Manos limpias / manos verdes

a Pilar Equiza

Amenazas de muerte, persecuciones, insultos, acosos desde medios de comunicación, connivencias o indiferencias de distintos poderes… El último informe elaborado por el Área de Defensa Jurídica de Ecologistas en Acción despeja toda duda sobre el incremento de la represión que desde el año 2000 vienen sufriendo diferentes miembros de organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas. El informe señala la beligerancia y el embrutecimiento de políticos y empresarios ante las demandas sociales contra la destrucción del medio ambiente y la corrupción.

Jaime Doreste, Coordinador del Área de Defensa Jurídica de Ecologistas en Acción, mantiene que «las agresiones y amenazas son cada vez más virulentas y personalizadas. Como cada vez se producen más denuncias en el espacio de lo local por los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción, más agresiones y acosos están sufriendo nuestros abogados». Doreste concluye que la forma de actuar de los destructores de la naturaleza guarda una clara identificación con los modos mafiosos.

Un antiguo proverbio siciliano apela al silencio como código esencial de la mafia: la mejor palabra es la que no se dice; quizá sea ésta la filosofía esencial de quienes vienen persiguiendo a vecinos y ecologistas. En el formidable libro Cosas de la Cosa Nostra, el asesinado juez anticorrupción Giovanni Falcone, meditaba a lo largo de veinte entrevistas sobre la naturaleza de la mafia, ultimando que la misma es una red de poderes diferentes e interdependientes con el objetivo último de perpetuarse y expandirse sin reparar en medio alguno.

Ecologistas en Acción, en su defensa del territorio, está desarrollando un intenso papel anticorrupción -es emblemático el denodado esfuerzo de los ecologistas de Marbella, así como su resultado- que, en la retícula territorial, supone un enfrentamiento con poderes diferentes, transversales en lo partidario, que tienen un objetivo común: la destrucción, el control y la adecuación del territorio como fórmula de lucro.

Mafia versus movimientos sociales

Asistimos a un recrudecimiento del enfrentamiento entre quienes optan por un uso racional y sostenible del espacio; la infantería de los movimientos sociales, ciudadanos, vecinos… con poderes casi ancestrales que responden a los estereotipos más rancios de la España más profunda y pistolerista. No se puede explicar de otro modo que, por ejemplo, en Aguamarga -una barriada de Níjar- con su alcalde a la cabeza, se hayan recogido firmas en dos ocasiones pidiendo la expulsión del pueblo de José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, que ha denunciado de manera reiterada las corruptas maniobras urbanísticas del consistorio.

En el Informe sobre Persecución a Ecologistas 2000-20006, se recoge cómo en 2005 en El Puerto de Santa María, Cádiz, aparecieron centenares de panfletos en las proximidades de la sede de Ecologistas en Acción y en la propia plaza del Ayuntamiento, en los que se amenazaba al Coordinador de esta organización en Andalucía, Juan Clavero. La amenaza era personal y se sustanciaba en la quema de la casa de Clavero. Los motivos de la amenaza guardaban clara relación con el urbanismo local y… oficial: «se denunciaban construcciones ilegales en suelo no urbanizable, con una postura firme y contundente de Ecologistas en Acción en contra de las recalificaciones urbanísticas especulativas que se están realizando en el municipio».

La respuesta del alcalde, recogida en el Informe, fue sorprendente, al menos para un foráneo: «el alcalde de El Puerto, en vez de asumir su responsabilidad paralizando las obras y demoliendo lo ilegalmente construido, culpó al Coordinador por haber provocado aquella reacción». La Subdelegación del Gobierno se vio en la necesidad de disponer un servicio de protección en la vivienda del ecologista.

Si una de las características de estas neomafias es la convergencia de intereses de distintos poderes, ya sean éstos legales o no, otra es, como me señaló el que fuera obispo de Sao Félix de Araguaya en el Mato Grosso brasileño, Pedro Casaldáliga, con la mirada puesta en el recuerdo del asesinato de Chico Méndes, «la determinación de hacer valer esos intereses cueste lo que cueste». Para ello se personaliza la amenaza, que deja de serlo para transformarse en una herramienta de terror. Se trata de aislar al disidente, de agredirle hasta que ceje en su empeño.

A este respecto, señala Pablo Ramos Duro, Coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, que los mafiosos «siempre intentan desligar al disidente de su referencia colectiva. Intentan castigar al mensajero para amedrentar al colectivo.» Algo que según Ramos, no sólo no han conseguido, sino que han reforzado la cohesión y la sensibilización tanto dentro como fuera de Ecologistas en Acción.

