Como regla, no creo en la teoría de las conspiraciones. Tienden a ser organizadas y selectivas, mientras la vida parece más bien fortuita y confusa. Pero el caso del militante cubano y aspirante a asesino de Fidel Castro Luis Posada Carriles ha puesto seriamente a prueba mis convicciones. Llevo escribiendo sobre Posada casi una década. […]
Como regla, no creo en la teoría de las conspiraciones. Tienden a ser organizadas y selectivas, mientras la vida parece más bien fortuita y confusa. Pero el caso del militante cubano y aspirante a asesino de Fidel Castro Luis Posada Carriles ha puesto seriamente a prueba mis convicciones.
Llevo escribiendo sobre Posada casi una década. En 1998 lo entrevisté en Aruba para una serie de artículos del New York Times. Era un fugitivo que había escapado de Venezuela en 1985 mientras aguardaba juicio por el atentado dinamitero en 1976 de un avión de pasajeros cubano que causó la muerte a las 73 personas a bordo -primer acto mortal de terrorismo contra una aerolínea en las Américas. Posada ha sostenido que es inocente, pero en un caso poco usual de unanimidad, la CIA y el FBI así como las inteligencias de Venezuela, Trinidad y Cuba llegaron a la conclusión de que él y su compañero de militancia Orlando Bosch habían urdido el atentado con bombas.
El pasado año, escribí un artículo para la Sección Outlook sobre la sorpresiva llegada de Posada a Miami, donde había presentado una demanda de asilo político. Esta acción no sólo había sido vista por muchos como desvergonzada sino que parecía incomprensible que la administración de Bush, tan comprometida con su Guerra contra el Terror, pudiera permitir a alguien de la tenebrosa reputación de Posada introducirse en el país.
Poco después, oficiales del Departamento de Seguridad de la Patria se las arreglarían para arrestar a Posada y acusarle de entrada ilegal. Supuse que el Departamento de Justicia emprendería acciones respecto a su confesa historia de ataques paramilitares y lo extraditaría a algún lugar, y que yo sencillamente continuaría dando cobertura a su caso. Sin embargo, el gobierno ha permanecido indeciso durante un año y medio, mientras Posada languidece en una cárcel de inmigración en Texas.
Yo, mientras tanto, he descubierto que soy un actor inconsciente en el confuso drama de los Estados Unidos y Luis Posada.
No había transcurrido mucho tiempo desde el arresto de Posada cuando agentes del FBI y de Seguridad de la Patria comenzaron a llamarme buscando información sobre la serie de artículos en el New York Times. Un agente fue directo al asunto y me preguntó si estaría dispuesta a compartir mis materiales de la investigación, así como mis copias de los expedientes del FBI y la CIA sobre Posada. «Háganos ese favor», me dijo. «No logramos encontrar los nuestros.» Reí educadamente, suponiendo que se trataba de un intento de imponer humor. Pero el agente no estaba bromeando.
En agosto del 2003, la oficina del FBI en Miami había tomado la sorprendente decisión de cerrar el caso sobre Posada. Por consiguiente, según la portavoz del FBI Judy Orihuela, se extrajeron del cuarto de pruebas del Buró, el local al que llaman «Voluminosos», varias cajas de pruebas. Entre los documentos que desaparecieron estaba un Fax original firmado y enviado por Posada en 1997 a colaboradores, en el que se quejaba de la reticencia de los medios de comunicación estadounidenses a creer los reportes sobre una serie de ataques con bomba llevados a cabo en Cuba que esperaba él asustarían a los turistas e inversionistas y los alejarían de la isla de Castro.
Yo había mostrado a Posada una copia de este Fax durante mis entrevistas con él. El Fax había sido interceptado por Antonio Alvarez, exiliado cubano y hombre de negocios que compartiera una oficina con Posada en Guatemala en 1997. Alarmado, Alvarez había notificado a agentes de la oficina del FBI en Miami, pero al ver que estos no emprendían acción alguna, recurrió al Times.
«Si no hay publicidad, el trabajo es inútil», escribía Posada en el Fax. «Los periódicos americanos no publican nada que no haya sido confirmado. Necesito todos los datos de la [el ataque con bombas a la] discoteca para tratar de confirmarlo.» Estaba firmado por «Solo», su nombre de guerra.
Posada expresó temores de que el Fax pudiera causarle problemas con el FBI. Pero no tenía necesidad de preocuparse.
