Recomiendo:
0

La batalla campal en Lavapiés entre la Policía y los antifascistas dejó siete heridos

Los vecinos de Lavapiés avisaron del peligro del mitin de extrema derecha

Fuentes: Público

La Asociación de Vecinos ‘La Corrala’ de Lavapiés aseguró ayer que avisaron a la Junta Electoral de Centro del peligro que suponía que el partido ultraderechista Nación y Revolución celebrase un mitin en el barrio de Embajadores, donde reside un gran número de inmigrantes. El presidente de la asociación, Manuel Osuna, afirmó que el único […]

La Asociación de Vecinos ‘La Corrala’ de Lavapiés aseguró ayer que avisaron a la Junta Electoral de Centro del peligro que suponía que el partido ultraderechista Nación y Revolución celebrase un mitin en el barrio de Embajadores, donde reside un gran número de inmigrantes.

El presidente de la asociación, Manuel Osuna, afirmó que el único responsable de los incidentes de ayer en Tirso de Molina es la Junta Electoral de Centro, «que permitió el acto incluso después de que le avisáramos del peligro que suponía». Osuna, que aseguró que los vecinos pasaron miedo, explicó que la imagen de Lavapiés esta mañana «más que la de un barrio parecía la de un país en guerra». En este sentido, señaló que hay entidades bancarias que han sufrido rotura de cristales, contenedores quemados, coches con desperfectos, paradas de autobuses rotas y las paredes de los edificios cubiertas de grafiti.

Por su parte, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, manifestó que no se debía haber autorizado la concentración «ultra y racista» de Nación y Revolución porque se trataba de una provocación en un barrio multiétnico. «Tenían que haber elegido un lugar más adecuado para este tipo de grupos, como los aledaños de algún estadio de fútbol donde suelen desplegar sus pancartas», indicó.

Ibarra condenó los enfrentamientos entre la policía y los antifacistas, pero señaló que existe «un error institucional que comienza cuando se permite que este tipo de partidos que no respetan la democracia sean legales». En su opinión la delegación de Gobierno debería haber propuesto a la Junta Electoral otra ubicación que garantizara el orden público.