Doble rasero

Ramos, como integrante y Coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura y habitante de la localidad de Almendralejo, denunció en 2004 la situación de deterioro absoluto que sufría el zoológico de esa localidad, a la sazón propiedad del empresario José Luís Rodríguez Rosas. Tras constatar la Junta de Extremadura la veracidad de los hechos denunciados y con fallo a favor del cierre de este establecimiento por parte de los tribunales de Mérida, el empresario recurrió, logrando una sentencia favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que sostuvo que no cabía la posibilidad de cierre preventivo por lo lesivo que podría resultarle económicamente a dicho empresario.

Ante lo cual, Pablo Ramos no duda: «vivimos en un momento en que la justicia se ha constituido en claro garante de lo privado, confrontando los derechos individuales con los colectivos, primándose los primeros y soslayándose los segundos». Tras una importante campaña publicitaria desarrollada a golpe de megafonía por toda Extremadura (Rodríguez Rosas es empresario del ramo de los megáfonos), en la que se criticaba a los ecologistas y se subrayaba lo positivo del zoológico con frases como la que sigue: «Ecologistas en Acción miente, los animales están tan gordos que da gusto de verlos».

Pablo comentó a algunos medios de comunicación, con relación a diferentes violaciones ambientales como las construcciones ilegales en la zona protegida de los Llanos de Cáceres, que «parece que la justicia juega a favor de los delincuentes ambientales». Momento aprovechado por el empresario para demandarle por injurias. Finalmente los jueces condenaron a Pablo Ramos a una multa o a privación de libertad, con una agilidad y celeridad casi tan sorprendentes como la propia condena, mientras que el cierre definitivo del zoológico sigue el lento trámite de la burocracia.

En marzo de 2006, en el curso de una concentración contra el desdoblamiento de la M-501, en Madrid, el Primer Teniente de Alcalde, el popular Severino Pastor Lizana, del cercano municipio de Pelayos de la Presa, se acercó a Concha Velasco, miembro del colectivo Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, y ante la mirada de la Guardia Civil reiteró sus amenazas, propias de un auténtico maltratador: «Cuando te coja a solas te dejo hecha un trapo».

La mafia, entonces, no sólo se define por sus objetivos, ya que parece evidente que su esencia, además, radica en su actitud: la negación y el alejamiento del debate público y la utilización de lenguajes paralelos, que transmitan la arrogancia de una corporación que ataca al disidente ora desde la oscuridad y el hermetismo, ora desde la prepotencia más vulgar en su estilo más GIL.

Amenazas de muerte

Así, este mismo año, en la localidad murciana de Lorca, diferentes miembros de la plataforma La Región de Murcia No se Vende recibieron amenazas de muerte tras haber realizado distintas denuncias de regadíos ilegales y convenios que incitaban, según el Informe sobre Persecución a Ecologistas, de manera inequívoca a la especulación.

Una de esas amenazas se realizó al término de una concentración. Un automóvil se detuvo a escasos metros de los manifestantes, cuando de una de sus ventanas emergió una pistola que encañonó amenazante a los allí presentes. Sin duda, una muestra brutal de lo que cada vez más está comenzando a parecerse a aquel pistolerismo fascista de sicarios contratados para amedrentar, y que ahora intentan acuñar nuevamente aquella vieja cultura del miedo.

Jaime Doreste, recuerda como el asesinato, este mismo año, del ambientalista filipino Jojo de la Victoria, fue precedido de amenazas similares. Es fácil pensar que si las conductas criminales se amparan en la impunidad, éstas puedan devenir en una espiral creciente de muerte.

Volviendo a la proximidad, este mismo año en Níjar, las cámaras de seguridad que el ya mencionado José Ignacio Domínguez ha tenido que instalar en su casa, captaron cómo un sujeto accedió a su depósito de agua potable, vertiendo una sustancia para provocar su intoxicación.

También en 2006, en Villanueva, Murcia, el portavoz de Ecologistas en Acción del Valle de Ricote es amenazado de muerte por un ex concejal de urbanismo, hoy constructor, por denunciar las obras que se están desarrollando en diferentes espacios naturales de la zona.

Estas neomafias, además de tener unos intereses que en el marco del control del territorio son multimillonarios, así como una actitud de firme determinación, generan valores que las legitiman contagiando estilos y formas de vida. En el caso de Marbella se vio claramente como, más allá del corpus dirigente de las mafias locales, existía una base social que ansiaba una forma de vida en claves de despilfarro y que, en palabras de Bourdier, podríamos calificar de ostentación vicaria.

Estos valores no sólo han prendido en algunos estratos populares, también lo han hecho en el marco de los diferentes poderes institucionales. Famosas, muy a su pesar, fueron las invitaciones del consistorio marbellí a numerosos jueces de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, en las que no faltaron ni el caviar iraní, ni las estancias en hoteles de lujo.

