Para tratar de la gestión de la memoria y de la gestión del pasado es inevitable empezar por el presente en el que vivimos y desde el que pensamos y gestionamos el pasado. También es necesario tener en cuenta los presentes acumulados que nos traen aquí, que son al menos cuatro o cinco: el presente de golpe, el de la guerra hasta 1948, el de la dictadura, el de la Transición y este del siglo XXI. Presentes en los que se modifica sucesivamente la gestión de la memoria del pasado incómodo.
Permítaseme una premisa de partida. En la Trampa de Vox no caeremos, espero, y espero también que con conocimiento se liberen de ella los partidos democráticos de la derecha que votaron a favor de retirar calles y estatuas a Indalecio Prieto y Largo Caballero en el Ayuntamiento de Madrid, por asesinos y golpistas. La cuestión de saber y conocer quiénes son esos personajes históricos es la más fácil y será el resultado de salida de esta publicación. Pero este asunto no es sólo una cuestión de conocimiento, por eso no caer de entrada en la trampa es importante, más de lo que parece, para la democracia y para la convivencia que hacemos sinónimas.
La trampa del neofalangismo franquista deriva de lo que es una venganza memorial. ¿Por qué? ¿Motivada por qué? De forma inmediata por la sentencia sobre el pazo de Meirás, la previa exhumación de Franco del antiguo campo de concentración de Cuelgamuros y el anuncio de una nueva Ley de Memoria que, según se presenta, podría ilegalizar a la Fundación Franco. De forma más remota porque su concepción del pasado, propia de los guerrilleros de Cristo Rey de los años setenta, ha sido erosionada sucesivamente desde el final de la Dictadura hasta hoy, cuando curiosamente, merced a un apoyo electoral mensurable, se atreven a reivindicar el entendimiento de la Transición con las ideas del Bunker que la intentó dinamitar.
De pronto los demócratas todos nos sentimos confusos y algunas se preguntan qué broma es esta. Pero no es una broma. Por el contrario, obliga a pensar que la democracia debe de reaccionar construyendo una posición sólida, por fin, en la cuestión memorial. No creo, por cierto, que haya que ilegalizar ni siquiera la Fundación Franco; llegará con retirarle ayudas públicas, obligarle a permitir el acceso a fondos documentales que son públicos por su propia naturaleza y -si es necesario- trasladar dichos fondos al Archivo Nacional para hacerlos accesibles. De ilegalizaciones ya fuimos bien servidos.
Vayamos al pasado y contextualicemos este asunto de las estatuas, las calles y los personajes dirigiendo la mirada a tres pasados diferentes y sus regímenes memoriales.
1) La Gran trampa de la equiparación no es un invento de Vox, ni tampoco surge en este momento. En su versión actual proviene del franquismo final (mediados de los sesenta y 25 años de Paz), como evolución adaptativa del golpismo original que provocó la guerra, y que estableció un régimen memorial a partir de un relato del pasado incómodo que reconocemos bien. Ese relato equipara a 1934 con 1936, algo que pomposamente dictamina la ilegalidad de los poderes actuantes del 18 de julio, que defiende a España de una revolución extranjera, atea y comunista, etc., etc. Pero la equiparación 34-36 es hasta hoy el principal –casi único ya- argumento de los golpistas –y sus actuales defensores- para justificar su subversión, sus matanzas y las persecuciones que desplegaron para tomar el poder. Otros argumentos se fueron desvaneciendo, pero este de la equiparación entre 1934 y 1936 es el último que queda, el que se maneja también en este caso, supuestamente en nombre de la democracia y, ahí está la broma, usando la vigente Ley de Memoria.
El común pasado incómodo, especialmente para ellos -los golpistas- desde 1945 y sobre todo desde los juicios de Nuremberg, se convirtió en terriblemente incómodo en la Transición, tanto que tácitamente se acordó su olvido –público, nunca el privado- para avanzar en la democracia. Ahora el pasado incómodo de ellos se quiere convertir en pasado incómodo de los otros. El asunto no es nuevo: se fue fraguando al calor de la lucha de la democracia contra el terrorismo etarra, también conforme algunos en la derecha se desembarazaban de complejos, mientras sus compañeros desconocían a qué complejos se referían. La irrupción de Vox lo ha dejado meridianamente claro. Puede rastrearse incluso en las memorias publicadas en la colección Espejo de España (Planeta) a finales del franquismo y por supuesto fue orwellianamente trabajado por los verdugos durante toda la Dictadura.
2) Contextualicemos la erección de las estatuas en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid y la denominación de dos vías de la ciudad dedicadas a ambos dirigentes socialistas. Gobierno socialista: en 1984 se yergue la de Prieto (Ministro de Obras Públicas y varias carteras más), en 1988 la de Largo Caballero (Ministro de Trabajo y Presidente del Gobierno durante la guerra). Ministros de gobiernos -no olvidemos este pequeño detalle- de un sistema democrático con prensa libre, sistema judicial independiente, pluripartidismo, representación parlamentaria y estado de derecho que posee el monopolio de la violencia[1].
El nombre de una de las calles fue decidido con un gobierno municipal del PP, siendo alcalde Alvarez del Manzano y concejala de cultura Esperanza Aguirre. Significativo. Pero no menos significativo, como me recordó Germán Labrador en una conversación sobre el asunto, que cerca de esas estatuas, erigidas siendo Felipe González, presidente del Gobierno, y Tierno y Barranco sucesivamente alcaldes, se mantuviese a la vez una ecuestre del dictador Franco que sólo llegaría a ser retirada a comienzos de este siglo (2005) después de haber sido repetidamente vandalizada. Las tres estatuas convivieron durante dos décadas en la mejor definición posible de un singular régimen de memoria madrileño y español. Muchas estatuas del Dictador habían sido ya retiradas anteriormente, entre las más significativas la de Valencia (1983) y la de Ferrol (2002), en un larguísimo proceso de construcción de memoria democrática.
3) Contextualicemos los años 30, que parece lo más difícil para la opinión pública, pero es lo más fácil para la historiografía. Historiadores e historiadoras indagamos el pasado pero no somos jueces del pasado, menos aún manejamos balanzas morales. Intentamos conocer, entender, contextualizar e interpretar, o sea explicar, el pasado a la sociedad en la que vivimos. Diferentes pasados que son seleccionados por sucesivos presentes, aunque siempre tenemos que hacer un poco más de esfuerzo para ocuparnos de los pasados incómodos, lo que exige garantizar independencia de criterio y establecer un principio de libertad en la elección de los temas. Lo primero lo facilita la academia y lo segundo lo garantiza la universidad.
Para abordar el pasado primero hay que tener en cuenta que el pasado no es el presente; es un territorio desconocido y por ello también manipulable por los malos historiadores y por los políticos populistas y autoritarios. Nada extraordinario: está ocurriendo en Europa y ya ocurrió profusamente en el pasado.
Los años 30 son otros tiempos y poco tienen que ver con estos, nuestros abuelos iban armados a las verbenas, pero la violencia era una amenaza que no había llegado a desatarse; aquel era el mundo de ayer de Zweig. Poco tiene que ver con el nuestro en este sentido. En medio está 1945 y 1989.
1934 es el año en que el fascismo destruye –por fases- la democracia austríaca y a su modélico partido socialista, de mano de un inesperado dictador socialcristiano asesinando en julio por los nacional-socialistas locales, con ayuda de la matriz alemana. Sí aquella que en muy pocos meses desde marzo de 1933 habían dinamitado la democracia de Weimar y encarcelado a dirigentes y militantes de los partidos de izquierda. En ambos procesos los grupos fascistas habían maniobrado para exigir el poder y cerrar los parlamentos después, siguiendo los pasos de Mussolini diez años antes. Octubre de 1934 es el mes en que se ventila en España la entrada de la CEDA en un gobierno republicano de centro derecha que apoya desde fuera, pero a la vez mina desde dentro para intentar formar parte del gobierno contra las resistencias de los partidos republicanos; y todo con el inestimable e inapelable argumento de ser el partido más votado en las anteriores elecciones.
Para responder a la entrada de la CEDA en el gabinete se convocó una huelga general que en esas condiciones se planifica por unos para asaltar al poder (Alianzas Obreras asturianas), por otros para crear el Estat Catalá, en una República Federal Española, contra el centralismo perturbador del Estatuto de autonomía, y por otros como milicia defensiva después de lo acontecido en Viena [2].
Muchas de las actuaciones derivadas de la huelga general revolucionaria de octubre de 1934; fueron tipificadas como delitos y, primero, fueron investigadas, juzgadas y sancionadas (ventiladas) de acuerdo con la aplicación de las leyes democráticas republicanas, propias de un estado de derecho sometido a la ley por un gobierno legítimo durante 1934 y 1935. Lo único que no fue democrático fue la aplicación sistemática de la tortura…factor inluyente luego en la génesis y triunfo del Frente Popular. Y, después, en el mismo sentido, aquellas actuaciones delictivas fueron amnistiadas por el Parlamento salido de las urnas.
Una amnistía que se convirtió un clamor público, cívico y político a lo largo de 1935. Queda un rastro interesante de ese clamor de la opinión pública en la prensa gallega (se encontrará igualmente en la de toda España), por ejemplo una petición de indulto de 7 de marzo de 1935 en El Compostelano “que un grupo de intelectuales envió al presidente de la República” contra la petición de penas capitales a los presos del 34; “unidos por un sentimiento de humanidad” firmaban literalmente todas las fuerzas vivas de la universidad, catedráticos y profesores que van desde el diputado de la CEDA Felipe Gil Casares o el jonsista J M Castroviejo al concejal monárquico y galleguista Enrique Rajoy Leloup y otros futuros perseguidos por los golpistas de 1936, o algunos futuros colaboracionistas como Tomás Batuecas. Aquél era todavía El mundo de ayer.
No es extraño que en 1936 el acuerdo sobre la amnistía a los presos fuese tan amplio como lo había sido en 1931 o lo será en 1977, aunque en este caso sin la intervención previa de una justicia democrática e independiente en el proceso transicional. En términos de futuro y convivencia democrática no vendría nada mal que recuperemos la memoria de las amnistías ya que las memorias de las matanzas siguen tan vivas. Amnístía, si, pensando por ejemplo en Cataluña.
Remate
Para rematar; dos preguntas importantes en este asunto:
¿Cómo podemos equiparar este proceso de 1934 y esta dinámica legal y política (uso de la violencia incluida) con el golpismo que fusiló generales de división orgánica, alcaldes, diputados y presidentes de la Generalitat? Un golpismo nacional-sindicalista y militar que masacró a miles de personas, que bombardeó a su pueblo (sí, como Sadam Hussein), persiguió, encarceló y mató por represalia a los resistentes en los años de la segunda guerra mundial, como los nazis, con sus mismas prácticas e incluso con su intervención y asesoramiento.
¿Podríamos comparar un estado de derecho como la República de Weimar con un estado de no derecho como el que instaura el partido nazi en Alemania en 1933 desde dentro del sistema, en 1934 en Austria? ¿Podemos comparar una República democrática con división de poderes, libertad de prensa, multipartidismo parlamentario, sometida a la ley y a la Constitución, con el estado campamental que monta un pequeño grupo de generales mediante un golpe en España en 1936?
Un poco de seriedad intelectual, rigor conceptual y conocimiento no manipulado del pasado ayudan a entender, a distinguir y a responder a esas preguntas. También ayuda la voluntad de convivencia cívica y fraternal, además de algo fundamental en democracia: la libertad de expresión y una prensa libre.
En mi opinión, no hay equiparación posible entre ministros de una República democrática y un golpista genocida y los servidores de un dictador y una dictadura que gobernó cuatro décadas orwellianas y con métodos kafkianos incluso logró construir apoyos consensuales de ejercicio; valores democráticos, educación, cambio generacional y convivencia mediante, esa equiparación es imposible. Pero esto no resuelve el problema con la gestión del pasado.
Y entonces otra pregunta es inevitable: cómo puede ser que los neofalangistas ganasen esa votación en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de concejales y un alcalde de partidos democráticos. La respuesta va más allá de los simples análisis políticos de situación. Y mucho más allá de la alusión a la ignorancia del pasado a la que hemos aludido la mayoría de los historiadores y que algunos colegas como Angel Viñas han formulado, con pertinencia. Si sólo fuese un problema de saber -que también lo es- tendría fácil arreglo, de hecho, lo habría tenido ya hace algunas décadas. Pero la ignorancia afecta también a los demócratas (izquierda incluida), lo mismo que la confusión pasado/presente o el guerracivilismo heredado como si tuviésemos que seguir tomando partido en una guerra que nosotros no hicimos. El 60% de los ciudadanos no votamos la constitución de 1978, pues imagínense… La extrema derecha por el contrario sí sabe bien lo que hace, cuándo y dónde. Y, visto lo visto, parece que acierta; a los resultados me remito. Está ocurriendo por cierto a lo largo del mundo. Mientras tanto, volviendo aquí, la derecha ciertamente no se entera, mientras la izquierda está desconcertada o indignada, pero también terriblemente desarmada de argumentos. Porque esta guerra cultural y de memorias no puede librarse con los argumentos de los años treinta, ni siquiera por nostalgia ni tampoco por afectos. Se gana reconociendo la diferencia entre pasado y presente que la extrema derecha quiera borrar y ayudando a que los muertos entierren a sus muertos.
Es bien cierto, como afirma Julián Casanova, que asimilar la complicada historia del siglo XX y llegar a un acuerdo sobre ella ha sido extremadamente complicado en muchos países europeos. España, su estado y su establishment político no lo ha resuelto, de hecho. Seguramente, ni se lo ha planteado. Prendidos de la equiparación de la guerra entre hermanos que se podían reconciliar porque eran de la misma familia llegamos aquí y ahora como demócratas, nos asustamos de la equiparación que hacen unos actores aparentemente recién llegados. No podemos seguir asuntándonos -auguro que en este terreno nos queda mucho por ver-, sin reconocer política e institucionalmente que el fundamento y antecedente de la democracia actual es la IIª República –como de hecho está en el texto constitucional vigente- y no el franquismo. Con todo lo que eso conlleva. Y que tampoco puede ser ese fundamento una Transición angelical nacida de la buena voluntad o de la nada.
Los demócratas, sean monárquicos, republicanos, centralistas o independentistas, deberíamos empezar a aclarar ese asunto. Los historiadores y las historiadoras creo que ya hace tiempo que lo hemos hecho, aunque sin consecuencias institucionales, culturales o de opinión pública reseñables.
Notas:
[1] Aunque ciertamente lo perdió en medio del golpe de julio y la revolución posterior, como también debe decirse que el sistema republicano hizo poderosos esfuerzos hasta lograr recuperarlo en los meses siguientes.
[2] Las organización de los partidos en milicias era relativamente común en aquella época, en Europa o en América. Una conocida fotografía muestra a un joven Allende con el uniforme de la milicia del P. S. Chileno
Fuente: Histagra 2 de octubre de 2020, revisado para este blog
Lourenzo Fernández Prieto. Catedrático de Historia Contemporánea. Investigador Principal de HISTAGRA – Universidade de Santiago.