Recojo las ideas de un artículo de Miquel Gené [MG] -«Mucho ruido y pocas nueces con las becas comedor» [1]-, miembro de la Comisión de becas comedor de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña FaPaC). Vale la pena difundir sus datos, sus críticas más que razonables y sus justas […]
Recojo las ideas de un artículo de Miquel Gené [MG] -«Mucho ruido y pocas nueces con las becas comedor» [1]-, miembro de la Comisión de becas comedor de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña FaPaC). Vale la pena difundir sus datos, sus críticas más que razonables y sus justas preocupaciones.
En un reportaje sobre el proyecto Escola Nova 2, señala MG, «hemos visto como madres de alumnos de un instituto preparaban en el centro bocadillos para evitar que chicos y chicas se desmayaran». Es la realidad «en muchas de nuestras escuelas». Por ejemplo (el ejemplo es de MG): en una clase de 30 alumnos hay 9 (es decir, el 30%) que están en riesgo de exclusión social. La Fundación Jaume Bofill, nada que ver con ningún radicalismo político-social, «ha denunciado que se ha reducido un 30% el presupuesto en ayudas a los comedores escolares entre los años 2009 y 2013». ¡Un treinta por ciento! Al mismo tiempo, durante estos años, «se ha producido un incremento de la pobreza del 17 y el 28% y el riesgo de exclusión social llega al 30% entre los menores de 16 años». La misma cifra.
El Departamento de Enseñanza, apunta críticamente MG, está incumpliendo además con las resoluciones del propio Parlament de Cataluña. ¿Incumpliendo? Sí. «No se respetan los compromisos aprobados los últimos dos años sobre los umbrales, la cobertura de las becas y el caso de los alumnos de secundaria». Falta, además, en opinión de MG, «eficacia en las soluciones y transparencia sobre el progreso real».
Solo 4 de cada 15 alumnos en riesgo de exclusión social (es decir, el 26,66%) tendrán beca. MG comenta que según el último informe del Idescat, el 30,2% de los y las menores de 16 años están en riesgo de pobreza o exclusión social, 351.500 alumnos de Infantil, Primaria y ESO. Pero el gobierno de la Generalitat de Junts pel sí, el que publicita Itaca y el «nuevo y maravilloso país que haremos entre todos», tiene intención de dar en este curso 98 mil becas. En la rueda de prensa del inicio de curso, este es el punto, el Departamento «anunció que ahora el umbral para obtener una beca lo marcaría el riesgo de pobreza». Pero hecha la consideración, hecha la trampa. ¿Qué trampa? En realidad, con la modificación de los baremos y umbrales de este curso, comenta MG, «una familia de dos adultos y dos niños debe ingresar menos de 16.600 euros anuales para tener beca del 50%, mientras que el umbral de la pobreza está en 20.300 euros».
Además, solo 1 de cada 4 alumnos con beca (el 25%) la tendrá del 100 % de la comida; los restantes del 50%. Por otro lado, comenta MG, «no se han incrementado las becas del 100% de la comida a pesar del compromiso del Parlamento». Según el propio Departamento de Enseñanza, «serán el 20% del total, es decir, igual que el curso pasado». Tampoco se ha hecho nada «para garantizar el servicio de comedor y de becas para los alumnos de secundaria con jornada compactada». Ni siquiera, concluye el miembro de FaPaC, «se ha hecho la prueba piloto anunciada para el curso 2015-16 de dar un desayuno-almuerzo en una decena de institutos«.
MG recuerda cosas básicas, conocidas pero esenciales: «el bienestar físico y emocional de los alumnos es la primera condición necesaria para los procesos de aprendizaje». El Departamento de Enseñanza, señala, «no es eficaz al facilitar el bienestar necesario en una parte muy significativa del alumnado de Cataluña. Tampoco es transparente al mostrar el alcance real y los resultados de sus actuaciones».