En el Informe del Área de Defensa Jurídica se expresa la «extrañeza» por el cambio de ritmos de determinadas instancias judiciales. A este respecto, el documento se muestra tajante: «lo más preocupante no es tanto el hecho de que haya muchas empresas o autoridades que nos denuncian, sino que en algunos casos, diferentes instancias de la administración de justicia están tramitando estos procedimientos con un interés y agilidad que no tienen cuando se trata de juzgar a los delincuentes ambientales».

Llamativas son, también, las referencias sobre irregularidades en diferentes tribunales, subrayando el caso de los juzgados de Níjar, denunciados por Ecologistas en Acción ante el Consejo General del Poder Judicial por diecinueve irregularidades y discriminaciones, que han provocado el entorpecimiento de las reivindicaciones sociales en una zona en la que existe un complejo entramado de intereses alrededor del actual modelo urbanístico.

Prensa local y control del territorio

Las neomafias sobreviven a costa de la destrucción del espacio, como ya se ha dicho antes, pero también gracias a su gran capacidad de adaptación y asimilación de nuevos modos de legitimarse y mostrar su poder y control del territorio. Uno de estos nuevos modos es la creación de pequeños periódicos locales que apoyan o critican, dependiendo de la coyuntura, a su ayuntamiento de referencia.

Estos medios están sirviendo para hostigar y legitimar la violencia contra vecinos y ecologistas. El caso de Santiago Martín Barajas es paradigmático: aparece a toda plana en portada de la revista gratuita La Opinión, calificado como «el enemigo público número 1 de la Sierra Oeste», debido a su oposición al proyecto de desdoblamiento de la carretera de los pantanos, en Madrid. Los insultos reiterados en esta publicación sirven como punto de mira de las muchas amenazas que este activista viene recibiendo. Resulta significativo que la Comunidad de Madrid sea el organismo que más se anuncia en esta revista; luego, por volumen de anuncios, le siguen diferentes constructoras y urbanizaciones.

En el Informe se recogen más casos y una actitud explicitada por Doreste: «no habrá agresión sin respuesta, ya que la impunidad generaría el caldo de cultivo de agresiones más desproporcionadas y dramáticas». Por su parte, Yayo Herrero, una de las Coordinadoras estatales de Ecologistas en Acción, enfatiza que «a diferencia de las mafias del territorio, cuyo motor es el lucro, la materia prima de la que nos nutrimos los movimientos sociales se basa en los valores colectivos. Por esta causa, cuando agreden a un ecologista, nos agreden a todos y a todas, y es precisamente desde esta fuerza colectiva, que articulamos y daremos las respuestas necesarias.» Por su parte, Concha Velasco, subraya la energía y fuerza moral que da la defensa de un bien universal y colectivo como es la tierra.

SANTIAGO MARTÍN BARAJAS: «Es terrible pensar que en nuestro país aún caben conductas de este tipo»

Santiago Martín Barajas forma parte de esa gran infantería que desde hace más de veinte años defiende la naturaleza de la depredación irracional del ladrillo. Llano y directo explica que «los especuladores públicos y privados están desarrollando métodos para combatir opiniones discrepantes propios de regímenes totalitarios. Se trata de un acoso personal que busca socavar el prestigio de los que denunciamos las barbaridades que se están haciendo al medio ambiente».

Barajas subraya que el ataque a su persona realizado por la revista La Opinión, responde a inmensos intereses urbanísticos que precisan del desdoblamiento de la M-501, arruinando de este modo el medio natural del oeste madrileño. «Lo de La Opinión, sacándome en portada como el enemigo de la sierra, es una paso más en la escalada de acoso. Se trata de una revista que se distribuye gratuitamente en la Sierra Oeste, yo no vivo en ninguno de los pueblos en los que se distribuye pero, ¿te imaginas tener que vivir en un espacio social agitado en contra de tu persona por culpa de un medio que te demoniza?» Añade, además, lo lamentable que resulta que una revista con una conducta tan agresiva y antidemocrática esté financiada de manera muy importante con fondos de la Comunidad de Madrid.

Lejos de amilanarse ante los diferentes ataques, Martín Barajas acentúa su compromiso: «Una reacción tan destructiva como la que he sufrido, parece un indicio evidente de que lo estamos haciendo bien. Seguiremos en esta línea». Subraya el perfil fascista de este ataque: «ladran, luego cabalgamos, y además Ecologistas en Acción ya ha interpuesto una querella».

Reconoce que con anterioridad no conocía la existencia de la revista: «a fecha de hoy sigo sin conocer al director de ese medio, pero me gustaría que explicara el por qué de un ataque tan personal y virulento. Sospecho que tanto la portada como el editorial son de encargo». Confiesa Barajas haber recibido un gran número de insultos y amenazas a través de Internet o por teléfono. «Imagínate que alguno de mis hijos ve esta portada en el colegio, en la calle, donde sea. El daño puede ser grande. Es terrible pensar que en nuestro país aún caben conductas de este tipo.»

