«Políticos con un neto componente de animalidad». Así definía Aristóteles a los gobernantes que ostentaban el poder cuando este no estaba sujeto a las leyes. En principio, la democracia debía desterrar de la política las animaladas, aunque la realidad se empeña, especialmente en los últimos tiempos, en demostrar lo contrario. Ahora el poder está sujeto […]
«Políticos con un neto componente de animalidad». Así definía Aristóteles a los gobernantes que ostentaban el poder cuando este no estaba sujeto a las leyes. En principio, la democracia debía desterrar de la política las animaladas, aunque la realidad se empeña, especialmente en los últimos tiempos, en demostrar lo contrario. Ahora el poder está sujeto a las leyes, pero de poco sirve si, como constatan fenómenos como la loca carrera legislativa de Silvio Berlusconi, que el poder puede cambiar esas leyes a su antojo.
La denuncia del desmoronamiento de los principios democráticos desde el interior del mismo sistema es el objetivo de Poderes salvajes (Trotta), el último libro del prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli. «El grado de inefectividad del paradigma constitucional puede llegar a ser patológico. Es lo que está sucediendo en Italia, donde se ha violado la Constitución para sustraer al presidente del Gobierno de los procesos penales en los que está implicado», afirma Ferrajoli.
Lejos de consentir con la imagen de limpieza y equidad que exportan las democracias occidentales, Ferrajoli alerta sobre la continua transgresión de los derechos fundamentales de las personas en estos países y del retroceso en las políticas sociales.
«Las razones de la regresión son bien conocidas: las políticas neoliberales de todos los países ricos y la abdicación del gobierno del Estado frente a las lógicas salvajes del mercado. El actual momento histórico está marcado por una paradoja: de un lado, el crecimiento de la complejidad social y los desafíos de la globalización, que exigirían el máximo desarrollo de la esfera pública; del otro, la afirmación de la primacía de la economía y de los intereses privados, exaltados como motores del progreso y del crecimiento, y de ahí la reducción de la esfera pública y su subordinación a los intereses particulares», según explica a Público.
Límites al poder privado
El autor, padre del garantismo penal (que busca reforzar las leyes para asegurar la «protección social»), no se queda en la denuncia y propone medidas «urgentes» que limiten los poderes privados, de igual manera que se limitan los poderes públicos. «El poder privado, salvaje en ausencia de límites, debe ser limitado mediante su sujeción a la ley, por la radical separación de los poderes públicos, a través de un rígido sistema de incompatibilidades; con el reforzamiento de las garantías de los derechos de los trabajadores, hoy disueltas por la creciente devaluación y precarización del trabajo; convirtiendo en públicos todos los bienes comunes, como el agua, el aire y el medio ambiente, sustrayéndolos al mercado», enumera Ferrajoli.
Las franjas sociales que más están notando esta degradación democrática en forma de recorte de derechos son las minorías. Los últimos espectáculos de inhumanidad en Europa son recientes: el abandono en la isla de Lampedusa de inmigrantes libios que huían de la guerra o el cierre de la frontera entre Italia y Francia para evitar la circulación de ciudadanos tunecinos. En España, las cuotas de detención de inmigrantes en las calles y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) también han sido fuente de importantes polémicas. «Los CIE son ilegítimos», responde Ferrajoli. «Las leyes y las políticas europeas en materia de inmigración son la más vergonzosa contradicción de la retórica oficial en materia de igualdad, derechos humanos y dignidad de la persona», añade.
Desde hace dos años, la mayoría de los gobiernos occidentales han justificado una política de recortes sociales como única vía de escape a la crisis económica, un discurso al que Ferrajoli da la vuelta tildándolo de injustificado: «La garantía de los derechos vitales, sobre todo en los periodos de crisis, no es sólo la inversión más productiva, sino que hace crecer la demanda y por tanto las inversiones y el empleo. Es un factor de crecimiento económico. Si no se desarrollan lo suficiente las garantías de los derechos fundamentales es, en primer lugar, porque estos suponen límites a los poderes y, en segundo lugar, porque cuestan. Esto es así desde una visión miope y cortoplacista de la política, porque a largo plazo es bastante más costosa su ausencia o su violación».
Ferrajoli dedica un apartado especial de Poderes salvajes a denunciar la alarmante falta de separación de poderes que existe en algunos países occidentales, especialmente entre la esfera pública y la privada. «Los conflictos de intereses, en las formas de la corrupción o del intercambio político con los lobbies corporativos y, sobre todo, con los medios de comunicación, son hoy fenómenos endémicos en todos los ordenamientos democráticos, en los que resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política», sostiene el jurista.
