba que ya existían restricciones en este ámbito en Canadá. ¿Por qué en 2018? ¿Puede recurrirse la decisión? Tengo también esta información: «Pese a haber clausurado la minería propia, Canadá sigue importando amianto: http://windsorstar.com/news/local-news/asbestos-imports-continue-despite-canadian-mining-ban «
Ese cambio de paradigma puede resultar un trago difícil de digerir por parte de las autoridades canadienses, como sería, hablando en metáfora, como cuando un portaviones tiene que invertir su rumbo, de improviso. Supongo que esa demora temporal, entre sus motivaciones, posiblemente incluye a esa situación embarazosa, unido a la inercia que representan esas «costumbres» importadoras, que a día de hoy persisten.
Las restricciones, existen en la práctica, puesto que, desde hace ya mucho tiempo, la política de Canadá ha consistido en promover muy activamente el uso del amianto blanco o crisotilo destinado a la exportación, mientras que, simultáneamente, procedía a una fuerte reducción del uso en su propio territorio, procediendo, por ejemplo, a su retirada de los edificios de uso público, como era el caso del Parlamento en Ottawa, o a dejarlo de usar como antideslizante, suelto, en sus carreteras, con ocasión de nevadas, que tan frecuentes son allí.
En el posicionamiento actual, no veo intencionalidad de modificación, ni en propósito, ni en el plazo que se auto-conceden para llevarlo a término.
Siendo muy optimistas, podríamos esperar que ese «cambio de bando» pudiera animar a hacer lo propio, llegado el momento, en naciones como México, Cuba o Brasil. En este último país, productor del mineral, ya existen prohibiciones parciales, referidas a varios estados y municipios, que en cualquier caso no afectan al asentamiento de su única mina activa actualmente.
Una nota que me llegó de usted: «Me permito recordaros que la empresa PAISA es la misma que ocasionó, entre otras, la muerte por mesotelioma de una víctima no ocupacional (exposición medioambiental), que determinó la creación, por su hijo, de la famosa película «La plaza de la música», que puede ser descargada de Internet». ¿Qué recuerda de esta película? ¿Por qué ha vuelto a hablar de PAISA?
La película, es de imperecedero recuerdo, por su emotividad en el abordaje autobiográfico que el autor hace, acerca de los sentimientos de quienes han pasado por la amarga experiencia de tener que ver desaparecer a un ser querido, herido de muerte por la invisible perfidia del amianto inhalado inadvertidamente.
La empresa PAISA, de forma reiterada sigue apareciendo en los medios de comunicación, a causa de los sucesivos casos de fallecimientos originados por el amianto que se manejó en su factoría del País Vasco. Cada vez que eso sucede, si tengo oportunidad de hacer públicamente referencia a la película, no dejo de hacerlo, porque estos sucesivos aconteceres vienen a representar la coda final, de momento, de la tragedia narrada en dicho film. Narrada, por más señas, por el hijo de una de esas víctimas.
PAISA no ha sido una compañía tan conocida y reconocida como asociada a la exposición al asbesto, como sería el caso, por ejemplo, de Uralita, para la que resultaría quizás reiterativo hacer tan repetida mención de dicho nexo de causalidad en la índole de las enfermedades y las muertes acaecidas.
«El nuevo macrocaso de los extrabajadores de Unión Naval (primero de Levante y después de Valencia), enfermos, supuestamente, por una prolongada exposición al amianto, ha sufrido un brusco frenazo. La Audiencia Provincial de Valencia, en un auto, ha estimado los recursos presentados tanto por el fiscal como por la compañía contra el proceso iniciado por unos 350 ex empleados de la naviera, afectados por distintas patologías ocasionadas, presuntamente, por estar en contacto con polvo de amianto durante su etapa laboral en el astillero. La denuncia se centra contra varios responsables de Unión Naval ya que, según los demandantes, no se adoptaron las medidas necesarias para evitar su exposición a este material tóxico». Esta es la noticia. Su comentario: «La información se comenta sola». ¿Nos ayuda un poco?
