Se está propagando una nueva sabiduría convencional en nuestro país que asume que la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha de generaciones, según la cual los ancianos, consecuencia de su creciente poder electoral, están absorbiendo más y más recursos públicos a costa de los recursos que deberían ir a los niños y […]
Se está propagando una nueva sabiduría convencional en nuestro país que asume que la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha de generaciones, según la cual los ancianos, consecuencia de su creciente poder electoral, están absorbiendo más y más recursos públicos a costa de los recursos que deberían ir a los niños y a los jóvenes, los cuales, al no votar, no influencian a los poderes políticos.
Están, así, apareciendo un número creciente de voces que piden que se reduzcan los recursos públicos consumidos por los ancianos, incluyendo las pensiones de jubilación, voces que gozan de grandes cajas de resonancia en los medios privados y públicos de información y persuasión, detrás de los cuales hay intereses financieros (como la banca, las cajas y las compañías de aseguramiento privado) que están promoviendo la privatización de la Seguridad Social.
Así, hemos podido ver recientemente la promoción, por medios influyentes de información del país, del artículo La reforma de las pensiones, aparecido en la revista Panorama social de la Fundación de Cajas de Ahorro, publicado por el que era el subdirector del servicio de estudios del BBVA, David Taguas, antes de que sustituyera a Miguel Sebastián (que fue jefe del mismo servicio de estudios) como director de la Oficina Económica de la Moncloa. David Taguas propone retrasar la edad obligatoria de jubilación a los 70 años y calcular las pensiones sobre el promedio de los salarios que el jubilado ha tenido a lo largo de toda su vida laboral, en lugar de los últimos quince años, con lo que el valor promedio de las pensiones disminuiría alrededor de un 30%, tal como él mismo reconoce.
Para cubrir este enorme déficit de protección social, Taguas recomienda el aseguramiento privado basado en que gran parte de la cotización del trabajador vaya a un aseguramiento individual, proponiendo pasar de un sistema de reparto en el que los trabajadores cotizantes a la Seguridad Social pagan por las pensiones de los hoy jubilados –con el entendido de que cuando ellos se retiren, los trabajadores cotizantes del momento pagarán por su pensión (según un pacto intergeneracional que ha funcionado durante muchos años)– a un sistema de capitalización individual en el que cada persona se asegure individualmente, pagando su propia póliza de seguros. (Para una crítica detallada de tal artículo ver ¿La Seguridad Social en España es inviable? en www.vnavarro.org).
Que el Estado del bienestar español se gasta poco en los niños y adolescentes es un hecho bien documentado (ver Navarro, V., coordinador, La Situación Social de España) y que varios autores han estado denunciando hace ya años. Pero es una falta de rigor científico atribuir la baja inversión en las primeras edades y en los servicios públicos, como escuelas de infancia que facilitarían la integración de la mujer al mercado de trabajo, a un excesivo consumo de los recursos públicos por parte de los ancianos.
En contra de la percepción que se está generalizando de que las pensiones contributivas en España son excesivamente generosas, los datos muestran que, en términos comparativos con los países de semejante nivel de desarrollo que el nuestro (como son los países de la UE-15), las pensiones en España son más bajas que el promedio en aquellos países.
Mientras el PIB per cápita en España es un 97% y en Catalunya un 108% del promedio de la UE-15, las pensiones contributivas son solo el 68% del valor promedio de la UE-15 (para trabajadores en situaciones comparables, tomando el valor de las pensiones no como porcentaje de los salarios –puesto que los salarios en España son muy bajos–, sino el valor monetario total de las pensiones); y las no contributivas, el 42% del promedio de la UE-15. En realidad, y en contra de lo que se ha escrito, la pobreza en Catalunya y en España todavía se centra en la vejez además de en los jóvenes, tal como ha documentado Sebastián Sarasa en su Pobreza y rentas mínimas, en la colección citada anteriormente.
El problema real no es que los egoístas ancianos consumen demasiado a costa de los jóvenes y de las mujeres, sino que el gasto público social per cápita es el más bajo de la UE-15. Querer enfrentar a los que están siendo subfinanciados por el Estado es social y políticamente irresponsable. Lo que hay que hacer es aumentar notablemente los recursos públicos sociales que benefician a todos los grupos, tanto a los ancianos como a los jóvenes y a las mujeres. Y ahí es donde aparece de nuevo la nunca citada pero siempre presente lucha de clases. Me estoy refiriendo al comportamiento fiscal por clase social en España.
Según el informe del 2005 de la Agencia Tributaria española, aquel año los empresarios y profesionales liberales declararon como media una renta que era la mitad de la renta media declarada por los trabajadores asalariados, calculándose que el fraude fiscal (incluyendo los paraísos fiscales de la banca) alcanza más del 10% del PIB, cantidad con la cual podrían cubrirse los grandes déficits de servicios y transferencias públicas a los niños, jóvenes y ancianos, y se lograría alcanzar el nivel de cobertura y protección social que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos.
* Vicenç Navarro es catedrático de políticas públicas ne la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona