Angel Robles Maldonado, de 64 años, espera a la muerte en su casa de Errenteria. Estuvo hasta la semana pasada en el Hospital Gipuzkoa en una especie de «corredor de la muerte», porque sabe que le quedan apenas días, quizá horas, de vida. El haber trabajado en contacto con el amianto le ha desarrollado un […]
Angel Robles Maldonado, de 64 años, espera a la muerte en su casa de Errenteria. Estuvo hasta la semana pasada en el Hospital Gipuzkoa en una especie de «corredor de la muerte», porque sabe que le quedan apenas días, quizá horas, de vida.
El haber trabajado en contacto con el amianto le ha desarrollado un cáncer que le llevará de este mundo, justo cuando su mujer, Palmira Mellado, creía que «íbamos a poder vivir la vida, porque se ha pasado 45 años trabajando muy duro. Se prejubiló a los 62 años y creía que íbamos a vivir, pero nos ha atrapado este cáncer. ¡Maldita sea!», explica con rabia su mujer.
Trabajó en Victorio Luzuriaga -en Pasaia y en Usurbil-, cuyo propietario actual es el grupo Fagor Ederlan. Hace tres años, más o menos, otro trabajador, José Luis Aranburu, falleció por un mesotelioma. Allí, como en otros cientos de empresas vascas, se utilizó el amianto sin medidas de prevención adecuadas y, a la vez, sin decir nada de su peligro a los trabajadores. Todavía la empresa mantiene que no ha trabajado con amianto, a pesar de que un informe de Osalan confirma este extremo y que los propios compañeros del afectado reconocen que «calentábamos nuestros bocadillos en amianto».
Denegaciones
En dos ocasiones, la Dirección Provincial de la Seguridad Social en Gipuzkoa le ha negado el reconocimiento de la enfermedad profesional, porque la compañía industrial rechaza «la existencia de amianto en sus instalaciones», a pesar de que el mismo informe sobre la determinación de la contingencia admite el contacto laboral con amianto y sílice cristalina.
«No se puede descartar que el proceso tenga relación con la exposición a amianto», concluye. Este diario ha conocido que ante la situación del trabajador la Seguridad Social ha iniciado un nuevo expediente de oficio para reconocerle la contingencia profesional, una vez que los resultados médicos han demostrado la existencia del cáncer.
A Ángel Robles, postrado en la cama del hospital cuando recibió a este diario, apenas se le puede escuchar lo que habla. Tiene un pequeño «hilo de voz» con el que confirma que llevaba dos años «con molestias en el pecho». En la empresa del grupo Fagor Ederlan, ya que todavía está prejubilado, no le anticiparon esa enfermedad letal y, aunque le realizaron «más de veinte placas de tórax», «no fueron capaces de detectar con anterioridad este cáncer; incluso nos dijeron que podría deberse a que tiene el tabique nasal desviado. Sólo mediante un TAC descubrieron la gravedad de la situación, en mayo; ya era muy tarde, sin duda. Desde entonces, se ha ido consumiendo», precisa su esposa, que insiste, una y otra vez, que «es una injusticia terrible».
Ese plazo de tiempo de dos años a vueltas con los médicos de Luzuriaga «ha sido letal» para este trabajador que comenzó a trabajar a los 17 años «antes de ir a la mili», explica Palmira Mellado. Así lo recuerda su mejor compañero de trabajo, Juan Ignacio Manterola. Visita «cada dos días» a su compañero de faena y le ve que «va para atrás. Se hace muy duro verle así. Hemos sido uña y carne. Hemos trabajado mucho y es una putada terminar así con todo lo que hemos tenido que soportar en esta vida».
Su mujer confirma lo que el trabajador comenta con una voz casi imperceptible. «Trabajó en los hornos de la fundición, en lo peor de la fábrica. Venía a casa lleno de polvo y echaba por la boca sabe Dios. Se quejaba del pecho y en la fábrica le dijeron que no tenía nada. Dos años después se ha visto que las quejas no eran inútiles. Le han sacado 20 placas y no ha salido nada ¡cómo las harán», critica Palmira Mellado. «Una vez fue a la médico de Osakidetza y le dijo que le diera algo que se estaba muriendo, porque se ahogaba. De ahí le mandaron hacer un TAC y fue cuando le detectaron el cáncer».