El imperio informativo
De nuevo, la situación en Italia a este respecto es especialmente inquietante, con la figura de Silvio Berlusconi al frente del país y de un totémico imperio mediático. Curiosamente, en este país existe desde hace más de medio siglo una norma que excluye la elegibilidad para cargos públicos de los titulares de concesiones de servicios públicos, como lo es el servicio televisivo. Berlusconi, según esta norma, no podría estar siquiera en el Parlamento.
Sin embargo, en el resto de países también encontramos imperios de la información, algunos de ellos internacionales. Ferrajoli cree que las democracias actuales no ofrecen garantías suficientes para la libertad de información, ni siquiera para los derechos a la no desinformación: «La libertad de información no puede ser considerada una simple variable dependiente del libre mercado. Tendría que consistir en la rígida incompatibilidad entre propiedad de los medios y titularidad de poderes públicos y, al mismo tiempo, en la prohibición de concentración de las cabeceras. No debería permitirse a nadie poseer más de una cabecera periodística o televisiva, para impedir que los rendimientos de cada empresa periodística sean invertidos, no en su fortalecimiento, sino en la adquisición de la competencia».
En su libro, Luigi Ferrajoli también pone el foco en las grietas que debilitan el sistema democrático en su base, como la despolitización masiva o la desactivación de la opinión pública. «Se utilizan métodos de sistemas autoritarios para destruir la opinión pública, como la desinformación o la promoción del desinterés y la indiferencia por los intereses públicos», concluye el autor italiano.
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Contra el libre mercado y el crimen
Acción
Luigi Ferrajoli denuncia la desactivación de la opinión pública por parte de los intereses privados y llama a la toma de conciencia política y a la acción ciudadana. «Esta situación tiene que ser contestada, lo primero, en el plano político cultural, a través de una participación más activa y consciente de los ciudadanos en la vida pública y en la elección de sus representantes. Pero su superación exige también la introducción de garantías adecuadas capaces de impedir las concentraciones de poder y las colusiones de intereses».
Droga
El jurista italiano ha defendido en multitud de foros la legalización de las drogas como método para acabar con la marginalidad y la criminalidad. «Los gobiernos no lo incluyen en su agenda por pura demagogia. El actual prohibicionismo, equivale de hecho al monopolio criminal del comercio de la droga, que representa el principal factor tanto de la gran criminalidad del narcotráfico, como de la pequeña criminalidad callejera de los pequeños traficantes. Además, este absurdo monopolio criminal es también el principal factor de difusión de la droga, ya que el mercado ilegal ejerce una presión insidiosa sobre los más jóvenes -a veces a través de la distribución gratuita de drogas en las escuelas- por los enormes intereses que persiguen extraer de ellas el máximo provecho.
Integración
La emigración ha existido siempre y generalmente los inmigrantes han vivido una historia de opresión, pero democracias como la italiana han ido aún más lejos, creando la figura de la ‘persona ilegal’, sin derechos y expuesta a cualquier tipo de vejación. Para Ferrajoli, «estas políticas de exclusión por razones de seguridad tienen el efecto opuesto, porque los excluidos de la sociedad civil terminan estando dispuestos y expuestos a hacerse incluir en las comunidades inciviles y delincuenciales de las orga-nizaciones criminales. Con la cuestión de la emigración, Europa está perdiendo su identidad civil más aún que la democrática».
Límite
Los límites para los poderes privados, según Ferrajoli, no deben ser distintos de los contemplados para los públicos. «El problema es que los poderes privados, por una mitificación ideológica, han sido presentados como ‘libertades’. Al respecto es significativa la propia expresión ‘estado de derecho’, que sugiere la idea de que los únicos poderes que merecen ser limitados son los del estado, y no también los privados, concebidos como derechos de libertad y no como poderes».
Social
Frente a la avalancha de recortes sociales que impera en las democracias occidentales, Ferrajoli defiende la defensa de todos los derechos fundamentales. «Sin garantía de la salud, la educación y la subsistencia no hay desarrollo. Lo prueba la mayor riqueza de las democracias avanzadas en relación con los demás países y con su propio pasado: nuestras democracias son más ricas sobre todo porque han satisfecho los mínimos vitales. Por eso, los gastos sociales no son un lujo, sino una necesidad. Son la inversión pública más productiva».
Sumisión
El jurista pone en la cúspide de las causas de la crisis la sumisión de los poderes públicos a los intereses privados: «Esta sumisión es evidente y se debe a múltiples factores: la victoria de las derechas, de siempre ideológicamente contrarias a las garantías de los derechos sociales, los conflictos de intereses, la corrupción, la relación perversa entre dinero y política y la falta de una efectiva responsabilidad de los gobernantes. De hecho, en casi todos los países golpeados por la crisis, la gestión de la misma ha sido confiada, directa o indirectamente, a sus principales responsables».