Las presiones del Ministerio de Exteriores sobre la embajada argentina evitaron en el último momento que tres víctimas del franquismo declarasen por videoconferencia. Sus abogados insisten que seguirán con el proceso. El Gobierno español no ve con buenos ojos el proceso judicial que se sigue en Argentina contra los responsables de la represión franquista. Ayer […]
Las presiones del Ministerio de Exteriores sobre la embajada argentina evitaron en el último momento que tres víctimas del franquismo declarasen por videoconferencia. Sus abogados insisten que seguirán con el proceso.
El Gobierno español no ve con buenos ojos el proceso judicial que se sigue en Argentina contra los responsables de la represión franquista. Ayer lo demostró nuevamente cuando las presiones del Ministerio de Exteriores lograron aplazar la declaración de tres víctimas de la dictadura. En principio, se trataba de la primera ocasión en la que afectados directos iban a prestar testimonio ante la jueza María Servini, que instruye la causa. Pablo Mayoral, procesado por un tribunal militar en 1975 (dentro de la misma causa en la que fue fusilado José Humberto Baena), Marçona Puig Antich (hermana de Salvador, ejecutado por garrote vil en 1974) y Pedro Fausto Canales, cuyo padre fue muerto al inicio de la guerra civil española, eran los primeros de una lista de doce. No llegaron a prestar declaración. «Esto demuestra que la causa les preocupa», afirmó Carlos Slepoy, uno de los abogados de los querellantes. Tanto las víctimas como los letrados, en una declaración de urgencia, responsabilizaron al ministerio que dirige Jorge García-Margallo y a Carlos Bettini, jefe de la delegación diplomática argentina.
La declaración estaba prevista para las 14.30 horas (8.30 horas en Argentina). Una hora antes, los tres declarantes, junto con sus letrados y otras víctimas del franquismo comparecían frente al consulado. Todos ellos mostraban su satisfacción por el hecho de que, por primera vez, además de ser escuchados iban a poder ejercer como acusación. Sin embargo, a la hora prevista comenzaron las excusas. En un primer momento, los responsables del consulado argumentaron «problemas técnicos» para retrasar la comparecencia, según relató posteriormente Slepoy. Una hora después llegó la notificación oficial de lo que ya sabían por medios argentinos: que el Gobierno español había presionado a la embajada argentina para evitar la declaración. Lo hizo a través de una nota verbal remitida a primera hora de la mañana. Paradójicamente, y pese a que esta toma de testimonios era públicamente conocida, Madrid alegaba haberse enterado por la prensa ese mismo día. En el escrito, la dirección general de Exteriores apela al Tratado bilateral de extradición y asistencia judicial firmado por ambos ejecutivos el 3 de marzo de 1987 para instar a la jueza a cursar una comisión rogatoria.
Fuentes diplomáticas consultadas por GARA se remitieron también a este escrito y eludieron realizar valoraciones políticas. Un texto que pareció suficiente al embajador argentino en el Estado español, Carlos Bettini, para telefonear a la juez Servini e instarle a poner fin a las declaraciones. Según un escrito remitido por la magistrada, el jefe de la legación le informó de que había mantenido una comunicación con el director de Asuntos Consulares del Estado español en la que este manifestó su «descontento y malestar por el procedimiento que se utilizaría para la recepción de los testimonios».
Tal y como recoge este documento, el diplomático español habría manifestado que de realizarse la toma testimonial, esta «podría resultar nula y afectar a los derechos de los ciudadanos españoles», advirtiendo de su disposición a presentar una queja formal ante la embajada. La amenaza de que las relaciones bilaterales entre ambos estados pudieran verse deterioradas obligó a la jueza a suspender «de momento» tanto las tres declaraciones que estaban previstas para ayer (de hecho, todo el dispositivo técnico ya estaba listo) como las posteriores, que iban a desarrollarse entre esta semana y la próxima.
«Argumento pueril»
«Se trata de un argumento pueril», rebatió el letrado durante una rueda de prensa de urgencia celebrada por la tarde. Junto a Slepoy comparecieron Ana Messuti, también letrada, así como Pablo Mayoral y Pedro Fausto Canales, dos de las víctimas que iban a tomar declaración ayer mismo y Sabino Cuadra, diputado de Amaiur.
Según explicó el abogado, «este convenio está diseñado para aquellos casos que requieran de ayuda» entre ambos estados, por lo que la comisión rogatoria no sería aplicable en este caso, ya que «se trata de un proceso argentino» que se estaba desarrollando en una sede diplomática argentina.
Un trámite que sí debería de llevarse a cabo en el momento en que se dicte una orden contra de detención, si es el caso, contra los imputados, para que estos sean arrestados y extraditados a Argentina. «No nos lo esperábamos», lamentó, para después señalar que existen «responsables».
En primer lugar, el abogado señaló al Ministerio de Exteriores español, al que acusó de poner trabas a la declaración de unas víctimas que, precisamente, han visto agotadas todas las vías judiciales en su propio Estado. En segundo lugar cuestionó la actitud del embajador argentino. «Esto demuestra que la causa les preocupa, por lo que seguirá avanzando», afirmó.
Por el momento, las declaraciones están paralizadas. Pero eso no implica que el procedimiento no siga adelante. Según indicó Slepoy, que denunció los intentos de Madrid de retrasar los trámites, está previsto que varios de los afectados viajen a finales de este mismo mes a Argentina.
Además, está la cuestión de las imputaciones. Entre los acusados se encuentran Rodolfo Martín Villa, a quien se responsabiliza de la muerte de cinco trabajadores en Gasteiz, y José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a quien se responsabiliza de la condena a muerte de Salvador Puig Antich.
