Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado han sido aprobados por el Congreso de Diputados. Parece, por lo tanto, que Rajoy ha ganado estabilidad política por uno o dos años. Pero, en los próximos meses, no podrá evitar de responder a grandes problemas políticos y sociales. En primer lugar el aumento de la conflictividad social. Los […]
Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado han sido aprobados por el Congreso de Diputados. Parece, por lo tanto, que Rajoy ha ganado estabilidad política por uno o dos años. Pero, en los próximos meses, no podrá evitar de responder a grandes problemas políticos y sociales.
En primer lugar el aumento de la conflictividad social. Los presupuestos pueden provocar nuevas luchas sociales porque representan la continuación de los recortes, de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector público y de las pensiones, de la desatención las necesidades sociales más urgentes como las prestaciones por desocupación, vivienda o pobreza energética y no crean puestos de trabajo público, a pesar de la convocatoria de oposiciones.
Los datos muestran que el número de huelgas ha disminuido en los últimos años, pero en cambio han aumentado tanto el número de trabajadores en huelga como el de horas de trabajo perdidas. Las luchas de los trabajadores son ahora más largas y participan más trabajadores ( 1 ). Estaríamos viviendo un cambio de ciclo en las luchas obreras.
En segundo lugar, está la lucha de Catalunya por el derecho de autodeterminación. La defensa del derecho del pueblo catalán, expresado en manifestaciones masivas y en las elecciones, no es un «problema de los catalanes» con el estado, ni aun menos con el resto de pueblos: es un problema del conjunto de todos los trabajadores/as y de los pueblos del Estado español.
El sistema político nacido en la Transición niega este derecho pero ahora está totalmente en crisis y liberarnos de él tiene que ser un objetivo de todos los trabajadores/as y todos los pueblos. Por esto defender a Catalunya contra la opresión y la represión del Estado es de todos. Si el Estado impide el derecho de autodeterminación, todos los pueblos seremos algo más súbditos. Si Catalunya consigue romper las cadenas, se allanará el camino para abolir la Monarquía y permitir un nuevo marco de reencuentro de pueblos libres con Federación de Repúblicas, que queremos que sean obreras y socialistas por el alcance de la ruptura no solo con el estado sino con el capitalismo. Pero esto solo se puede conseguir con la movilización solidaria de los pueblos y los trabajadores.
Finalmente, está la corrupción del Partido Popular. Rajoy está rodeado por todo tipo de denuncias de corrupción y por los escándalos de manipulación de la Fiscalía General del Estado y de los tribunales. La lista de los casos de corrupción es muy larga y afecta todas las instituciones, incluida la monarquía, y todos los partidos del sistema. Según datos del Consejo General del Poder Judicial ( 2 ), desde del inicio de la Transición, se han descubierto más de 175 tramas (126 sólo del PP y PSOE), 1.660 causas en 2013
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha calculado que el coste de la corrupción es 90.000 millones de euros anuales (47.500 millones de euros por los sobrecostes administrativos por carencia de control y el resto por las otras formas de corrupción). Esto significa casi 9% del PIB. Solo tenemos que comparar estar cifra el coste previsto de los intereses de la deuda para 2017 (33.000 millones)
Esta situación se está volviendo políticamente insostenible pero sin movilizaciones en la calle, Rajoy y el Partido popular continuarán al poder. Por esto, hay que ayudar a organizar esta movilización e imponer a las organizaciones sindicales y de izquierdas la convocatoria de la lucha contra el Gobierno Rajoy, hacia la huelga general.
Pero al mismo tiempo que se impulsa la movilización también hay que construir una nueva alternativa política. No podemos permitir que otra Syriza acabe respondiendo a nuestra lucha con la «política de lo posible» que acabe siendo una repetición de lo de siempre: bajar salarios y pensiones y privatizar al dictado de la UE.
La realidad es que o se gobierna apoyándose directamente en la movilización obrera y popular o se acaba haciendo el juego a los poderosos. No hay puntos de conciliación. Por eso, es imprescindible una alternativa política que asuma acabar con el Gobierno Rajoy y avanzar hacia un Gobierno de los trabajadores/as que no pague la deuda y asegure un Plan obrero de urgencia y que defienda la libertad de los pueblos.
Hay antecedentes de una alternativa política de este tipo. En las elecciones europeas de 2009, se presentó la candidatura Iniciativa Internacionalista, en la que participaban organizaciones de izquierda, sindicales y sociales de todo el estado, entre las que se encontraban el SAT de Andalucía, organizaciones vascas, Izquierda Castellana y también Lucha Internacionalista. Ahora hay que volver a intentarlo, no solo para presentarse a las elecciones sino para encabezar las luchas.
Notas:
1 Conflictividad social Abril 2017. Departamento de Relaciones Laborales. CEOE
2 http://www.huffingtonpost.es/2016/12/09/coste-corrupcion-espana_n_13532158.html
Andreu Pagès es miembro de Lucha Internacionalista
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