La participación de IU en los gobiernos de Asturias y Andalucía y su estrategia en Extremadura señalan las oportunidades y límites de la coalición
El aplauso de los dirigentes de UGT y CC OO no puede haber sentado mejor a la dirección de una IU que exhibe estos días de cara a sus afiliados y votantes su influencia positiva en la negociación a tres bandas con el PSOE y UPyD en Asturias. En palabras de Manuel González Orviz, coordinador general de la formación en el Principado, con cinco diputados en el Parlamento regional, la labor de IU en la negociación presupuestaria ha sido garantizar las partidas sociales y «aminorar el golpe que da a los ciudadanos el Partido Popular».
Desde la coalición, que ha exigido al PSOE nuevos impuestos, se admite que no se pueden hacer maravillas cuando disminuyen los ingresos y hay que pagar más a los bancos. El aumento de la presión fiscal para compensar esto ya ha provocado las críticas de los sectores económicos, políticos y mediáticos asturianos más comprometidos con las políticas neoliberales del Gobierno central. Tras el rocambolesco paréntesis de Francisco Álvarez Cascos, Asturias vuelve a tener un ejecutivo socialista sin mayoría absoluta. Si bien la dirección de IU apostaba por un nuevo Gobierno con los socialistas (la fórmula con la que se ha regido el Principado entre 2003 y 2011), las bases de la coalición de izquierdas rechazaron esto en un referéndum interno. El PSOE, sin mayoría absoluta, necesita además de los votos de IU, el del diputado de UPyD, cuyas exigencias han sido en bastantes casos totalmente divergentes de las de la formación de izquierdas.
El principal logro para la dirección de IU en el proyecto de presupuestos de 2013 es el establecimiento de un impuesto sobre los depósitos bancarios, similar al que ya tienen en Extremadura, Andalucía y Canarias. Un tributo que corre el riesgo de ser anulado desde el Gobierno de Mariano Rajoy y con el que se prevé recaudar unos 40 millones de euros, aproximadamente lo mismo que se destinará al salario social.
Este ingreso mínimo e indefinido destinado a las personas sin recursos económicos fue una de las medidas estrella de IU durante sus anteriores gobiernos con el PSOE. Con la crisis su demanda se ha disparado y desde Alambique, colectivo contra la exclusión social, se critican los retrasos de más de un año en las tramitaciones y los cobros, así como «los filtros que impone la administración para que no se tramiten todas las solicitudes».
Los logros en bienestar social, que sitúan a Asturias entre las comunidades con mayor gasto en esta materia, contrastan con severos recortes como el de educación, 81 millones de euros menos. Desde Suatea, la federación asturiana de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la enseñanza (STEs), se critica que el ajuste deje a la pública temblando, mientras se mantienen los conciertos educativos con centros privados.
Desde este sindicato, Yolanda Iglesias advierte del drástico recorte en ayudas al transporte o el comedor, y critica que mientras se pierden puestos de empleo la consejera y su gabinete se suben los sueldos. En sanidad, los recortes, sin llegar al nivel de otras regiones, tal y como señala Carlos Ponte, de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, no se hacen allí donde según este colectivo deberían hacerse: en el excesivo gasto farmacéutico. Ponte pone como ejemplo las campañas de vacunación de la gripe o del virus del papiloma humano, en su opinión muy costosas pero de dudosos resultados. Para este médico, Asturias podría utilizar el sistema de subastas a la hora de adquirir los fármacos, un método que en Andalucía ha permitido «un ahorro de 40 millones de euros y que en Asturias podría suponer una rebaja de 33 millones de euros sin disminuir la calidad del servicio».
En contraste con los recortes, el incremento de 650.000 euros en los gastos del Parlamento autonómico ha irritado a los trabajadores autonómicos y a la opinión pública en general, así como los sueldos de altos cargos, directores generales y consejeros, que seguirán en cantidades comprendidas entre los 55.000 y los 69.000 euros anuales, o el nada despreciable aumento del salario del presidente del Gobierno asturiano. Javier Fernández percibirá 69.000 euros anuales, 6.000 más que sus predecesores, Francisco Álvarez Cascos y el socialista Vicente Álvarez Areces.
Andalucía, recortes invisibles
Con una organización dividida acerca de la entrada en el Gobierno, Diego Valderas, vicepresidente de Andalucía y coordinador de IU, ha lidiado con fuertes críticas e incluso algunos abucheos, como el de los ex trabajadores de la empresa Delphi. Los recortes (4,1% menos) han llegado a unas cuentas autonómicas que rondan los 30.700 millones de euros (y que podrían caer más a lo largo del año), aunque PSOE e IU alegan que su reducción es inferior a la que el Estado ha hecho con Andalucía, 3.000 millones y un 5,8%.
Pero a pesar de que culpan a Rajoy de la «imposición» y existe enfrentamiento dialéctico, como con la paga extra a los funcionarios, «los recortes se aplican con resignación», señala un trabajador de la televisión autonómica. Izquierda Unida, por su parte, saca pecho de su influencia en los planes de empleo de la Junta (370 millones) o en los ‘planes de choque’ para parados de larga duración y jornaleros, una financiación que ya era habitual en las zonas rurales. La rehabilitación de viviendas (45 millones), los carriles bici (10 millones), el salario social (75 millones) o los planes de solidaridad alimentaria (20 millones) también son aportaciones de IU a un Presupuesto que incrementará las becas en un 7%.