Estaba previsto que la jueza argentina decidiese después de las videoconferencias. Ahora habrá que esperar su próxima decisión.
«Me sentiría satisfecho con ver en el banquillo a uno de los responsables, como estuvo Videla»
Pablo Mayoral. Víctima de juicio militar y querellante
Pablo Mayoral Rueda fue encausado en el juicio militar que terminó dictando la ejecución de Humberto Baena. Era la primera víctima del franquismo que iba a declarar en el proceso abierto por la jueza María Servini. Junto a él, Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, y Pedro Fausto Canales, hijo de un ejecutado en la guerra civil. Todos insisten en reclamar justicia.
«Me sentiría satisfecho con ver en el banquillo a uno de los responsables, como estuvo Videla». Pablo Mayoral no podía ocultar la decepción después de que se le notificase que no podría declarar. Estaba previsto que tanto él como Marçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales se convirtiesen en las primeras víctimas del franquismo que tuviesen la oportunidad de prestar testimonio ante la Justicia. Las presiones del Gobierno español lo evitaron. Una circunstancia a la que, por desgracia, se han acostumbrado. «Este es un juicio que se desarrolla en Argentina porque aquí no han dejado», sentenciaba por la tarde, cuando la suspensión ya era un hecho. No obstante, ni él ni el resto de sus compañeros pierden la esperanza. Están dispuestos a seguir adelante con el proceso a pesar de los intentos de veto del Ejecutivo español. «Como uno de los encausados en un consejo de guerra lo que reclamo es justicia. Esto significa ver sentados a los responsables en el banquillo», afirmaba este hombre que fue procesado en la causa 245/75 por el juzgado militar de la primera región. Tres de sus compañeros fueron condenados a muerte. Finalmente, Humberto Baena fue ejecutado. Aunque la jueza solo había citado a doce de los querellantes para los próximos días, el proceso busca denunciar el genocidio provocado por el franquismo tanto durante la guerra civil como en la posterior represión, así como los casos de trabajos forzados o las demandas por robos de bebés. Un procedimiento bloqueado en el Estado español y que ha retomado la jueza María Servini. Como denunció Ana Messuti, una de las abogadas, «se trata de un incumplimiento de las obligaciones internacionales». Un hecho que sería extensible a Argentina si, finalmente, sucumbiese a las presiones de Madrid.
Frustración por segunda vez
«Nos hemos visto frustrados, como una nueva contrariedad. Es la segunda vez que nos ocurre esto», denunciaba Pedro Fausto Canales. Como es habitual en los juicios, este afectado, cuyo padre fue ejecutado en el comienzo de la guerra, esperaba para que le tomasen declaración. «Ha venido el cónsul y nos ha dicho que había problemas técnicos y que teníamos que esperar una hora», explicó, señalando que recibía órdenes del embajador, a quien no llegaron a ver. En su opinión, la jueza mantiene su independencia pese a las presiones que sufre. Sin embargo, denuncia el desamparo al que se están viendo sometidos como víctimas. «Estamos siendo maltratados», alertaba. En su caso, su padre fue ejecutado y enterrado en una fosa común junto a seis compañeros. Cuando en octubre de 2003 se descubrió la fosa donde habían arrojado los siete cadáveres se comprobó que los restos no existían porque habían sido exhumados oficialmente el 1 de marzo de 1959, procediendo a ser enterrados en el valle de los Caídos. Junto a él aguardaba Mayoral, que expresaba que su única intención era dar testimonio del sufrimiento padecido. «Queríamos dar testimonio como víctimas de un régimen criminal», señalaba. Impunidad es una palabra que repiten tanto él como el resto de afectados. «Todavía sigue impune, no han procesado a ninguno de ellos», lamentaba. En su caso, él acusa a Fernando Suárez González y Jesús Cejas Mohedano, dos de los responsables del juicio militar al que fue sometido.
Las expectativas previas
Horas antes de conocer el bloqueo, las sensaciones eran completamente distintas. «Muchas veces hemos estado luchando y reivindicando a las víctimas del franquismo. Hoy estamos como acusadores contra una dictadura criminal, contra unos responsables de carne y hueso. Hoy es un día importante porque ha habido una jueza que ha sido sensible al clamor de tantos y tantos antifascistas», aseguraba Mayoral. «Esperamos que nada quede impune, que se pueda reconocer que hubo muchas injusticias», añadía Merçona Puig Antich, que denunciaba haberse sentido «desamparada» por la justicia del Estado español. «Desde que mataron a mi hermano hemos ido por todos los caminos posibles y siempre nos hemos encontrado negativas», lamentaba.
«Esperamos que esta sea la oportunidad definitiva, que reconozcan que todo el proceso fue una venganza y que no quede impune», reclamó. Para ella, hacer justicia supondría que los responsables fuesen condenados. Todavía no sabían que Madrid ya maniobraba para silenciarles. Sin embargo, Puig Antich ya remarcaba que la actitud del Ejecutivo había sido la de «intentar tapar todo». Un hecho que contrasta con la persistencia de los afectados. «Las víctimas no olvidamos», insistió, lamentando que quienes padecieron la represión han sido tratadas como «víctimas de segunda». Entre sus demandas, «que se reconozca lo que se hizo y que se pida perdón». Por el momento, Madrid ha conseguido evitar su declaración. Pero su determinación es firme: no pararán hasta juzgar a los responsables.
Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130509/402021/es/Madrid-presiona-evita-declaracion-victimas-franquismo / http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130509/402022/es/Me-sentiria-satisfecho-ver-banquillo-responsables-estuvo-Videla/