Mientras tanto, como se recuerda, el departamento dirigido por Maritxell Ruiz (estudió en Aura, una escuela reusense de «familias bien» y de orden) entregará este curso unos 30 millones de euros a 16 escuelas concertadas del Opus Dei -ningún caso conocido de pobreza en estas escuelas- donde se practica activamente la segregación por sexo.
¿Es este el único caso? ¿Qué pasa en otros departamentos? «Decepción de las entidades sociales ante el incumplimiento de las medidas aprobadas en el Pleno de Emergencia Social celebrado en marzo en el Parlamento catalán» [2] es el titular de otro artículo de María Jesús Cañizares [MJC]. Su contenido:
«No es tolerable. Estamos muy desanimados». Así de contundente se muestra la portavoz de Pobresa Zero y decana del Colegio de Trabajo Social de Cataluña, Núria Carrera, respecto al bloqueo de las medidas contra la pobreza aprobadas en marzo en el Pleno de Emergencia Social celebrado en el Parlamento catalán». Siete meses después de esa sesión, cuenta MJC, apenas se han producido avances. La excusa del Gobierno de la Generalitat es, de nuevo, «la falta de nuevos presupuestos. Pero Carrera afirma que hay compromisos que se podrían haber cumplido y que, además, son prioritarios, como garantizar unos ingresos mínimos a toda la población». Detrás del bloqueo, en su opinión, «está la falta de coordinación entre los diferentes departamentos y las discrepancias sobre fiscalidad entre CDC y ERC, que gobiernan juntas».
El pasado día 21 de octubre «se reunió la comisión de seguimiento del Pleno de emergencia social, en el que participan el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras y la consejera de Presidencia, Neus Munté, así como representantes de otros departamentos de la Generalitat con competencias en esta materia, grupos parlamentarios, Pobresa Zero-Justícia Global, sindicatos y colegios profesionales». La valoración de la plataforma Pobresa Zero-Justícia Global sobre el desarrollo de esta reunión es contundente: «Entienden que son necesarios unos nuevos presupuestos de la Generalitat pues «en la situación de emergencia en la que nos encontramos, no tenerlos es un escollo importante». Entienden que «resulta difícil evaluar el grado de cumplimiento de las medidas de la resolución pues «habría que establecer indicadores y asignar partidas específicas a las diferentes medidas para hacer un seguimiento riguroso. Falta rendición de cuentas por parte del Departamento de Economía». Esta plataforma denuncia que el documento de seguimiento «carece de cierto hilo conductor que de coherencia al relato de la evolución. Se hace patente la intervención de diferentes departamentos sin una articulación integral».
Para Pobresa Zero-Justícia Global son prioritarias las actuaciones para «garantizar unos ingresos mínimos a toda la población». Por ejemplo: «la reforma de la renta mínima de inserción en el sentido de ampliar la cobertura y garantizarla como derecho subjetivo y/o renta garantizada de ciudadanía». En el terreno de la fiscalidad, recuerdan que el gobierno de la Generalitat, digan lo que digan sobre la culpa «totalizadora» de Madrid, siempre y en todo lugar, tiene un determinado poder tributario. Es necesario, sostienen, «que lo utilice para hacer políticas redistributivas que contribuyan a reducir las desigualdades a través de, por ejemplo: progresividad del IRPF, recuperación del impuesto de sucesiones [eliminado definitivamente, recuérdese, por el primer gobierno de CiU] y supresión de los beneficios fiscales no justificados, entre otros». En políticas migratorias, no se olvidan de este importante nudo, «reclaman prioridad para el empadronamiento de todas las personas inmigradas y la supresión de las tasas para los informes de arraigo».
Núria Carrera admite que «estamos desanimados». Se celebró un pleno extraordinario, no un pleno cualquiera, y se aprobaron una serie de medidas. Pero, señala con razñon, «se ha hecho muy poco».
¿A qué les recuerda y suena este «muy poco»? ¿A que Madrid y Barcelona o Barcelona y Madrid no están tan distantes? ¿A que los gobiernos central y autonómico son más que parecidos en temas económico y sociales?
Notas
1) http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/30/catalunya/1477848699_811107.html
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