Héctor Pesquera, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Miami en ese momento, no mostró mucho interés en el caso de Posada. Para la consternación de sus agentes, disfrutaba de las relaciones con ex políticos exiliados de línea dura de Miami, y negó a sus agentes el uso de micrófonos en el caso de Bosch, quien es conocido como el padrino de grupos paramilitares, así como de otros militantes sospechosos de llevar a cabo actividades criminales. Los agentes afirmaron que antes de retirarse en diciembre de 2003, Pesquera había impedido que se investigara a exiliados de postura militante.
Sin los materiales que fueron extraídos del cuarto de pruebas, que incluían también transferencias bancarias y mensajes entre Posada y sus colaboradores relativos a las acciones con bombas en Cuba, la posibilidad de procesar judicialmente a Posada se ve severamente limitada. Orihuela, la portavoz del FBI, explicó que «el agente supervisor y alguien de la oficina de la Fiscalía habría tenido que firmar» antes de que se extrajeran y destruyeran las pruebas. Confirmó que la aprobación para que se destruyeran las pruebas la había dado el agente que llevaba el caso de Posada, quien casualmente era Ed Pesquera – el hijo de Héctor.
Aunque el caso de Posada se reabrió en mayo de 2005 y hoy se mantiene pendiente, la decisión inicial de cerrarlo sorprendió a muchos investigadores de la policía de Miami Dade y del FBI. Pocas veces había Posada estado tan activo. Además de la campaña de colocación de bombas en Cuba, él y otros tres de sus compañeros habían sido arrestados en Panamá en 2000 en relación con un intento de asesinato contra Fidel Castro.
A finales de abril del pasado año, mientras me hallaba en la peluquería, mi esposo telefoneó para decirme que dos agentes del Departamento de Seguridad de la Patria se habían presentado en mi casa de Santa Bárbara, California, para entregarme una citación. Le indiqué que pidiera a los agentes marcharse y dirigir todas sus preguntas al Times. Finalmente, se dirigieron a los abogados del Times. En los meses subsiguientes, tuvo lugar una verdadera danza en la Corte de Distrito para el Distrito Sur de la Florida. Después que el Times presentara su moción para suprimir la citación, el Departamento de Justicia la retiró, en agosto de 2005.
Más tarde, mientras trabajaba en un artículo acerca de Posada para la edición actual de Atlantic Monthly , uno de sus abogados me dijo que «el caso de Posada estaba siendo tratado a los más altos niveles» del Departamento de Justicia. Todo lo que tienen que hacer para detener a Posada por tiempo indefinido, me explicaba, es hacer que el Fiscal General Alberto R. González lo declare una amenaza para la seguridad nacional. Y añadió: «Pero no lo harán. Eso crearía problemas a la gente de Bush con su base de exiliados cubanos en Miami.» En otras palabras, el gobierno no quiere consolidar su propio caso – y arriesgarse a perder a aliados cubano-americanos. Es mejor dejar que sean los reporteros quienes contribuyan al caso.
El 11 de septiembre, el Departamento de Justicia entró en acción, impulsado quizás por el simbolismo de la fecha. Llegó a una arreglo de solicitud de condena de unos dos años para Santiago Álvarez y Osvaldo Mitad, compañeros de Posada que enfrentaban hasta 50 años de privación de libertad por la posesión ilegal de cientos de armas de fuego. Ese mismo día, un juez de El Paso recomendó que se pusiera en libertad a Posada, ya que el Departamento de Justicia aún no había presentado cargos en su contra. (El 3 de noviembre, el juez principal dio al gobierno 90 días para presentar su caso.) Y posteriormente esa tarde, un juez del Departamento de Justicia llamó al Times y dijo que enviarían otra citación referida a materiales relacionados con Posada.
El 6 de octubre, el 30 aniversario del atentado con bombas al avión de Cubana (hay que reconocer que escogieron bien la fecha), recibí una nueva citación. Ésta me la envió un gran jurado federal en Newark, a solicitud de González. En el Departamento de Justicia podrán ser ambivalentes con respecto a la guerra contra el terrorismo, pero no puede cuestionarse su dedicación a la guerra contra el Cuarto Poder. Por mi parte, me encuentro ante una disyuntiva peculiar: contemplando cuán lejos debe uno ir para proteger las libertades civiles de alguien a quien se le acusa de terrorista.
