El cambio climático es una “enfermedad” devastadora para la salud de nuestro planeta. En este contexto, urge encontrar el tratamiento adecuado para combatirlo, que pasa por la descarbonización de la economía mediante el despliegue de energías renovables, además de un necesario decrecimiento económico que pocos quieren aceptar.
Sin embargo, como ocurre con las enfermedades que afectan a los seres vivos, no todos los “fármacos” –en este caso, proyectos de energía renovable a gran escala– propuestos por las compañías energéticas serán adecuados una vez considerados los beneficios y los riesgos para el medio ambiente y el coste para la sociedad. Por eso es importante una exhaustiva evaluación previa de estos proyectos.
Recientemente, la Unión Europea ha aprobado un reglamento para acelerar la tramitación de algunos proyectos de energías renovables a costa de reducir las garantías de que no producirán impacto medioambiental al considerarlos de interés público superior.
El Gobierno de España, casi con simultaneidad, aprobaba un real decreto que, al igual que el reglamento europeo, permite que los proyectos de energía renovable (excepto los ubicados en Red Natura 2000 y en el medio marino) no tengan que pasar por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y por un proceso de información y participación pública.
Ambas normativas vulneran dos principios básicos: el principio de no regresión ambiental y el principio de participación pública en materia de medio ambiente, recogido por el Convenio Aarhus. Actualmente está en tramitación la modificación de la Directiva Europea de Energías Renovables, que supondría que esta regresión ambiental y democrática fuese permanente y no temporal.
Primero, eficiencia energética
Estos cambios regulatorios son perjudiciales por varios motivos. En primer lugar, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático señala que la mejor medida para luchar contra el calentamiento global es la preservación de los ecosistemas. Unos ecosistemas sanos son una solución basada en la naturaleza para mitigar los efectos del cambio climático. Por tanto, no se deberían aprobar proyectos dañinos sobre ecosistemas valiosos donde los efectos adversos pueden superar fácilmente los beneficios esperados.
Por otro lado, la ciencia ya ha demostrado la enorme dependencia que las infraestructuras renovables tienen de las tierras raras, que implica que no puedan suplir la demanda energética actual, por lo que es imprescindible una disminución en el consumo energético.
Asimismo, el desarrollo de esas infraestructuras renovables requiere de una gran cantidad de combustibles fósiles para la extracción de materiales, transporte y construcción. Esto, unido a su baja tasa de retorno energético, despierta serias dudas sobre la capacidad de las renovables para mitigar el cambio climático sin un tratamiento adecuado de eficiencia y ahorro energéticos.
En este sentido, es muy preocupante que la mencionada propuesta para acelerar las energías renovables reconozca abiertamente que se pretende producir tanta energía con renovables como hasta ahora, sin disminuir la demanda global de energía. Esto supone abandonar definitivamente el principio de “primero, eficiencia energética”, establecido por el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que marcaba hasta ahora la política climática de la Unión Europea.
Dicho principio significa que la energía más importante es la que no se produce. Establece que antes de decidir nuevas inversiones energéticas habrán de tenerse en cuenta medidas alternativas de eficiencia energética y ahorro de energía que eviten aumentar la capacidad de generación.
Los riesgos de los megaparques eólicos
En España hay diferentes megaproyectos de energías renovables tanto en tierra como marinos que son preocupantes por su impacto medioambiental y socioeconómico.
Los proyectos eólicos marinos en la zona de cabo de Creus y golfo de Roses (Cataluña) son un caso paradigmático. Los científicos estamos alertando, en base a nuestras investigaciones y nuestra experiencia en la zona, de que los riesgos de estas instalaciones para la salud de los ecosistemas marinos pueden superar fácilmente los beneficios esperados.
Los temores sobre los efectos adversos de estas grandes infraestructuras de energías renovables –hasta 65 turbinas de más de 250 metros de altura sujetadas al fondo por grandes cadenas y anclas– sobre la biodiversidad de una zona donde coexisten hasta 10 áreas marinas protegidas (mayoritariamente zonas Natura 2000) se plasmaron en un manifiesto que firmaron más de 100 científicos pertenecientes a más de 20 universidades y centros de investigación.