Creo que estamos ante un claro ejemplo de los aspectos negativos que conllevan los acuerdos extra-judiciales, en evitación, para las dos partes, de tener que pasar por el largo e incierto proceso que siempre representa llegar a tener que recorrer todo el desarrollo del litigio.
Luego puede ocurrir, como estamos viendo en esta oportunidad, que ese recurso al pacto, se ha hecho en perjuicio de las oportunidades de poder volver a demandar a la empresa concernida, por otras víctimas que en nada se han visto beneficiadas de ese pacto, y que sí han sido perjudicadas, en cambio, por las mismas condiciones de exposición laboral, en el mismo centro de trabajo, y bajo la misma dirección o titularidad de la instalación y de sus condiciones de funcionamiento.
Eso es en lo que nadie piensa o sobre lo que no se quiere reflexionar de forma consecuente, por parte de quienes suscriben, en su condición de perjudicados, ese tipo de acuerdos extra-judiciales. Hay, por supuesto, otros inconvenientes, y no es menor, el hecho de que no queda judicial constancia de quienes debieran de terminar certeramente identificados como responsables, incluyendo el registro estadístico correspondiente.
Pero si es así, querido amigo, si es tan obvio lo que señala sobre los acuerdos extra-judiciales, y los efectos negativos tan evidentes, ¿por qué se vuelve a caer en lo mismo una y otra vez? ¿Quiénes abonan este mal camino de resolución?
Para que se llegue a formular, y en su caso a concluir el pacto, habrá, como mínimo, si no hay también intervención de terceros, dos partes intervinientes, cuyos respectivos intereses y perspectivas han de ser analizados.
Por lo que respecta a la parte patronal, una primera cuestión a considerar, es la vía elegida por la parte demandante, para formular el litigio, porque la vía penal es mucho más favorecedora de que la empresa demandada busque y sea propicia a ese pacto extra-judicial, por razones obvias. El «talego» sigue gozando de un acreditado «prestigio» disuasorio y sancionador.
Después, influye también el tamaño de la empresa demandada. No es lo mismo una compañía de amplia plantilla de trabajadores que han estado expuestos al mismo riesgo, y que por lo tanto es altamente probable que similares situaciones a ventilar en los tribunales se puedan seguir originando sucesivamente, que aquellas otras empresas, medianas o pequeñas, que consideran excepcional verse envueltas en ese tipo de perturbaciones en su regular marcha de sus negocios habituales. En el primer caso, el de las grandes empresas, la posibilidad del pacto extra-judicial, sobre todo cuando se trata de atajar a una andadura ya iniciada por la vía penal, es contemplada con mejores ojos.
Por lo que atañe a la parte demandante, aquí hay varios agentes actuantes, aparte de los propios demandantes, cuyas posiciones previas tendrán indudable peso, a la hora de iniciar, de conducir y de concluir una negociación tendente a cerrar ese pacto extra-judicial. Tales otros agentes intervinientes -abogados del demandante, asociaciones de víctimas, sindicatos-, inevitablemente también tienen sus propios intereses y puntos de vista, condicionando hasta cierto punto la decisión final e incluso el mero planteamiento previo, de esa posibilidad de acuerdo fuera de tribunales.
El pacto extra-judicial tiene que tener siempre, objetivamente, sus indudables ventajas, porque si no fuera así, nadie los concertaría. La cuestión está en apreciar, comparativamente, qué es lo mejor, lo más conveniente o lo que se considera más proclive para que pueda alcanzarse un resultado tangible e inmediato, frente al horizonte incierto de un amparo judicial, que frecuentemente se ha podido comprobar cómo resultaba impredecible, tornadizo e injusto. Los previsibles males de esos pactos, frecuentemente alcanzarán a los demás trabajadores, pero no a los que cierran ese pacto (o no, al menos, en toda la intensidad y extensión de sus consecuencias negativas). Es lo que ha ocurrido, en el episodio que da origen a todo nuestra argumentación sobre el asunto.
Sigo con una información que me ha llegado a través de Antonio Bernardo Reyes
De acuerdo. Cuando quiera.
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