«La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional creada por el Gobierno para luchar contra la elusión fiscal entre las grandes multinacionales tecnológicas no servirá de nada. Lo que hay que hacer es publicar la lista de todas las compañías que eluden el pago de impuestos en España». Así de contundente se muestra en declaraciones a elEconomista […]
«La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional creada por el Gobierno para luchar contra la elusión fiscal entre las grandes multinacionales tecnológicas no servirá de nada. Lo que hay que hacer es publicar la lista de todas las compañías que eluden el pago de impuestos en España». Así de contundente se muestra en declaraciones a elEconomista José María Mollinedo, el secretario general de Gestha, la asociación de técnicos de Hacienda. El Gobierno ha refrozado los medios materiales y humanos en la lucha contra el fraude fiscal internacional, a semejanza de lo que ocurre en otros países, pero según Mollinedo en el caso de compañías como Amazon, Microsoft, Google o Yahoo no servirá de nada.
«No están cometiendo ningún fraude. Simplemente operan a través de sociedades en Irlanda o Luxemburgo porque logran una menor tributación por lo que no tiene ningún sentido incrementar los medios para perseguir estas actividad, que es legal. Lo que hay que hacer es seguir el camino de Reino Unido y publicar la lista para que crezca la presión social contra este tipo de compañías y se vean obligadas a dar marcha atrás», insiste el secretario general de Gestha.
Cambios legislativos
Mollinedo admite que para que esto sea posible es necesario modificar antes la Ley Tributaria y la Ley de Protección de Datos, porque hasta ahora no está permitido revelar si alguien ha cometido o no un fraude fiscal. En principio el Gobierno lo tendría fácil porque su intención, según anunció ya a finales del año pasado el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, es modificar las dos leyes para publicar la lista de defraudadores. En el ministerio insisten, no obstante, en que son dos cosas distintas. «Vamos a publicar la lista de las personas o empresas que cometan fraude, pero eso es distinto del caso de las multinacionales que declaren en otros países», reconocen.
El problema sigue siendo que, amparadas en la legalidad, las multinacionales aprovechan las diferencias en legislaciones nacionales para reducir significativamente su tributación. Es en esa línea, precisamente, donde se dirigirá sobre todo el control tributario internacional, para vigilar «los precios de transferencia establecidos entre entidades pertenecientes a un grupo multinacional».
De hecho, tal y como desveló ayer Iuris & Lex -la revista digital de elEconomista- la Comisión Europea presentará este mismo año una batería de 34 medidas tributarias contra las prácticas que considera abusivas. La idea es poner en marcha una política fiscal armonizada en toda Europa contra la elusión fiscal. Un estudio del grupo socialista en el Parlamento Europeo estima que las actuaciones de elusión o evasión fiscal realizadas por empresas y contribuyentes supone un quebranto de un billón de euros anuales en las arcas de los 27.