Los riesgos para los ecosistemas marinos no sólo son locales. También pueden afectar a una escala mucho mayor, con efectos ecosistémicos importantes, tal y como demuestra un reciente estudio publicado en Communications, Earth & Environment.
Mecanismos de regulación cuestionables
Lo cierto es que existen mecanismos reguladores para asegurar que los proyectos de energías renovables no produzcan efectos secundarios graves sobre el medio ambiente. Pero, lamentablemente, los procedimientos reguladores llevados a cabo por las Administraciones públicas son en numerosas ocasiones muy cuestionables. Llegan a aprobarse proyectos con estudios de impacto ambiental (realizados por las propias empresas) mediocres y poco rigurosos.
Además, las Administraciones se están viendo sobrepasadas por la cantidad de proyectos a evaluar.
Finalmente, no podemos obviar el efecto de los intereses económicos y los lobbies empresariales –incluidas algunas fundaciones con intereses económicos en los sectores de la energía verde y la economía azul– que promueven megaproyectos de energías renovables aparentemente adecuados pero que son en realidad ejercicios de greenwashing/bluewashing.
Un buen ejemplo del defecto de los procedimientos de regulación es un reciente estudio sobre el despliegue de plantas solares en el sureste de España. En este trabajo mostramos que dicho despliegue se realiza a costa de zonas de importante valor medioambiental y que la energía fotovoltaica tal y como se está implantando en la actualidad no puede ser considerada una actividad económica sostenible.
El estudio también demuestra que con una adecuada planificación territorial es posible instalar la potencia renovable proyectada con un mínimo impacto sobre la biodiversidad. Llega a la conclusión de que la participación de expertos en el periodo de información pública es esencial para que la administración pueda tomar decisiones informadas en la aprobación o rechazo de estos proyectos.
Evaluar antes de aprobar
Desde la comunidad científica hemos mostrado de forma mayoritaria nuestra preocupación por que la transición energética a las renovables garantice la conservación de espacios y especies. Además, si la normativa actual se muestra ya insuficiente para proteger la biodiversidad, su relajación agravará los problemas medioambientales entre los cuales la pérdida de biodiversidad es, junto el cambio climático, unos de los más significativos del planeta.
Así, más de 450 científicos de más de 100 universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros hemos firmado recientemente una carta abierta dirigida al Consejo de Europa para que no se apruebe la reducción de los controles ambientales en favor de un despliegue más rápido y masivo de las energías renovables. Dicha carta concluye que la implantación de las energías renovables debe llevarse a cabo sin poner en peligro la biodiversidad.
A pesar de la urgencia de combatir el cambio climático, es necesario estudiar previamente y en profundidad los efectos adversos que pueden tener estos megaproyectos de energías renovables sobre la biodiversidad y el paisaje que sustentan el tejido socioeconómico local. Y también valorar otras opciones, es decir, proyectos alternativos que puedan ser implantados en otros lugares donde los riesgos ambientales y el coste para la sociedad sean significativamente menores o proyectos de menor envergadura que no comprometan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados.
Preservar las áreas de elevada biodiversidad es clave para la salud de los ecosistemas, para nuestra salud y bienestar y para mitigar los efectos del cambio climático. Como ocurre con los medicamentos para tratar enfermedades, las autoridades reguladoras (en este caso, de la energía y del medio ambiente) tendrán que contrastar todos los estudios y escuchar la opinión de científicos independientes antes de aprobar cualquier proyecto de energías renovables. Porque, a pesar de los potenciales beneficios publicitados por las empresas energéticas, los efectos secundarios de estas infraestructuras pueden ser críticos y comportar, incluso, la muerte del paciente.
Este artículo ha sido escrito en colaboración con el técnico en conservación de la biodiversidad y cooperación al desarrollo Luis Bolonio, que trabaja como consultor externo para la EEZA/CSIC.
Francisco Valera Hernández. Científico titular, Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA – CSIC)
Josep Lloret. Director of the Oceans and Human Health Chair and the SeaHealth research group, Universitat de Girona