JOSÉ IGNACIO DOMINGUEZ: «Sin miedo pero en alerta, porque no sabes lo que te puede llegar a suceder»

Lleva desde 1977 luchando por la protección de medio ambiente en Almería, por ello a José Ignacio se le debe encuadrar en ese espacio de la memoria combativa del ecologismo que entroncaba con la lucha por la libertad y contra la Dictadura. «En 1977 comencé a luchar contra una cementera que se quería construir en la Playa de los Muertos. Muchos vecinos nos corrieron a gorrazos. Ahora la querencia a las cementeras ha sido sustituida por el afecto interesado a los hoteles y al turismo depredador».

Instalado en Níjar, en 1995 se convierte en el Presidente de la Asociación de Amigos de Aguamarga, con la que desarrolló un formidable trabajo en contra de los planes urbanísticos, especuladores y arbitrarios, la destrucción por los invernaderos, la invasión de la costa por parte de cadenas hoteleras, etc. «El acoso a mi persona se remonta en los años. Han intentado expulsarme de Níjar, han intentado expropiarme, me han puesto cables de alumbrado por mitad de mi casa, que el propio Defensor del Pueblo reconocía que eran claramente lesivos para mi integridad, han envenenado el agua potable de mi hogar, me han roto ventanas, han intentado obstruir mi automóvil y, sin embargo, no lo han conseguido, sigo aquí, luchando».

Domínguez advierte sobre la estrategia en la que se tejen diferentes poderes: «del acoso administrativo se pasó al acoso judicial», lo que en mi opinión abunda en esa definición de poderes diversos con intereses comunes. La virulencia de los ataques no ha cejado y, por el contrario, se ha centrado más sobre otra compañera de Ecologistas en Acción, también abogada. Se trata de Pilar Rodríguez, quien ha tenido que hacer frente a una fianza de 27.000 euros.

Por su parte, José Ignacio ha continuado con su lucha contra la degradación ambiental, desarrollando en la actualidad un papel primordial en lo que se refiere al caso del hotel Algarrobico. «He tenido que poner tres cámaras de seguridad en mi casa. Vivo sin miedo pero en alerta, porque en ocasiones no sabes lo que te puede llegar a suceder». La indignación de Domínguez se sustancia día a día en su compromiso con el patrimonio natural de Almería.

CONCHA VELASCO: «Están destruyendo los bosques de mi infancia y pienso que la muerte de cada bosque es como el fin de un pueblo, terrible en su memoria… e irreversible»

Concha Velasco está hecha de voluntad y bosque. Desde 1992 mantiene una actitud de resistencia ante los desmanes que han cercenado el patrimonio ambiental de la Sierra Oeste de Madrid. «Al principio era duro soportar la intemperie de la soledad, pero ahora ya somos un colectivo, ya podemos compartir las acciones y resistir los empujes destructivos de la Comunidad, de los constructores y de los poderes locales sumisos al urbanismo». Se lamenta amargamente de que en ocasiones, como la que guarda relación con la urbanización de la sierra, la razón y la evidencia no sean fuerza suficiente para derogar decisiones que sólo benefician a unos pocos.

Comenta que la agresión que ha sufrido por el Primer Teniente de Alcalde de Pelayos de la Presa, el derechista Severino Pastor Lizana, «cuando te coja a solas te dejo hecha un trapo», da la medida de una cultura política instalada en la violencia y el autoritarismo. No hace mucho, en el programa televisivo Caiga quien caiga, la concejala de cultura de ese municipio, al ver una efigie de Franco mostrada por uno de los reporteros, afirmaba que este hombre (por Franco) le daba mucho respeto, porque «en este pueblo somos… muy de él».

Concha recuerda que «no es la primera amenaza ni el primer intento de criminalizarme. En unas fiestas en pleno verano y con alerta de incendio, tenían pensado tirar fuegos artificiales desde una ladera. Lo denuncié y finalmente se prohibió. Entonces, desde la megafonía, se informó que, por culpa de una mujer del pueblo, no se podían seguir celebrando las fiestas como estaba previsto. Ante las reacciones y las miradas de muchos vecinos fui transparente, y si alguien preguntó directamente, confirmé que había sido yo la denunciante y que no estaba dispuesta a que se destruyera el patrimonio ambiental de nuestro pueblo por culpa de unos fuegos artificiales».

Pero en todo hay motivos personales, vínculos profundos e innegables: «no se están cargando cualquier cosa, están destruyendo los bosques de mi infancia y pienso que la muerte de cada bosque es como el fin de un pueblo, terrible en su memoria… e irreversible». Pero como dice Concha, no todo es perder ya que «poco a poco vamos consiguiendo cosas, haciendo que la destrucción del medio ambiente tenga, al menos, un coste político para sus destructores».