La amenaza radioactiva que supone la energía nuclear muestra la falacia de respuestas en clave nacional: Chernóbil y Fukushima nos enseñan cada día que las fronteras, en términos de contaminación radiactiva, no significan nada. Muchas personas que viven en Portugal lo han entendido así, la cercanía de los reactores de Almaraz, en Extremadura, les ha […]
La amenaza radioactiva que supone la energía nuclear muestra la falacia de respuestas en clave nacional: Chernóbil y Fukushima nos enseñan cada día que las fronteras, en términos de contaminación radiactiva, no significan nada. Muchas personas que viven en Portugal lo han entendido así, la cercanía de los reactores de Almaraz, en Extremadura, les ha llevado a coordinarse con personas de toda España y a crear el Movimiento Ibérico Antinuclear, mostrando que estamos hermanados ante una amenaza común.
La solidaridad es reconfortante, y la aportación de los compañeros y las compañeras de Portugal es valiosa, es buena la invocación ibérica compartida, pero estos sentimientos agradables no nos excusan de analizar la realidad en que nos encontramos y el futuro inmediato.
Los siete reactores nucleares que funcionan en la Península Ibérica están en España, no en Portugal. El Movimiento Ibérico Antinuclear supone un hermanamiento; pero por mucho que las fuerzas políticas y sociales de Portugal se movilicen, aunque llegasen a tener una postura unánime de todo el país y desarrollasen todo tipo de presiones internacionales, no existen mecanismos para traducir su posición en una respuesta política efectiva en España. Incluso se podrían utilizar los sentimientos nacionales para enmascarar los impactos ambientales y las amenazas compartidas ocultándolas tras otras cuestiones políticas. Si fuese al revés, si los reactores nucleares estuviesen en Portugal, la situación sería exactamente la misma para un movimiento social desarrollado en España. Las fronteras, que no significan nada para la contaminación radioactiva, lo significan todo en política energética.
Cerrar un reactor nuclear es un acto de voluntad política, como lo fue construirlo. Existen unos procedimientos y unos mecanismos en la legislación de España para que esa voluntad política se materialice; por eso, aún gozando de la solidaridad y la simpatía de una parte de la sociedad portuguesa, es en la solidaridad compartida con compañeros y compañeras de toda España donde están los mecanismos para enfrentar la amenaza que preocupa a las compañeras y los compañeros de Portugal.
Sobre el futuro inmediato: entre el 2020 y el 2021, seis de los siete reactores nucleares que funcionan en España, en la Península Ibérica, deben renovar el permiso para continuar durante 10 años más; si lo consiguen será un avance importante para alargar su funcionamiento hasta los 60 años, que es hoy el objetivo prioritario de los grupos que representan los intereses de la industria nuclear. Aunque el movimiento de oposición debe tener un ámbito ibérico, el trabajo de cierre se inscribe en la legislación y el calendario concreto de España.
Lo que nos lleva a plantear algunas cuestiones; sobre si en la situación de crisis política que se vive en España seremos capaces de poner el peligro compartido por encima de los discursos nacionales; sobre si sabremos hacer un uso común de los mecanismos políticos de los que disponemos, o serán despreciados como parte de la «crisis del régimen de la transición». Porque hay intereses poderosos, en toda España y también en Portugal, para que los reactores continúen funcionando, y es evidente que una parte de los defensores de la energía nuclear usarán los recursos que ofrece la diferenciación nacional para mantener a sectores de la sociedad al margen de la reivindicación del cierre de los reactores.
Conseguir que no se renueven los permisos de funcionamiento es algo que va más allá de la política de partidos pero que no la excluye, y también incide en la política institucional. La política es mucho más que emitir un voto cada cuatro años a fuerzas que se presentan libremente a unas elecciones (aunque esta sea una condición básica), pero si la política no tiene traducción institucional se limita a la denuncia. Los que defienden los intereses nucleares lo saben, y nosotros también lo sabemos. La denuncia es algo aceptado en una sociedad democrática, incluso está bien vista porque transmite valores de pluralismo y libertad. El trabajo para conseguir un objetivo como el cierre de los reactores nucleares es algo diferente a una denuncia, es una amenaza directa a intereses muy concretos, por lo que ni está aceptado, ni está bien visto.
Por eso, las personas que participamos en un movimiento ibérico contra las nucleares tenemos la responsabilidad de no quedarnos sólo en la denuncia, debemos usar los recursos institucionales para que se den posibilidades reales de cierre. Hay una situación social y políticamente nueva, hoy y de cara al 2020 y el 2021 y, además, se trata de siete reactores que siempre han sido peligrosos, pero que ahora, después de décadas de funcionamiento, aún lo son más por su degradación técnica y material.
Tenemos la responsabilidad de combinar el trabajo social y la acción a nivel ibérico con la incidencia concreta en la política de España. Hemos de desarrollar un trabajo que surja de la sociedad, pero que llegue a las instituciones, con objetivos y destinatarios concretos y definidos, y con mecanismos de participación social que vayan más allá de la denuncia, que impliquen de forma activa a la mayoría social contraria a la energía nuclear, y que tengan incidencia válida en las instituciones responsables de tomar decisiones. Sólo así se podrá lograr que entre el 2020 y en 2021 esas decisiones nos beneficien a todas y a todos, hoy y por muchos años en el futuro de la Península Ibérica.
Miguel Muñiz es miembro de Tanquem Les Nuclears – 100% RENOVABLES y del Movimiento Ibérico Antinuclear en Barcelona. Mantiene la página web www.sirenovablesnuclearno.org