A requerimiento de su marido, Mellado asegura que «desde la empresa están ocultando que ha trabajado con amianto, pero en la fundición había por todos los lugares. Ha trabajado 45 años con esa mierda. No se puede estar toda la vida trabajando y que se lo paguen así. Es una injusticia grandísima. Toda la vida trabajando, podríamos disfrutar un poco de la vida y se acabó. No lo entiendo».
Sin protección
Su mujer trasmite que «en todo este tiempo que ha estado trabajando, nadie les dijo que el amianto era peligroso». Pero, además, añade Mellado que «cuando hemos preguntado a los médicos por esa posibilidad, decían que podría ser, pero que no estaba corroborado, cuando mi marido trabajó con amianto toda la vida y con otros productos químicos perjudiciales. Se trabaja con toda esa clase de productos para matar al trabajador. ¿Por qué lo hacen?», se preguntó su mujer, que reconoce que otros trabajadores han fallecido «seguramente» por culpa del amianto «pero se quiere ocultar toda esta problemática».
La situación es terrible porque Palmira Mellado y Angel Robles tienen tres hijos, dos de ellos con minusvalías. «He pasado mucho, muchas injusticias con el tema de las minusvalías de los hijos, pero como ésta ninguna. Si le hubieran controlado de forma exhaustiva desde el primer día que se quejó, quizá no estaríamos en esta situación terrible. En seis meses ha caído en picado. Los médicos me dicen que no tienen culpa, que no han hecho nada ya porque es tarde, pero tendrían que haberle hecho el control exhaustivo hace dos años».
«Codo con codo»
Juan Ignacio Manterola relata que trabajó «codo con codo» con Ángel Robles «durante diez o doce años», porque «le enviaron también a la planta de Pasaia, donde había cajas calientes y mucho amianto».
Este compañero del afectado recuerda que en Luzuriaga había «chaquetas, guantes… de amianto, y estábamos tirando y haciendo hornos y se utilizaba amianto para tapar las regueras. No nos dijeron que era peligroso». A raíz de la muerte de José Luis Aranburu por un mesotelioma pleural «contactaron desde Osalan con algunos para preguntarnos si nos hacían vigilancia de la salud. Les dijimos que no. Y a raíz de eso, nos hicieron más preguntas y nos mandaron a donde la médico de la empresa. He estado -explica Juan Ignacio Manterola- y me han hecho placas y me han auscultado. Me dijo que son las pruebas adecuadas». El servicio médico de Victorio Luzuriaga, del grupo Fagor Ederlan, le recomendó que «vuelva dentro de tres años».
Esas pruebas son las que le hicieron a Ángel Robles, las mismas que no detectaron el problema real del amianto. En el informe de Osalan, fechado el pasado 26 de octubre, se manifiesta que, tras estar con varios representantes de la empresa, «declaran que no les consta la presencia de amianto después de 1990» y consideran que «Ángel Robles se encuentra en los listados de expuestos a amianto pero se debe a la exposición pasada en la planta de Pasaia».
En el mismo informe se reconoce por parte de los compañeros del afectado que allí «se manipuló amianto tanto en machería en caliente como en los hornos de fundición de arco eléctrico. Era muy utilizado como aislante en focos de calor» y, por lo tanto, Osalan reconoce que «manipuló materiales de amianto», aunque no especifica «ni la cantidad ni la intensidad de la exposición».
Incapacidad por amianto de un electricista del Hospital Donostia La Seguridad Social ha reconocido la incapacidad absoluta, por afección de amianto y radiaciones, a un antiguo electricista de 56 años del Hospital Donostia que padece cáncer de tiroides y pulmón, según informó ayer CCOO de Euskadi. Según explica, la Seguridad Social ha modificado la resolución de junio y confirma como enfermedad profesional el cáncer que padece, que lo contrajo en las instalaciones hospitalarias. Según la central, «permaneció en contacto con amianto, entre 1974 y 1990, y con rayos X y radiaciones de microondas no ionizantes, entre 1969 y 1990, sin prevención alguna». CCOO precisa que esta resolución «además de mejorar la pensión del enfermo, posibilita la reclamación de un recargo de prestaciones que oscilará entre un 30% y un 50% a pagar por Osakidetza, por falta de cumplimiento de la legislación preventiva, así como la reparación del daño con indemnización por el perjuicio causado». Jesús Uzkudun, responsable de Salud Laboral, explicó que «las empresas no tienen interés en aprender de la legislación preventiva» y dijo que «aprenderán con casos prácticos»
Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20111129/306590/es/Luzuriaga-no-nos-dijo-peligro-amianto-muero