Mi caso, por fortuna, no involucra a fuentes confidenciales. Y tanto la ley, según el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones, como las propias directrices del Departamento de Justicia lo establecen bien claro: la fiscalía no puede obligar a los reporteros a darles información que pueda obtener ella por otros medios. Solamente después de haber explorado otras alternativas, podrá el gobierno recurrir a los medios para consolidar un proceso judicial.
Llámeseme extremista de las construcciones gramaticales pero de alguna manera me cuesta creer que nuestros padres fundadores hayan querido permitir que el gobierno incursione en los expedientes de trabajo de los medios noticiosos después de manejar chapuceramente un caso y destruir pruebas cruciales.
La nueva citación del Departamento de Justicia dice que solo quieren la cinta de mi entrevista con Posada. Aparte de la gran intromisión e inconveniencia de buscar entre materiales de investigación acumulados durante 15 años de trabajo, todo este funesto episodio se me antoja una pérdida de tiempo.
Posada estuvo de acuerdo en reunirse conmigo porque el quería hacer público su esfuerzo por derrocar a Castro. Grabé todo cuanto pude, por si Posada después empezaba a lamentarse. Y así fue. Pero en los dos días que pasé con él, reveló bastante sobre sus distintas campañas de colocación de bombas y su filosofía en general.
El co-autor, Larry Rohter, los editores del Times y yo seleccionamos las partes más fuertes e interesantes de las transcripciones de las notas para nuestros artículos. Contrario a lo que las grandes mentes del Departamento de Justicia puedan pensar, nosotros no retenemos las mejores partes, ¡las publicamos¡ Y justo el mes pasado, el Atlantic publicó en su sitio web las notas que Posada escribió para mí, en las cuales me ofrecía orientación editorial. Me escribió: «Él no admite haber puesto las bombas en los hoteles, pero tampoco lo niega.»
http://www.theatlantic.com/doc/200610u/posada-notes.
El FBI y el Departamento de Justicia están llenos de empleados con mucha dedicación, pero las decisiones finales las toma el estrato político. Y para ellos, Posada podría ser un hombre que sabe demasiado. Su abogado dice que Posada fue un agente pagado de la CIA desde 1959 hasta mediados de la década de 1980. De hecho, luego de su «fuga» de prisión en 1985, encontró empleo rápidamente, dirigiendo la operaciones de campo del Irán-contra en El Salvador. Bosch, su co-acusado en el atentado del avión cubano, fue defendido nada más y nada menos que por Jeb Bush en su solicitud de la residencia en los Estados Unidos, la que le fue concedida en 1991 por el Presidente George H.W. Bush a pesar de las objeciones del FBI, la CIA y el Departamento de Justicia.
Y hay otros detalles espinosos en este caso. El enlace del Departamento de Policía de Miami-Dade con la Fuerza de Tarea Conjunta Contra el Terrorismo del FBI es el respetado detective Luis Crespo, hijo, cuyo padre fuera uno de los más famosos militantes anticastristas, también conocido como El Gancho, porque perdió la mano a causa de una bomba que explotó antes de tiempo.
Junto a Crespo, hijo, trabaja el detective Héctor Alfonso, hijo de otro legendario militante anticastrista, conocido como Héctor Fabián. Alfonso fue asignado a una unidad de inteligencia del Departamento de Policía de Miami Dade y por ello tiene acceso a la información más sensible sobre defensa nacional, incluyendo los militantes del exilio cubano. «Digamos que tienes una pista para el FBI sobre una bomba», reflexiona D.C. Díaz, un veterano que lleva 27 años en el Departamento, «¿se la darías a alguien que es hijo de Luis Crespo?»
Antes de que el gobierno empiece a inmiscuirse con las protecciones que la Constitución brinda a la prensa, necesita hacer un poco de limpieza propia. Un buen comienzo sería un fiscal especial para que investigue quien ordenó la eliminación de las pruebas contra Posada y por qué. Si después decide que quiere profundizar, podría leer detenidamente los expedientes de la CIA y el FBI que poseen información detallada sobre los 45 años de carrera paramilitar de Posada. Y en New Jersey y Miami hay alrededor de una docena de compañeros de Posada que saben mucho más de lo que se yo.
Pero eso sería suponiendo que el gobierno quiera juzgar a Posada. Se ha negado a hacerlo durante décadas y no hay nada hasta el momento que sugiera que ahora se incline por hacerlo.
Ann Louise Bardach es autora de Cuba Confidential (Vintage) y editora de Prison Letters of Fidel Castro, que en febrero publicará Avalon. Dirige el Media Project en la Universidad de California, Santa Barbara /PEN USA.
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