Pero también hay escepticismo. Para Patricia García, activista de la Asamblea de la Macarena 15M-Sevilla, la Junta de Andalucía está haciendo los mismos recortes que otras comunidades autónomas, pero de manera encubierta. Según García, son habituales los retrasos de más de un año en los pagos a residencias, centros de menores, comedores sociales o centros de investigación, lo que produce una «sensación de colapso de la Administración».
Julio Rodríguez, investigador de la Universidad de Sevilla, comparte esa opinión: «La Junta me adeudó durante meses 2.200 euros, los de mantenimiento estuvieron tres meses sin cobrar y los edificios que se empezaron a construir en la Universidad, como parte del ‘plan de choque’, se quedaron sin fondos a los seis meses». Por ello, añade que «muchas empresas se están negando a proveer a la Junta». Rodríguez cree que «aunque de cara a la galería parece que los recortes están siendo menos graves, la ‘no renovación’ de contratos está a la orden del día», como ha sucedido con los 4.500 interinos no renovados este curso. Como respuesta, 200 de ellos se encerraron el 13 de diciembre en La Utopía de Sevilla.
En Sanidad, las renovaciones de contratos al personal eventual al 20% del número de horas están siendo otra vía para efectuar los recortes. María del Mar Alcalá, médico residente en el Hospital de Jerez, explica que «mantienen el mismo número de trabajadores pero trabajando muchas menos horas y con contratos basura», mientras «ponen a residentes a ocupar puestos de especialista sin supervisión».
Desilusionada por el trato de la Administración, su colectivo convocó una huelga indefinida -actualmente suspendida- durante 16 días, solicitando que se reconozca el número real de horas que están haciendo y el carácter formativo de la residencia. Alerta además de que, aunque no hay repago como en otras Comunidades, los recortes se palpan en el material sanitario, que está reduciendo su cantidad y calidad. La situación de los hospitales contrasta con la de las empresas públicas sanitarias, que aumentan en un 7% su presupuesto para 2013. Para Alcalá, estas empresas «son un cortijo lleno de cargos intermedios políticos», opinión que comparte Rodríguez, quien considera «una barbaridad el número de empresas públicas duplicadas o triplicadas en la Junta de Andalucía».
Las críticas también afectan a la Consejería de Vivienda, una de las apuestas centrales de IU. Promesas electorales como la paralización de los desahucios o un gran parque de viviendas no han sido de momento implementadas, mientras sigue habiendo 100 desahucios diarios.
Analía Caffarenghi, abogada de uno de los Puntos de Información de Espacio y Vivienda del 15M en Sevilla, cree que las Oficinas de Vivienda creadas por la Junta sólo ofrecen parches provisionales: «La Administración no se persona ante los bancos, te obligan a buscarte la vida y cuando consiguen paralizar las ejecuciones es a cambio de que el banco se asegure el cobro».
Rodríguez admite que con tres consejerías «se puede hacer poco», pero alerta de que «los proyectos estrella se están quedando en los despachos, lo que genera un desengaño con un Gobierno que sólo está yendo un pasito por detrás del Gobierno central». En esa línea se posiciona la CUT-BAI, el partido integrado en IU liderado por Sánchez-Gordillo, cuyo secretario de organización, Manuel Rodríguez, ha señalado que Valderas «forma parte de un Gobierno que también recorta, inflige sufrimiento a la población y se enfrenta a empleados públicos». No son los únicos. Tres parlamentarios de IU decidieron no votar a favor de los presupuestos, mientras que un centenar de cargos que se han denominado ‘IU por la base’ han criticado que se recorten 1000 millones de euros en Sanidad y 600 en Educación o partidas como la protección social (601 millones inferior) o el fomento del empleo (358 millones menos). Consideran que irán destinados a un pago de la deuda que crece en un 60% (3.581 millones, 8% del presupuesto). A pesar de ello, el mensaje de que en otras CC AA los recortes son mayores, ha calado en la ciudadanía andaluza, como indica una reciente encuesta del IESA en la que IU se aprovecharía del desplome del PP, hasta alcanzar un 16,1% de intención de voto.
Extremadura y Honduras
Los resultados en las elecciones de mayo de 2012 dejaron a IU con la «patata caliente» de tener que elegir entre votar a favor de un desprestigiado PSOE o abstenerse y propiciar un Gobierno del PP. La decisión de optar por lo segundo, tras un referéndum interno, ha causado no pocos quebraderos de cabeza a una dirección federal de IU partidaria de entregar el poder al PSOE a toda costa para acallar cualquier acusación de connivencia con la derecha. Esta delicada situación ha vuelto a repetirse con la votación de los presupuestos para 2013. IU se ha vuelto a abstener, pero a condición de que el PP admitiese sus enmiendas: reclamar fondos al Estado para paliar el subdesarrollo extremeño, un aumento en las partidas en ayuda a la dependencia y a las familias sin ingresos, y ayudas y subvenciones para cooperativas de parados. Para el coordinador de IU en la comunidad, Pedro Escobar, enfrentado con Cayo Lara, y de quien se dijo que encabezaría una lista en la X Asamblea de Izquierda Unida, se trata simplemente de «adecentar» un poco unas maltrechas cuentas autonómicas de las que hace corresponsables a PP y PSOE: «entre Guatemala y Guatepeor me quedo en Honduras».